La Causa Kueider llega a la Corte Suprema para dirimir un conflicto entre dos juzgados sobre quién lo investiga

La jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pidió al máximo tribunal que resuelva la puja que tiene con la Justicia de Entre Ríos. En ambos se investiga a Edgardo Kueider por enriquecimiento ilícito. La defensa del ex legislador dice no tener preferencia.

La magistrada elevó a la Corte la contienda positiva de competencia que mantiene con el juez de Garantías N° 2 de Concordia, Ives Bastián. Ahora, el máximo tribunal deberá darle entrada. Luego, pedirá opinión al Procurador General Eduardo Casal. Y recién entonces fallará.

Fuentes tribunalicias indicaron a Infobae que es imposible que el trámite concluya antes de la feria judicial de verano. Lo más probable, arriesgaron, es que pase para el 2026.

La disputa comenzó tras el incidente de Kueider en Paraguay, a pesar de que las causas ya estaban abiertas en San Isidro y en Concordia. El 17 de diciembre del año pasado, Arroyo Salgado pidió a Bastián que se inhiba y le remita las actuaciones. Habían transcurrido dos semanas desde la detención del ex senador por tener USD 200 mil sin declarar.

Tres meses después, el 10 de marzo, el magistrado entrerriano le respondió que no. Se declaró competente e invitó a su colega federal a llevar la cuestión ante la Corte. Sin embargo, la defensa de Kueider recurrió el fallo. Dos meses más tarde, la Cámara de Apelaciones ratificó la decisión de Bastián.

14 mil fojas de investigación

En el resolutorio de Arroyo Salgado, firmado el pasado lunes 3 de noviembre, hay cuatro argumentos principales para sostener la causa en San Isidro. Dos son materiales y los restantes más formales.

En el primer conjunto, planteó la conexidad del enriquecimiento ilícito con el lavado (un delito federal), y la vinculación con el caso Securitas, ya que el accionar de Kueider se relaciona con un entramado delictivo mayor. Esta otra causa indaga el pago de coimas a entes y empresas públicas nacionales y provinciales. La meta era quedarse con contratos de seguridad privada. Una de ellas es la distribuidora eléctrica entrerriana Enersa.

Arroyo Salgado le puso números a la maniobra de “Securitas”. Entre 2013 y 2018, los pagos indebidos habrían sumado USD 7.600.000. A esto se sumaría la evasión de una cifra entre los 12 y los 36 millones de dólares. El mecanismo utilizado sería el de proveedores fraudulentos.

En el segundo, puso sobre el tapete que la causa por enriquecimiento ilícito que se lleva adelante en su Juzgado tiene un grado de desarrollo mayor. En Securitas ya se acumulan más de 50 cuerpos (cada uno con 200 fojas) y 118 incidentes. Por otro lado, en la investigación sobre Kueider se han reunido 20 cuerpos, 80 incidentes y ya hay 15 imputados.

A esto, sumó la existencia de jurisprudencia de la Corte. Los antecedentes marcan que cuando hay sospechas de lavado de activos vinculado al ejercicio de cargos públicos, la competencia corresponde a la justicia federal. El principio rige incluso si parte de los hechos ocurrieron en el ámbito provincial.

Dos fiscales, un camino

“No nos interesa quién resuelva ni quién lleve adelante la investigación”, dijo a este medio el abogado Juan Martín Cerolini, defensor de Kueider, ante la consulta acerca de la intervención de la Corte.

Sin embargo, en el entorno personal del ex político sí existen preferencias sobre el destino de las investigaciones. Los procesos se parecen, pero no son iguales. En San Isidro la lupa está puesta en el período 2015/2019, cuando fue secretario General de la Gobernación y luego senador nacional electo. En Concordia, la ventana de tiempo es más amplia: comienza en 1999, cuando fue edil de la ciudad.

Con recaudos, evalúan que es conveniente que se centre en manos de Arroyo Salgado. Las salvedades que hacen apuntan al fiscal federal que interviene. Se trata de Fernando Domínguez.

Kueider se considera un víctima del kirchnerismo que no le perdona su voto favorable a la Ley Bases, lo que habría arruinado, según dijo el ex legislador, la caída del Gobierno de Javier Milei que buscaban los K. En ese relato, Domínguez entra como ex integrante de Justicia Legítima. El colectivo de magistrados y funcionarios judiciales se forjó hace una década. Desde siempre se le endosó simpatías con el poder político de aquel entonces.

La percepción que tienen de Domínguez muchos de sus colegas es distinta. Lo consideran un funcionario íntegro, honesto y muy serio. “Es una máquina de laburar”, lo catalogó otro fiscal federal que compartió tareas con él.

Si la causa no va a San Isidro, se concentrará en Concordia. Ahí el círculo del ex senador abandona las dudas y esgrime certezas particulares. El foco está en el fiscal José Arias, responsable de la investigación dado que en Entre Ríos rige el sistema acusatorio. Argumentan que tiene, sin tapujos, animadversión hacia todo lo que huela a peronismo. “Es gorila”, simplificaron.

Como respaldo, citaron que la Cámara de Casación apartó a Arias de tres causas por pérdida de la imparcialidad. En todas investigaba al ex intendente justicialista de Concordia, Enrique Cresto, un ex aliado político de Kueider.

El fiscal pertenece a una familia ligada al integrismo religioso católico. Su padre, Alberto Arias, tuvo sus 15 minutos de fama en 2010. Como titular del Registro Civil de Concordia se negó a celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo. Alegó razones de conciencia y ser abogado canónico.