
A pocos días del recambio legislativo, el Gobierno se prepara para una derrota en el Senado, aunque con un efecto moderado bajo su perspectiva, ya que se podría rechazar la asunción de la futura integrante del bloque oficialista Lorena Villaverde, por una antigua causa por narcomenudeo en los Estados Unidos con la que se la vincula.
El próximo miércoles, en el recinto se dictaminará sobre los pliegos de todos los dirigentes que accedieron a una banca en las últimas elecciones nacionales, pero la oposición busca que la rionegrina no pueda jurar en el cargo.
En medio del debate por sus antecedentes, el peronismo incorporó al temario de la comisión de Asuntos Constitucionales, que se reunirá a partir de las 11:00, la impugnación de la actual diputada libertaria.
Al respecto, si bien hay quienes aseguran que “se trabajará tanto en el dictamen como en la sesión preparatoria” para intentar que Villaverde asuma, un sector del oficialismo ya se resigna a un desenlace adverso, e incluso advierte que no se harán esfuerzos para evitarlo.
“Tengo entendido que saldría el rechazo y que no habría demasiada insistencia por parte nuestra, porque como queremos presionar por Ficha limpia, defenderla no ayudaría”, explicó a Infobae una fuente parlamentaria al tanto de las negociaciones.
La senadora electa por La Libertad Avanza, según se conoció en los últimos meses, habría sido detenida hace más de 20 años en Florida, Estados Unidos, por transportar 400 gramos de cocaína.
De hecho, el escándalo trascendió a tal punto que, durante su campaña para llegar a la Cámara alta, la propia dirigente difundió en sus cuentas de redes sociales videos en los que se sometió a varias pruebas para comprobar que no consume ningún tipo de droga.
“Soy diputada nacional, me han dicho que soy narcotraficante y otras cosas más. Quiero mostrar cuántos pares son tres botas y quién es quién. Hay que transparentar a la sociedad quién es uno, entonces dije ‘voy a hacerme el procedimiento’, y acá estoy”, se la escucha decir a la legisladora en uno de los clips, antes de realizar el test en una clínica de su provincia.
Y agregó, con el resultado en la mano: “El screening de laboratorio dio exactamente negativo ante todas estas sustancias, ni cocaína, ni marihuana, ni anfetaminas, ni opiáceos, ni éxtasis”.
En caso de que finalmente la Cámara rechace su pliego, quien asumiría en su lugar es el suplente en la lista, Enzo Fullone, una persona de su círculo íntimo que actualmente se desempeña en la sede rionegrina de Vialidad Nacional.

Por otra parte, la oposición también buscaría impugnar las bancas de la saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Nadia Márquez, que se perfilan como las principales figuras del bloque libertario a partir del 10 de diciembre.
Incluso, la todavía funcionaria ya mantuvo varias reuniones con los senadores de su espacio, tanto con mandato vigente como con los electos, de las que participó Villaverde, aunque no se habría involucrado en las negociaciones para defenderla.
Tal como anticipó este medio, en la comisión de Asuntos Constitucionales el peronismo tiene 8 miembros -de un total de 19- y además contaría con el respaldo de otros tres integrantes de otros espacios, alcanzando entre 10 y 11 firmas para bajar el pliego de la dirigente rionegrina.
Si bien en parte es una derrota, en el Gobierno remarcan que el pasado de la senadora electa perjudica los planes de retomar la discusión por Ficha Limpia, proyecto que ya fracasó en mayo último.

En aquella oportunidad, la norma obtuvo 36 votos afirmativos y 35 negativos, por lo que no llegó a la mayoría absoluta necesaria para ser sancionada, en medio de las especulaciones por una postulación de Cristina Kirchner, ya que para ese entonces la Corte Suprema de Justicia no había ratificado la condena en su contra.
La norma implicaba la modificación de las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloqueaba a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública.
En tanto, el peronismo quiere que este jueves se vote el proyecto que limita estrictamente la capacidad de los Presidentes de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el cual viene de Diputados con modificaciones.
En una maniobra del oficialismo de último minuto, durante su tratamiento en la Cámara baja se rechazó el artículo 3, que establecía un límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie sobre un DNU para que pueda seguir en vigencia. Este pequeño cambio le dio margen al Poder Ejecutivo, ya que ahora deberá volver al Senado.
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