
La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa de El Salvador avaló este lunes una prórroga para la transición hacia la economía azul.
El dictamen responde a una iniciativa del gobierno central, presentada a través del Ministerio de Economía y plantea una reforma al artículo 24 de la ley vigente. Según la correspondencia y el dictamen de la comisión, la Comisión de Transición estará integrada por tres representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y tres de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), designados por los titulares de cada entidad.
Ese organismo coordinará la transferencia de bienes, derechos, infraestructura y recursos humanos, además de garantizar la continuidad de los servicios y proyectos en curso en el sector pesquero y acuícola.
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Dificultades en el traspaso de funciones
Durante la sesión, el director ejecutivo de la ASEA, Edgar Fermán Palacios López, expuso las dificultades del proceso de migración institucional. Entre los principales obstáculos mencionó la falta de cuentas bancarias propias, la necesidad de contratar personal clave en áreas financieras y administrativas y la complejidad legal por la coexistencia de responsabilidades presupuestarias entre el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura de El Salvador (CENDEPESCA) y la nueva autoridad.

“Aunque vamos paso a paso cumpliendo con todos los requisitos, no tenemos todavía las cuentas bancarias a las cuales se tiene que depositar”, declaró Palacios López en la comisión.
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El director de la ASEA explicó que la ampliación del plazo permitirá que el MAG administre temporalmente los recursos y realice adquisiciones en beneficio de la nueva entidad, para evitar la interrupción de programas, inversiones y compromisos nacionales e internacionales del sector. El dictamen también faculta al ministerio a mantener la gestión contractual y presupuestaria hasta que la ASEA acredite capacidades plenas para asumir funciones directas.
¿Qué prevé la reforma?
Según la lectura del dictamen, la reforma da flexibilidad legal para que la transición no ponga en riesgo la ejecución de inversiones ni la estabilidad laboral en el sector. La normativa, aprobada inicialmente en febrero de 2026, busca establecer un marco institucional para políticas de pesca y acuicultura con criterios de sostenibilidad, seguridad alimentaria y crecimiento económico a través del enfoque de la economía azul.
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De aprobarse en el pleno, este entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. El proceso concluirá cuando la ASEA demuestre capacidad plena para operar de manera autónoma y la comisión de transición suscriba las actas de cierre y el traspaso definitivo de bienes, contratos y expedientes.

López afirmó que la migración de competencias no ha afectado los servicios y proyectos, y anunció que El Salvador será sede del Congreso Mundial de Acuacultura en octubre, con participación de actores internacionales y respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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Vale destacar que el Banco Mundial define a este modelo como el “uso sostenible de los recursos oceánicos para el crecimiento económico, la mejora de los medios de vida y el empleo, al tiempo que se preserva la salud del ecosistema”.
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