El Gobierno estudia una medida para el sector de discapacidad si Diputados ratifica los vetos de Milei

En una semana comenzará formalmente la campaña para las elecciones generales. Se trata de eso: una formalidad. El clima electoral está presente por estos días; y es el mismo plano en donde esta semana se disputará un partido clave para la Casa Rosada: la ratificación o no de los vetos sobre las leyes de Emergencia en Discapacidad y de incremento de las jubilaciones.

Este miércoles hay probabilidades de que haya quórum para la sesión solicitada días atrás por distintos bloques de la oposición (Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia por Siempre, Coalición Cívica y la Izquierda). El temario propuesto incluye una batería de nueve proyectos que fueron acordados en la reunión de Labor Parlamentaria, entre los que se incluyen los dos vetos presidenciales.

Ni desde la oposición ni desde el oficialismo dan un panorama certero sobre cómo es el estado actual de los votos. Pero la sesión aporta una tensión importante al Gobierno antes de iniciar la campaña electoral:

• si consigue ratificar los vetos se asegurará la calma de los mercados, pero tendrá que pagar el costo político de rechazar iniciativas que incrementen fondos para causas sensibles;
• si no lo hace, el escenario parece aún peor para los estrategas libertarios, ya que ambas iniciativas traerían complicaciones en los cálculos fiscales del Gobierno, pero, además, configuraría un quiebre del escudo de los vetos que Milei había logrado imponer el año pasado. A pesar de que no falta tanto para la renovación legislativa, sería un hecho político que generaría un ruido bursátil en la antesala electoral.

Ante los dos escenarios, la Casa Rosada elige el primero. Es por eso que, según pudo saber Infobae, el Gobierno está dispuesto a diseñar una medida en el ámbito de la discapacidad que sirva como para compensar la ratificación de los vetos. La confirmación vino de tres diferentes despachos del Poder Ejecutivo.

“Hay algo de eso. No va a ser de un monto que mueva demasiado el amperímetro, pero hay conversaciones al respecto”, indicó una fuente en estricta reserva. Otra también afirmó que “se está trabajando, pero no hay nada muy concreto todavía”. Si hay una medida paliativa, será después de que se confirme el veto en la Cámara de Diputados, reiteran todos.

Las definiciones son más escuetas para el caso de las jubilaciones, pero afirman que para la de discapacidad hay evaluaciones concretas con el fin de implementar alguna medida. “Si la medida fuera, por caso, una leve actualización del nomenclador, sería mucho más barato que incrementar jubilaciones o hacer alguna medida previsional”, se ponía a especular un funcionario.

Los bloques que firmaron el llamado a sesión del miércoles pueden juntar el número necesario para el quórum, pero esta cifra es insuficiente para insistir con una ley vetada: quienes pretendan voltear la herramienta presidencial deben reunir una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes en la sesión. A casi dos años de haber asumido, Milei siempre pudo sostener sus vetos.

Hasta el cierre de esta nota, el oficialismo era el que tenía más chances tenía de salir victorioso de la contienda legislativa. Una altísima fuente que firmó el llamado a la sesión admitió que “lo más probable es que” la oposición no tenga los votos. “No sé si vamos a tener el número. Sí que vamos a hacer el esfuerzo. Tenemos mucha presión de los colectivos de discapacitados. A esta altura, que se hagan cargo los que tienen una posición y después votan distinto. Y que lo que se tuitea sea lo mismo que lo que se vote”, agregó esta banca.

El tratamiento de estas iniciativas en la previa de la contienda electoral le dan un marco especial a esta votación. Discapacidad y el área de jubilados y pensionados no han escapado a la lógica del ajuste oficial: por un lado, el nomenclador que rige a la actividad no se actualiza desde diciembre de 2024 (y ese mes se aumentó un 0,5%); mientras que, según Chequeado, las jubilaciones mínimas en términos reales se mantienen un 4,4% por debajo de noviembre de 2023 y un 1,6% inferiores a agosto de 2024. El bono de los jubilados sigue en $ 70.000 desde el comienzo de la gestión Milei.

“Al menos una persona de cada bloque pidió alguna medida complementaria para poder conversar el tema de los vetos. En Discapacidad es unánime”, reconocen en altas fuentes de La Libertad Avanza en Diputados. La respuesta del Gobierno -en casos específicos- habría sido que se consigan los votos para evitar la insistencia opositora y que, con eso, se habilitaría el camino para una medida alternativa. Llegado a ese caso, implicará un eventual costo fiscal (no se conoce cuánto), pero le evitaría al Gobierno un panorama de costos en diversos sentidos.

¿Están los votos? Una figura de la administración libertaria indica que con el cierre de listas “se hicieron algunas promesas que pueden redundar en acompañamientos”. Pero aclaran que solo se estudiará el anuncio “después de lo que diga Diputados con el veto”.

Al salir ayer de una reunión de la campaña bonaerense en Casa Rosada, el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, fue consultado por Infobae, sobre la sesión del miércoles: “Acá no se trata de dónde hay necesidades, sino de cómo tenés recursos para cubrirlas sin que esto signifique que le hacés un agujero al Presupuesto nacional. Y siguen en la misma idea. Lo veo en el Congreso y, sin dudas, lo que están haciendo es ver cómo perjudican al Gobierno, no cómo benefician a jubilaciones o gente con discapacidad”. Prefirió no dar estimaciones sobre los números para ambos vetos.

Este medio había revelado que el Gobierno licitó cerca de 720.000 cartas documento para poder comenzar a notificar suspensiones masivas a las denominadas Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. El número de notificaciones que se estiman hacer son menos de la mitad de ese número, pero implican un monto total significativo. Por caso, si se dieran de baja 200.000 aportes, el monto que dejaría de pagar el Gobierno orilla los $45.000 millones.

El portal La Nación informó la semana pasada que el plan de mediano plazo es que con la suspensión de pensiones se genere ahorro a través de la baja de beneficiarios en Incluir Salud y que esos fondos luego sean reasignados para actualizar los montos de las prestaciones. Sin embargo, esta política no sería de aplicación inmediata. No como lo piden algunos legisladores clave.