Es uruguayo, vivía hace 19 años en el país con sus hijos argentinos y lo deportaron: denuncian que la expulsión fue ilegal

En Uruguay hay preocupación por la política migratoria del gobierno de Javier Milei. En plena sesión del Senado, un senador llamó la atención por la deportación de un ciudadano afrodescendiente, Juan Pedro Martínez Piedrahita, quien fue expulsado de Argentina hace semanas, al identificarle una pena cumplida de 2021 por delitos con penas excarcelables. Hace casi dos décadas vivía en el país, y tenía una familia con tres hijos argentinos menores de edad. Lo echaron cuando quiso renovar su trámite de residencia y el DNI.

“No estamos ante un simple caso migratorio. Estamos ante una política, específicamente un decreto sobre migraciones, que criminaliza a las personas negras, migrantes y pobres”, denunció el senador uruguayo Felipe Carballo, al referirse al caso este martes, durante una sesión en la Cámara alta del país vecino.

En concreto, el legislador del Frente Amplio cuestionó la reforma migratoria dictada en el DNU 366/2025, que endurece los criterios para la residencia de extranjeros y facilita los procesos de deportación para aquellos que cometan delitos en el país.

Según Carballo, la deportación de Martínez tuvo un “carácter racial”. Y advirtió: “Se castiga al migrante, pero sobre todo al migrante racializado. No podemos permanecer en silencio ante esta violencia institucional”.

“Tengo tres hijos que hoy no tienen a su papá”

La polémica salió a la luz el 17 de julio pasado, cuando el migrante uruguayo fue deportado por instrucción judicial. El viernes anterior, Martínez Piedrahita se había presentado a hacer un trámite en la Dirección Nacional de Migraciones para renovar su documentación migratoria. Lo hizo acompañado de su esposa argentina, Nadia Paola Arismendi.

La intención de la pareja era gestionar la actualización de la residencia precaria del hombre, que —contó la propia Arismendi— venían intentando concretar desde hacía meses sin éxito, debido a reiteradas trabas administrativas e impedimentos económicos.

Durante la visita, el personal de Migraciones los derivó a un módulo especial destinado a casos de extranjeros con antecedentes judiciales. Fue en ese sector donde los hicieron esperar varias horas, hasta que pasado el mediodía agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) se acercaron al lugar y lo separaron a Piedrahita de su esposa. Según relató la propia Arismendi a radio Con Vos, en ese momento le revelaron que existía una orden vigente que disponía su detención y posterior expulsión por causas penales.

Martínez Piedrahita contó que, una vez apartado, fue sometido a la toma de huellas digitales y a un interrogatorio, tratándolo “como a un delincuente”. Posteriormente, agentes de la PFA lo trasladaron a una alcaidía ubicada en el barrio porteño de Palermo, donde permaneció incomunicado durante cinco días, sin poder comunicarse con su familia ni recibir su medicación habitual para la hipertensión.

La decisión final estuvo a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, que resolvió la expulsión al verificar que el hombre tenía una condena de un año y medio de prisión en suspenso dictada en 2021 por violación de domicilio, amenazas y desobediencia.

Finalmente, en la madrugada del 17 de julio, se concretó la expulsión. “A las dos de la mañana me sacan una foto, me esposan y de ahí me llevan al Aeropuerto con un vuelo que me trae a Uruguay. Acá no había nadie recibiéndome”, señaló Martínez Piedrahita, en declaraciones al programa “Vamo Arriba”, por radio Gráfica. “Me duele mucho toda esta situación, mi familia quedó en Argentina, tengo tres hijos que hoy no tienen a su papá”, sostuvo, a lo que agregó que en una situación económica muy precaria.

La discusión legal y la defensa de Martínez Piedrahita

Sin embargo, el procedimiento que concluyó en su expulsión fue cuestionado tanto por la familia, como por organismos de derechos humanos. La abogada del uruguayo, Zulema Montero sostuvo ante la agencia EFE que “la expulsión no corresponde porque se han violado normas”. “No podía ser expulsado ni por la ley original ni por la modificación del decreto, porque su condena no es superior a tres años. Fue ilegal”, apuntó.

Por su lado, el defensor del Centro de Estudios Legales y Sociales, Diego Morales, quien presentó junto a Montero otro recurso ante la Justicia, coincidió con su mirada al afirmar que “es un migrante con tres hijos argentinos, una esposa argentina, que ha sido expulsado por fuera de lo que dice la ley, es ilegal”.

La nueva normativa sobre migraciones está vigente en Argentina desde mayo del año pasado, cuando Milei firmó el decreto para modificar la ley anterior. El marco jurídico actual impide permanecer en el territorio nacional a extranjeros condenados “por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad igual o mayor a tres años”.

Ahora bien, según indica la norma en su artículo 70: “en caso de que el extranjero alegara, como hecho nuevo, ser padre, hijo o cónyuge de argentino nativo [...], la Dirección Nacional de Migraciones podrá suspender la ejecución de la medida de retención y procederá a constatar la existencia del hecho denunciado, en un plazo de hasta 48 horas hábiles”.

Las partidas de nacimiento de los hijos argentinos de Martínez Piedraita y Arismendi fueron enviadas a un representante de la Comisión de Migrantes del Ministerio Público de Defensa de la Alcaldía, para evitar la expulsión. No obstante, la Justicia lo rechazó el recurso.

El caso adquirió un tenor político desde ambos lados del Río de la Plata. Inicialmente, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, dio a conocer la deportación desde su cuenta personal en X, donde ratificó que “el extranjero que delinque se va”. “Este uruguayo, con múltiples causas penales, fue expulsado del país por el DFI de la PFA. Con la nueva ley migratoria no hay lugar para delincuentes. Ley, orden y seguridad para todos los argentinos”, celebró.

Lo cierto es que la condena que pesa sobre el ciudadano uruguayo ya fue purgada. Incluso, también por la propia denunciante: su actual esposa.

“En la época de pandemia él tuvo un problema. Discutió conmigo, nos enojamos y los vecinos hicieron la denuncia a mi nombre. Como fue una discusión lo tomaron como violencia familiar y entonces cualquiera podía denunciar”, explicó Arismendi. A raíz de ese episodio, recibió una condena de un año y seis meses por amenazas.

Tras un período de separación, la pareja se reconcilió y reanudó la convivencia familiar. “Soy su esposa, no están pensando en el sufrimiento de mis hijos!! Solo pedimos que nos ayuden. No nos merecemos tanto dolor por favor!!!”, escribió la mujer ayer en su cuenta de Facebook, al reaccionar al discurso del senador del Frente Amplio.