
La Casa Rosada dio inicio al debate legislativo al dar a conocer la reforma laboral, el proyecto más controvertido de todos los que se tratarán en las sesiones extraordinarias de estos meses. El presidente Javier Milei volvió de su corto viaje por Oslo, Noruega, para firmar la iniciativa y enviarla al Senado para que se comience a tratar en comisiones, las cuales todavía no pudieron constituirse.
En el oficialismo hay posiciones encontradas sobre cómo será la dificultad para poder tramitar el debate de acá en adelante. Desde hace días, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, es una de las promotoras de la idea de que el oficialismo no tiene que mantener negociaciones estrechas ni con los legisladores kirchneristas ni con el sindicalismo. “Igual no te van a votar nada”, afirma ante los suyos.
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La exministra de Seguridad pujó hasta último momento para que la iniciativa libertaria incluyera la eliminación de la cuota solidaria, uno de los principales instrumentos por el cual se financian los sindicatos. Era la misma postura que tenía el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que consideraba que el oficialismo estaba en posición de romper ese techo de cristal para debilitar aún más a los gremios.
La estrategia no tuvo la venia de los dirigentes del Gobierno que mejor diálogo tienen con las bases sindicales como el asesor presidencial Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
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El argumento común entre todos ellos era que no valía la pena el esfuerzo de impulsar ese artículo en el marco de un mes con particular sensibilidad social como diciembre. A su parecer, ese aspecto no movía el amperímetro en la generación de empleo y no era la intención que se genere una conflictividad alta para el tratamiento de la reforma. “Lo más importante es que la ley salga y que los mercados vean que podemos movilizar cambios estructurales de manera pacífica”, resumió un integrante del Gobierno.

Los líderes de los centrales gremiales siguen pidiendo una reunión con el oficialismo para poder negociar otros aspectos. Con la quita del articulado de las cuotas solidarias, en varios despachos del Gobierno creen que hicieron un gesto suficiente que hace que no amerite armar una reunión formal con los sindicatos. Eso no quita que todos los días haya comunicaciones informales entre la cúpula de la CGT con altísimos integrantes del Ejecutivo.
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¿Cómo serán las gestiones de acá en adelante? El primer tramo de la reforma estará protagonizado con las negociaciones que lleve adelante Bullrich para conseguir los votos de los senadores. El Senado tiene una estrechez particular con las posiciones que tomen los gobernadores, por lo que se prevé que en esa articulación esté presente el ministro del Interior, Diego Santilli.
“Sin las cuotas sindicales, el proyecto debería tener media sanción sin demasiadas complicaciones. Sabemos que algunos artículos nos los van a querer sacar”, comentó un funcionario que participa de las negociaciones. Cerca de Bullrich afirman que van a intentar “tener dictamen la semana que viene”. Otros referentes legislativos prefieren poner paños fríos al asunto. Si bien creen que el sindicalismo tiene las de perder en esta discusión y que el clima de época los favorece para movilizar la reforma, marcan que podría haber una demora mayor para la concreción del proyecto.
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Es por eso que en la Cámara de Diputados ni siquiera están evaluando conformar la Comisión de Legislación del Trabajo y apuntan a comenzar la discusión a mediados de enero: la prioridad para diciembre será el Presupuesto 2026.
Aunque no está oficializado, es probable que se constituya de manera informal una mesa de seguimiento, al igual que se hizo en los albores de 2024 cuando se estaba poniendo en debate la Ley Bases. En esa ocasión, los integrantes serán otros.
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El principal nexo del Congreso con la Casa Rosada será un funcionario técnico que aún no tiene nombramiento. Se trata del próximo secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien llegó a la gestión por estos días promocionado y recomendado de manera directa por Aimé “Meme” Vázquez, la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores de Manuel Adorni.
Devitt fue presentado por el jefe de Gabinete a la plana mayor del Gobierno durante una reunión de la mesa política que se realizó el martes en Casa Rosada. Vendrá a ocupar el rol que había tenido durante los últimos dos años el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien tenía la responsabilidad de validar con el Gobierno los cambios que se negocian en las negociaciones parlamentarias.
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La terminal clave que dará los vistos buenos en Casa Rosada es la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal; una figura de estrechísima cercanía al asesor presidencial Santiago Caputo. “Es el cerebro de las reformas”, describen en su equipo. La abogada administrativista tiene la confianza plena de Javier Milei y la puso como punta de lanza para definir qué era pasible de ingresar o no a sus reformas estructurales.
En el Senado ya se sabe que Bullrich será quien negocie los aspectos finos del proyecto. Recientemente incorporó al exdirector de la Administración de Parques Nacionales (APN), Cristian Larsen, como el secretario parlamentario del bloque y como uno de sus alfiles que ayude en la consolidación de los votos. Por otro lado, en Diputados se está avanzando con la idea de que Martín Menem deje de tener la incidencia total en la búsqueda de los votos en los diferentes bloques y que esa responsabilidad la comience a tomar de manera casi plena el jefe de bloque libertario Gabriel Bornoroni.
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Se trata de un pedido de larga data de los responsables de las distintas bancadas opositoras, que quieren que Menem asuma un rol de coordinación más institucional y que su interlocutor más frecuente no sea, a su vez, el presidente del recinto. Parte de estas nuevas tareas se plasman en reuniones que se vieron esta semana: Bornoroni mantuvo un encuentro con Devitt y diferentes alfiles del bloque de LLA como para introducirse y comenzar la nueva coordinación política que se dará al interior del Gobierno.
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