A poco más de una semana del brutal doble femicidio en Córdoba que tuvo como principal protagonista a Pablo Laurta, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires elevó una denuncia formal ante la Justicia contra el sitio web “Varones Unidos”. En esta agrupación, el asesino era uno de los principales voceros.
La presentación formal se hizo ante la Fiscalía Especializada del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y estuvo a cargo de la defensora del Pueblo porteña, María Rosa Muiños. Allí, se argumentó que el movimiento presentaba discursos de discriminación por motivos de violencia de género digital y odio misógino.
En la denuncia, la Defensoría del Pueblo sostuvo que la agrupación digital promovía “expresiones de odio contra las mujeres, deslegitimando sus denuncias e incitando a conductas discriminatorias”. El reclamo presentado incluyó la petición de medidas urgentes para la preservación y baja del contenido existente en el sitio y sus cuentas de redes sociales. Además, explicaron que el dominio digital se encuentra registrado a nombre de Laurta, por lo que el material podría constituir prueba relevante en el expediente penal abierto en Córdoba. De acuerdo con la presentación, “Varones Unidos” funcionaba como plataforma para la difusión de relatos misóginos, ataques directos a víctimas y justificaciones de la violencia bajo distintas modalidades.
En tanto, el organismo porteño solicitó a la fiscalía que ordene la eliminación inmediata de todos los materiales públicos de la web y del perfil de Instagram vinculados a la agrupación. Además, pidió asegurar la conservación íntegra del contenido almacenado, dada su posible vinculación con la investigación judicial en marcha. Según Muiños, la urgencia radica en la necesidad de proteger a potenciales nuevas víctimas y resguardar material que aporte pruebas sobre eventuales cadenas de complicidad.
El planteo se apoya en la Ley 26.485, que faculta a la Justicia a requerir la supresión de publicaciones digitales que perpetúen situaciones de hostigamiento, acoso y violencia mediática. En la denuncia se incluyeron capturas de pantalla y registros del sitio donde se observa, según el escrito, la reproducción sistemática de discursos de odio con foco en la descalificación de mujeres, colectivos LGBTIQ+ y quienes denuncian hechos de violencia.
En paralelo, la Defensoría enfatizó que la violencia por medios digitales constituye una grave vulneración de derechos humanos, y que la libertad de expresión no ampara mensajes que promuevan de modo abierto la agresión o la discriminación fundamentada en el género. El organismo trabaja en acciones de prevención y sensibilización sobre este tipo de violencia desde el año pasado, cuando suscribió el “Compromiso contra la Violencia de Género Digital” junto a organizaciones sociales y del ámbito tecnológico.
Durante 2023 y 2024, elaboró materiales educativos, realizó campañas de concientización y promovió encuestas para dimensionar el impacto de las agresiones virtuales. También intervino en el debate legislativo sobre la “Ley Olimpia”, así como en causas judiciales ligadas al abordaje y penalización de estos hechos.
El detonante para la denuncia fue la comprobación de que Pablo Laurta mantenía intervención activa en la administración del sitio y figuraba como responsable del dominio digital, circunstancia verificada por el equipo técnico de la Defensoría a partir del cruce entre datos de registro y publicaciones recientes. Tras el doble femicidio, la Justicia detectó que Laurta habría utilizado canales de comunicación en “Varones Unidos” para exponer mensajes en los que justificaba la violencia física y promovía el silenciamiento de denuncias.
Hasta el momento, Pablo Laurta permanece detenido en una cárcel de Cruz del Eje, en Córdoba, a disposición de varias jurisdicciones por el asesinato de Luna Giardina, de 26 años, Mariel Zamudio, de 54, y el homicidio del chofer de la aplicación, Martín Sebastián Palacio.
El fiscal cordobés Gerardo Reyes encabeza la instrucción de la causa principal y autorizó un operativo de rastreo que permitió frustrar el intento de fuga del acusado. Conforme a lo explicado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, los investigadores detectaron que Laurta pretendía huir a Uruguay con su hijo menor y tenían registros de audio captados mediante intervención telefónica. “Estábamos a 40 minutos de que se fuera a Uruguay, porque lo escuchábamos en parlante abierto por la intervención telefónica”, explicó Quinteros en declaraciones recogidas por El Doce Stream. El operativo de captura se realizó en una zona de Entre Ríos tras comprobar que Laurta solicitó un remis para trasladarse hasta Puerto Yeruá, donde tenía oculta una canoa.
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