Integrantes de una comunidad mapuche de Neuquén fueron imputados por bloquear el acceso a una cantera en la zona de Añelo, en Vaca Muerta, y la Justicia les prohibió acercarse a la zona de conflicto.
El hecho ocurrió a principios de 2026 cuando integrantes de la comunidad Campo Maripe bloquearon el acceso a una cantera e intimidaron a trabajadores petroleros.
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El propietario del predio radicó la denuncia ante la Justicia Neuquina, que ordenó medidas de coerción, entre las que le impide a la comunidad regresar a la zona de conflicto.
Los mapuches ingresaron a la cantera y bloquearon el acceso y amenazaron a los trabajadores con incendiar los vehículos en los que se movilizaban.
Los integrantes de la comunidad fueron imputados por el delito de turbación de la posesión, bajo la figura de coautores. La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías Carina Álvarez, por pedido de la fiscalía, representada por Pablo Vignaroli. La magistrada dispuso cuatro meses de investigación.
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Durante la audiencia de este miércoles, la fiscalía de Delitos Económicos responsabilizó a la comunidad mapuche por haber ingresado de forma intempestiva al predio e impedir el ingreso a los trabajadores, para realizar sus labores cotidianas.
En la exposición de la parte acusadora, el fiscal mencionó que la ocupación se mantuvo desde fines de enero hasta el 5 de marzo, tiempo en el que los usurpadores permanecieron en el terreno y sostuvieron el bloqueo.
En el lugar construyeron viviendas precarias, mientras custodiaban el ingreso no sólo de los trabajadores, sino también de los propietarios, quienes, al radicar la denuncia, exhibieron la documentación que avala la titularidad de las tierras.
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El bloqueo generó cuantiosas pérdidas económicas para el dueño del lugar, debido a que durante el tiempo que se extendió no pudieron realizar la explotación de la cantera ubicada dentro del predio.
Durante la exposición acusatoria, la fiscalía presentó denuncias, testimonios y actas elaboradas por la Policía neuquina, además de otras pruebas como documentación sobre la titularidad de las tierras y material audiovisual para certificar la acusación.
La jueza dio curso a las medidas de coerción solicitadas por la fiscalía y ordenó a los imputados abstenerse de realizar cualquier acto de turbación o bloqueo a los accesos al predio, además de prohibirles mantener cualquier contacto con el denunciante, su familia y los trabajadores.
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Álvarez también rechazó un pedido de la defensa para la devolución de un vehículo secuestrado. Lo mismo hizo con un segundo requerimiento, esta vez, para dejar sin efecto las órdenes de secuestro sobre otros rodados, al considerar que podrían ser objeto de decomiso en caso de una eventual condena.
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