El avance hacia la conformación de una comisión investigadora para esclarecer las responsabilidades en la crisis del fentanilo adulterado, que ha dejado 87 víctimas fatales y se considera la mayor emergencia sanitaria en Argentina desde el retorno de la democracia, se concretó tras un acuerdo inusual entre los principales bloques parlamentarios, con la excepción de La Libertad Avanza. La iniciativa, que busca determinar el origen y las fallas institucionales que permitieron la tragedia, fue resultado de intensas negociaciones entre representantes del kirchnerismo, el PRO, la UCR y el bloque Democracia, quienes consensuaron un texto único para el dictamen que dará origen a la comisión.
El entendimiento alcanzado dejó fuera a La Libertad Avanza, que optó por no sumarse al consenso. Según lo reconstruido por Infobae, las diputadas Paula Penacca y Victoria Tolosa Paz por el kirchnerismo, Silvia Lospennato y Silvana Guidici por el PRO, Karina Banfi por la UCR y Carla Carrizo por Democracia, fueron las encargadas de definir los términos del pre dictamen.
En este documento se establecen la estructura, las autoridades y el plazo de funcionamiento de la comisión, así como los mecanismos para solicitar información tanto al Ministerio de Salud de la Nación como al ministro Mario Lugones. Este último, hasta el momento, ha evitado responder a las citaciones de la comisión de Salud de Diputados y no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso, lo que ha generado inquietud respecto al papel de los organismos de control.
El cronograma legislativo prevé que el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes y Reglamento se reúna el miércoles por la tarde. La primera comisión está bajo la presidencia del libertario Nicolás Mayoraz, mientras que la segunda es encabezada por la dirigente del PRO Silvia Lospennato. Sin embargo, una hora antes de este encuentro está programada una sesión para debatir los presupuestos universitarios y la situación del hospital Garrahan, lo que podría motivar a Mayoraz a reprogramar la reunión.
“Ellos sabían -por LLA- que íbamos a tener sesión por eso pusieron esa fecha y hora. No importa, si Mayoraz no reprograma, vamos a aprovechar el recinto y establecer un cronograma de encuentros para poder aplicar las primeras medidas de investigación”, explicaron. Si no hay cambio de fecha, se utilice la sesión para emplazar a la comisión a reunirse el jueves o el martes de la semana siguiente.
El dictamen, cuyo texto ya está redactado, estipula que la comisión estará integrada exclusivamente por diputados, descartando la posibilidad de que sea bicameral, como proponían algunos proyectos iniciales. Su funcionamiento se extenderá durante los próximos cinco meses, lo que implica que cualquier modificación en la composición parlamentaria a partir del 10 de diciembre tendrá impacto en la integración de la comisión.
Otro aspecto acordado por las representantes de los bloques es que la presidencia no recaerá en el kirchnerismo, el PRO ni la UCR, y que el cuerpo estará conformado por 31 legisladores.
En paralelo continúa la investigación judicial que lleva adelante el juez federal Ernesto Kreplak quien en las últimas horas tomó declaración a una ex funcionaria de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT),
Se trata de la entonces responsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), la abogada Gabriela Carmen Mantecón Fumadó.
En su declaración, la ex funcionaria “responsable de la fiscalización, control técnico y supervisión sobre los medicamentos fabricados y comercializados en la Argentina”, reconoció que desde el 28 de noviembre de 2024 “el Laboratorio (Ramallo SA, elaborador exclusivo de HLB Pharma Group SA) tenía conocimiento de que no pasaba las BPF (Buenas Prácticas de Fabricación), por lo que no podía continuar elaborando productos hasta tanto no levantara las ‘no conformidades’”, comunicadas por los inspectores del INAME.
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