El Gobierno se resigna a una derrota en el Senado y no negociará para frenar la emergencia en discapacidad

A tan solo unos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno podría sufrir otra dura derrota en el Congreso si finalmente la oposición logra convocar en el Senado a una sesión para insistir con la ley de emergencia en discapacidad, otra norma que afectaría el equilibrio fiscal.

En la Casa Rosada, sin embargo, reconocen que si se avanza con esa votación, el oficialismo no tiene posibilidades de evitar la caída y no planean ninguna estrategia más allá de la judicialización de la medida.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, puso en pausa su intención de reunirse con los gobernadores para tratar de acercar posiciones tras las tensiones por los reclamos de más fondos hacia la Nación.

El funcionario analizó meses atrás recibir a los mandatarios provinciales en Balcarce 50, en un primer momento, para consensuar una forma de distribuir los aportes del Tesoro y lo recaudado en el impuesto a los combustibles líquidos, pero el encuentro nunca se concretó.

En el medio, la oposición consiguió aprobar tanto en Diputados como en el Senado varias iniciativas que la administración de Javier Milei considera que atentan contra las cuentas públicas, las cuales la gestión libertaria ya anticipó que buscará la forma para no implementar.

“En el último mes, el Congreso impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal. Usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que llevan a la quiebra al Estado”, sostuvo el propio Presidente.

Una de las principales estrategias que analiza la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, es la de desconocer la legitimidad de la sesión en la que se aprobaron el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad.

Por su parte, esta semana la oposición podría insistir con la segunda de esas normas, que ya fue vetada por el Poder Ejecutivo, y tendría los números como para poder hacerlo.

En la Casa Rosada dan por descontado no solo los votos de los 30 miembros de Unión por la Patria, sino también los de los radicales Martín Lousteau y Pablo Daniel Blanco, y de Guadalupe Tagliaferri, del PRO, además de varios monobloques.

“Es inútil negociar, es una batalla perdida, tenemos tan solo seis diputados, siempre perdimos. Sabemos que si se vota, se va a rechazar el veto”, reconoció a Infobae una fuente oficial.

Este miércoles por la mañana está prevista una reunión de labor parlamentaria en la que el kirchnerismo piensa ultimar los detalles para solicitar una sesión especial para este mismo jueves, tres días antes de las elecciones bonaerenses.

Además de discapacidad, la oposición también pretende incluir en el temario la modificación de la norma vigente que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta que Milei suele utilizar para avanzar con varias políticas de su gestión.

“Se trata de una ley que fue creada durante el gobierno de Cristina Kirchner y ahora son ellos mismos los que la quieren cambiar. ¿Estaba mal antes entonces? Durante su administración también se usaron los DNU, y muchos", criticaron en la Casa Rosada.

La eventual derrota para La Libertad Avanza en el Congreso no solo llegaría antes de los comicios provinciales, sino también en medio de la polémica por la filtración de audios de funcionarios. Primero, fue el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, describiendo una presunta red de corrupción en la compra de medicamentos y, después, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que fue grabada en reuniones privadas con parte de su equipo.

“Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia comandada por el kirchnerismo. La Casa de Gobierno y la Presidencia de la Cámara de Diputados habrían sido infiltradas con grabaciones clandestinas, guardadas en silencio durante más de un año y difundidas ahora como un misil político en plena campaña electoral. Esto no es una mera filtración, es un ataque directo a la democracia argentina”, expresó al respecto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.