El Gobierno asegura haber detectado 180 mil personas que figuran fallecidas con el certificado de discapacidad

En una semana en la que la Ley de Emergencia en Discapacidad estuvo en boga por los intentos por derogarla del Poder Ejecutivo, algo que finalmente no ocurrirá, una importante fuente de Gobierno advirtió a Infobae que en el marco de la auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectaron que 178 mil usuarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) están fallecidos, pero figuran activos en la percepción de la asistencia.

El hallazgo fue validado con las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que depende del Ministerio del Interior, y surgió del proceso de revisión al que fue sometida la agencia tras la polémica abierta con su ex titular Diego Spagnuolo, a quien se los escuchó hablar en una serie de audios sobre un potencial circuito de pedido de coimas. Sin embargo, en los últimos días, el exfuncionario presentó en la Justicia un informe pericial sobre los audios en los que asegura haber sido manipulado con inteligencia artificial.

Según supo este medio, el interventor Alejandro Vilches, el sanitarista designado para reemplazar al exfuncionario luego de su polémica salida, detectó las irregularidades durante el proceso de revisión y autorizó las bajas de los certificados observados. Incluso, en Casa Rosada analizan la chance de judicializar tanto a los que hacían uso de los beneficios del CUD como a los prestadores involucrados.

“Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, precisó una importante voz al tanto de las maniobras, y agregó: “Se van a cotejar los datos de los fallecidos con los prestadores. La idea final que se está madurando es la posibilidad de avanzar legalmente contra los prestadores”.

El CUD, el documento gratuito que certifica la discapacidad y habilita a acceder a prestaciones que brinda el Estado, es otorgado por la Junta Interdisciplinaria que realiza una evaluación para determinar si corresponde la emisión del certificado.

El hallazgo que aseguran haber detectado forma parte de una serie de irregularidades que obligaron al Poder Ejecutivo a impulsar el pasado 28 de agosto una auditoría integral sobre el organismo que incluyó además la revisión de contratos luego de que Spagnuolo apuntara contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el armador del Interior, Eduardo “Lule” Menem, por presunto pedido de coimas. Los resultados aún no están cerrados, y podrían ser oficializados sobre el final del primer trimestre de 2026.

Las críticas contra el ex abogado del presidente Javier Milei abundan en Balcarce 50 desde la viralización de los audios. Hay quienes aseguran que rara vez reportaba los movimientos del área, alegando hablar directamente con el mandatario, mientras otros apuntan que las revisiones internas debían haberse realizado desde el inicio de la gestión. Además, lo acusan de “fabular” y de haber mentido en reiteradas ocasiones: “Es un mentiroso profesional”, sintetizaron ante este medio.

Lo cierto es que hubo más de una inconsistencia detectada en la agencia, lo que llevó a la administración libertaria a evaluar la posibilidad de quitarle la autonomía y que pasara a depender de la cartera de Salud. Algo que finalmente no se concretó.

Las alertas se intensificaron cuando se registró un incremento del 27% en la compra de siete medicamentos clave para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda de la obtenida por la cartera que comanda Mario Lugones. El detalle surgió de un preliminar informe sobre la ANDIS tras la confirmación de la salida de Spagnuolo.

Sobre el fin de año, la administración libertaria intentó avanzar en la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad con la inclusión del tratamiento del capítulo XI en el Presupuesto 2026 que fue resistido por la oposición y varios gobernadores aliados en la Cámara de Diputados.

Con la idea de insistir en el Senado, donde obtuvo dictamen el pasado viernes, el Gobierno tiene en mente la intención de prescindir de la derogación, pero trabajó en una contrapropuesta en la que instrumentaría modificaciones a la letra aprobada, vetada y ratificada en el Congreso.