
El oficialismo se impuso el objetivo de aprobar el Presupuesto 2026 como primera prueba poselectoral. El proyecto vino ganando títulos durante semanas, marcadas por una larga serie de reuniones formales y conversaciones reservadas con gobernadores, para tratar de asegurar un rápido trámite en Diputados y el paso sin modificaciones por el Senado. Llegó ahora el día de traducir las negociaciones. Este miércoles arranca formalmente el período de sesiones extraordinarias, pero hay demora y la previa anotó recelos en la Cámara baja, además de versiones sobre hilos aún sueltos en las tratativas con los jefes provinciales.
El foco apuntó en las últimas horas al despacho de Martín Menem. Se esperaba una señal sobre la inmediata recomposición de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero finalmente trascendió que recién a principios de la semana que viene sería dado ese paso, con la intención de sesionar uno o dos días después. El punto es que la demora se debería a antes que nada a cuestiones que tiene que resolver el Ejecutivo: con quiénes y cómo cerrar acuerdos, porque no habría elasticidad suficiente con todos los gobernadores.
Diego Santilli ya recorrió casi todo el circuito de las provincias consideradas para el diálogo, es decir, descontando opositores duros, por decisión de Olivos, no como fruto de desaires a una convocatoria oficial. La respuesta a las demandas es una cuestión que no se limita al ministerio del Interior, porque pesa Luis Caputo. Vale un ejemplo notorio: las tratativas con la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de coparticipación que generó la poda de CFK -con Alberto Fernández presidente- suma una o dos reuniones por semana, pero hasta ahora sin acuerdo sellado.
Desde el oficialismo, insisten en proyectar un panorama optimista. No parece sencillo. Hablan de una negociación que finalmente le permitiría contar con el apoyo de peronistas alejados de UxP, provinciales y buena parte sino todo el interbloque armado por el PRO, golpeado por los saltos hacia LLA, y parte del radicalismo. Necesita avanzar más en el heterogéneo espacio abierto al diálogo y, a la vez, insistente con sus demandas. Le hacen falta 34 diputados para tener quórum, además de asistencia firma de su bloque, que creció a 95 integrantes.
El tratamiento a la carrera que Olivos se trazó como objetivo para coronar el Presupuesto aumentó las expectativas sobre una rápida constitución de la referida comisión de Diputados. Y tal vez por eso mismo, resultó llamativa la postergación hasta la semana que viene. El clima anotaba además algunas tensiones sobre el criterio para distribuir las 49 sillas de Presupuesto y Hacienda.

Durante la jornada, mientras se sucedían conversaciones en la presidencia de la Cámara, circuló la información según la cual podrían restarle un lugar al interbloque de Provincias Unidas y uno también al PRO-UCR. La discusión tiene antecedentes y remite al modo de considerar el peso de cada sector, como bloque exclusivamente o en función de interbloques. Pero, por supuesto, se trata de una cuestión política, que sería más evidente si termina siendo beneficiado algún socio del oficialismo.
La primera cita de PyH aprieta aún más el calendario violeta. La intención sería integrar la comisión el lunes o martes, imponer dictamen el miércoles y llevar el tema al recinto veinticuatro horas después. El acuerdo político con aliados y dialoguistas debería ser repetido en el Senado, también velozmente, para aprobar la ley antes de fin de año. Ese es el plan, claro, pero antes debe ser resuelto el capítulo de las tratativas con los gobernadores.
Vinculada con ese desenlace, aunque con características propias, la apuesta violeta en el Senado está centrada en la reforma laboral. El proyecto llegaría el jueves o viernes a la Cámara alta y se estima que, en el mejor de los casos, podría tener dictamen hacia fin de año. Es un desafío que se plantea personalmente Patricia Bullrich, después de algunos pasos en falso o contratiempos como elemento desgastante.
En este caso, a diferencia del Presupuesto, el tema trasciende el terreno “estrictamente político” e involucra a organizaciones sindicales y empresariales. La CGT está a la espera del texto del proyecto, más allá de las versiones que la ponen en guardia y de los guiños que trascienden. Los jefes cegetistas comenzaron a tener encuentros con representantes de la oposición y gobernadores. Por lo demás, la agenda formal para un trámite legislativo como el que se avecina incluye la convocatoria a las entidades directamente afectadas y a expertos en la materia.
Cada uno de los proyectos incluidos en el temario de extraordinarias tiene artículos sensibles, desde la “modernización laboral” a la ley de glaciares y los dólares del colchón. Resulta difícil para el Gobierno articular un sistema de alianzas sólidas que funcione indistintamente frente a cualquier iniciativa. La prueba inicial, por lo pronto, está atada al Presupuesto.
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