
El kirchnerismo avanza en ambas cámaras del Congreso para frenar la privatización del sistema nuclear argentino, algo que anunció días atrás el Gobierno nacional.
El pasado miércoles, el vocero presidencial y futuro legislador porteño, Manuel Adorni, anunció que el Ejecutivo iba a avanzar en la privatización del 49% del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa que comanda Demian Reidel, amigo personal del presidente Javier Milei, y que tiene bajo su órbita las centrales nucleares de la Argentina y el desarrollo en esa área.
El presidente del interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria, José Mayans, anunció que “junto con presidentes de otros bloques” parlamentarios de la Cámara alta y también de la Cámara baja se está trabajando en la “elaboración de un proyecto para declarar al sistema nuclear argentino como bien público estratégico no enajenable”, al formular un pedido de preferencia para el tratamiento de esa iniciativa en la próxima sesión del Cuerpo con o sin dictamen de comisión.
Mayans hizo referencia al Proyecto CAREM (que incluye el diseño y construcción de un reactor nuclear de baja potencia diseñado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, y uno de los primeros en el mundo) que implica “información secreta” de la que el Estado argentino “no puede ni debe desentenderse ni desprenderse”.

“El proyecto CAREM es estratégico para el país, es prácticamente un sistema único a nivel mundial”, detalló, y sostuvo que, por lo que representa el sistema nuclear, es necesario que “el Estado argentino controle por siempre” ese sector, por tratarse de un bien estratégico y por una cuestión de “seguridad nacional”.
Pero Mayans no es el único que entiende que es estratégico para la Argentina el manejo por parte del Estado del sector atómico. Su colega de fuerza política, pero en Diputados, la camporista Gabriela Estévez, presentó un proyecto de ley que apunta a derogar el artículo 8 de la Ley de Bases, que es el que habilita la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).
En los fundamentos del proyecto presentado en Diputados se señala que abrir el capital al sector privado en este sector no tuvo buenas experiencias en la Argentina y se señala el caso de la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas (ENACE), que no logró preservar los activos estratégicos y facilitó su desmantelamiento en los años 90 y 2000.
El avance en ambas Cámaras por parte de los bloques de Unión por la Patria se enmarca en la reacción al anuncio presidencial, pero también a la nueva correlación de fuerzas que se vive dentro del Palacio Legislativo. En los últimos meses, el peronismo, junto a los gobernadores y a las fuerzas provinciales, logró tomar cierto control del Congreso. La contracara es la de los libertarios, que no logran imponerse como lo hicieron el año pasado y que, hasta ahora, no lograron mostrar mucha reacción.
El anuncio
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este martes, en conferencia de prensa desde Casa Rosada, que el Gobierno avanzará con la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. Mediante un decreto, se iniciará el proceso de privatización parcial de la empresa que opera Atucha I, Atucha II y Embalse.
Según dijo el vocero, el Ejecutivo apuntará a un esquema de venta del 44% de las acciones en bloque mediante licitación pública nacional e internacional.
En tanto, el Estado mantendrá el 51%, mientras que se destinará hasta un 5% de participación accionaria para propiedad participada (empleados o similares).
Según las estimaciones de mercado, la compañía que comanda Reidel podría tener una valuación total de entre u$s700 millones y u$s1.000 millones.
Un detalle no menor es que Nucleoeléctrica no solo genera el 7% de la energía que consume el sistema eléctrico y está desarrollando centrales nucleares de menor tamaño con capacidad para dar energía a ciudades del tamaño de Mar del Plata, sino que es una de las empresas estatales que no tiene pérdida y que muestra superávit. En el primer trimestre de este año, tuvo un resultado financiero positivo de 17.234 millones de pesos.
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