La fragmentación de los yerbateros aleja el riesgo de que la desregulación cause una crisis política en Misiones

Los productores de yerba mate están divididos frente a las medidas que tomó la administración de Javier Milei. Una mayoría silenciosa las apoya. Una minoría intensa, protesta. Por ahora, no hay elementos que anticipen un escenario como el de 2002.

El Gobierno redujo al mínimo las atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Desde principios de siglo, el organismo intermediaba en la oferta y en la demanda. Regulaba el precio que recibían los productores por la materia prima. Y hasta la superficie que se podía implantar. Tras el DNU 70/23 y las últimas medidas del decreto 812/25, el ente fue reconvertido y solo tiene funciones de promoción.

Estas decisiones de la Administración de Javier Milei fueron tomadas de manera distinta por los yerbateros. Se estima que en Misiones, que concentra el 70% de la producción yerbatera, hay unos 12.500 pequeños y medianos productores. En promedio, sus explotaciones no superan las 15 o 16 hectáreas.

Hay quienes apoyan estas medidas. Consideran que las decisiones nacionales favorecerán la producción y mejorarán, a la larga, los precios. Otros se oponen. Y, desde el inicio de la gestión Milei, vienen protestando. Las manifestaciones se han hecho en las rutas y caminos misioneros. Y llegaron incluso a la Plaza de Mayo. Pero no pasaron de gestos simbólicos.

Esta dispersión, que se puede contar por la proliferación de pequeños agrupamientos opositores y de autoconvocados, impide que se fragüe un frente común. Todos rememoran la lucha de 2002 y pretenden reeditarla. Pero las condiciones ya no son las mismas. En aquella oportunidad, había un objetivo y una posición común que hoy no se encuentra.

A principios de siglo, los colones de toda la provincia hicieron una protesta histórica. Se llamó “El Tractorazo”. Con vehículos de producción, camiones y camionetas, coparon la plaza central de Posadas. Comerciantes, docentes y empleados públicos los recibieron y acompañaron el reclamo.

Sostuvieron la toma hasta que el gobierno de Eduardo Duhalde terminó de consagrar los derechos regulatorios del INYM. La manifestación, que había comenzado el 29 de mayo de 2002, se levantó el 9 de julio, en consonancia con el Día de la Independencia.

El INYM retomó las facultades que tuvo hasta 1991 la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario de Yerba Mate Canchada (hoja con un primer procesamiento). Los años de liberalización de la producción habían sido devastadores. La pérdida de plantaciones, la concentración de la tierra y el quiebre de los precios en favor de grupos oligopólicos fueron algunas de las consecuencias de las medidas tomadas por el presidente Carlos Menem.

Una evaluación corriente de los límites del sistema marcaba que el problema del INYM era que reunía a los distintos eslabones de la cadena para acordar el precio de la materia prima, dejando de lado la ley de oferta y demanda en el mercado.

La decisión debía ser por unanimidad. Esto exigía que el sector de los molinos, los secaderos, los productores, la industria, los gremios y los distintos niveles del Estado (el Nacional y los provinciales de Misiones y Corrientes) dejaran sus intereses de lado y se pusieran de acuerdo. Imposible. En los hechos, al no alcanzarse el entendimiento, un funcionario de la secretaría de Agricultura terminaba fijando de manera unilateral el precio.

Decisiones y peligros

Los que tienen frescos esos recuerdos, consignan que la yerba mate, como economía regional, se encuentra en riesgo. En ese sentido se conjuga la eventualidad de que el sector industrial, que está en pocas manos, se quede con la “parte del león”. Y que eso conlleve a la concentración de la tierra y la pérdida del trabajo rural por la desaparición de chacras.

Pero por otro lado están los que evalúan que el escenario, hoy por hoy, es distinto. Ponen sobre la mesa que la eliminación de límites para producir traerá beneficios. Y que esto impactará en los precios de las góndolas y llegará de forma positiva a los bolsillos de los consumidores.

La divisoria hasta puede visualizarse en la geografía de Misiones. Los que avalan las medidas de Milei dominan la zona nororiental de la provincia. Allí están departamentos como Andresito y Eldorado. Los opositores se aglutinan al oriente, sobre la franja del río Uruguay, en el área que ocupan San Vicente, San Pedro, Colonia Aurora y 25 de Mayo.

La Libertad Avanza fue la segunda fuerza en las elecciones provinciales de junio, cuando se renovó la legislatura unicameral misionera. Y se impuso por 7 puntos al oficialismo local, el Frente Renovador de la Concordia (FRC), en los comicios nacionales de medio término que se registraron en octubre.

La provincia quedó pintada de violeta casi en su totalidad. Incluso en algunas zonas yerbateras.

El FRC, con el exgobernador Oscar Herrera Ahuad, y el Partido Agrario y Social, del dirigente agropecuario Héctor “Cacho” Bárbaro, representaban las propuestas electorales que proponían la intervención activa del Estado en el mercado yerbatero.

Herrera Ahuad hizo campaña con regresar al precio de 53 centavos de dólar por kilo de yerba. Ese fue el valor que alcanzó durante su gobernación (2019/2023). Además, el FRC había propuesto en la Legislatura un ente regulador que asuma las funciones del INYM. Bárbaro, por su parte, impulsaba un mercado consignatario misionero, donde la Provincia compre y venda la producción yerbatera. Esto implicaba invertir unos $150 mil millones.

Ambas opciones fueron derrotadas. Herrera Ahuad terminó tercero en algunos distritos yerbateros. El PAyS sacó el 8% de los votos.

En el horizonte cercano está saber qué ocurrirá con lo que se conoce como zafriña. Se trata de una mini cosecha que se hace en diciembre. De allí saldrá la yerba que llegará a los comercios en unos meses. Los precios que se pagan a los productores no cubren los costos, según los especialistas.

“Siempre hablamos de que el valor de la materia prima debería ser un cálculo estimativo del 10% del precio del paquete en góndola. Y hoy terminamos con una situación muy por debajo de eso. Estamos en el 5% y, en algunos casos, menos: el 3%. Los mayores perjudicados fuimos nosotros”, indicó el productor y exmiembro del directorio del INYM, Marcelo Hacklander a Canal 12 de Posadas.