Sobreseyeron al funcionario cordobés que había sido denunciado por abuso sexual contra una empleada municipal

A poco más de un año de que se conociera la denuncia que sacudió a la Municipalidad de Córdoba y derivó en su salida del gabinete, la Justicia resolvió el sobreseimiento de Gabriel Bermúdez, ex secretario de Movilidad Urbana, quien había sido acusado de abuso sexual simple por una empleada municipal. La decisión fue tomada por la Cámara de Acusación, que entendió que no existían pruebas suficientes para avanzar hacia un juicio oral.

La causa había sido impulsada en marzo de 2024, cuando una trabajadora denunció al funcionario por hechos que, según su relato, ocurrieron dentro de una dependencia oficial y consistieron en manoseos y acoso sexual. La situación tomó estado público al mismo tiempo que se conoció la imputación formal por parte del Ministerio Público Fiscal, encabezado por la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Violencia de Género, Ingrid Vago.

El impacto político fue inmediato. Apenas trascendió la denuncia, la Municipalidad de Córdoba comunicó que Bermúdez quedaba apartado del cargo, mientras que el propio funcionario, en sus redes sociales, anunció su renuncia y negó de forma tajante las acusaciones. “Niego cualquier acusación en mi contra relacionada con delitos que atenten contra la integridad sexual de las personas”, escribió en aquel momento, y agregó que su intención era “defender mi nombre y honor, no solo por mí, sino por mi familia”.

En ese primer comunicado, también remarcó: “Confío plenamente en el sistema judicial y en su capacidad para esclarecer estos hechos de la manera más imparcial y objetiva posible”.

El expediente sumó otra denuncia dos días después del primer testimonio, esta vez también presentada por una mujer que trabajaba en el mismo ámbito. Ambas presentaciones fueron incorporadas en una única investigación judicial. Sin embargo, y pese a que en septiembre del año pasado la fiscal Vago pidió que la causa fuera elevada a juicio, la defensa del exfuncionario presentó una apelación ante la Cámara.

Finalmente, este miércoles, el tribunal resolvió desestimar la causa y ordenar el sobreseimiento definitivo de Bermúdez. La decisión estuvo apuntalada, según fuentes judiciales, en la duda respecto de la verosimilitud de las acusaciones y en la imposibilidad de probar los hechos denunciados. Desde el entorno del exfuncionario habrían aportado elementos destinados a demostrar que los episodios nunca ocurrieron.

El comunicado de la Municipalidad en aquel momento de crisis institucional no hizo referencia directa al nombre de Bermúdez, aunque sí reconocía que el intendente Daniel Passerini había tenido acceso a “información referida a un hecho que afectaría la integridad y que tiene como protagonistas a una trabajadora municipal y a un funcionario”. En el mismo mensaje oficial se indicó que se solicitó la renuncia del funcionario involucrado y se garantizó el resguardo laboral y personal de la denunciante.

El caso generó un fuerte revuelo político en el ámbito municipal. Bermúdez contaba con una extensa trayectoria dentro de la administración pública local y nacional. Había llegado al municipio de la mano del ex intendente y actual senador nacional Luis Juez, y ocupó cargos durante las gestiones de Daniel Giacomino y José Manuel de la Sota. También fue funcionario durante el gobierno de Juan Schiaretti y tuvo un breve paso por el Ejecutivo nacional, bajo la presidencia de Alberto Fernández. En la Cámara de Diputados trabajó como asesor de Sergio Massa. En enero de 2022 regresó a la Municipalidad de Córdoba como secretario de Desarrollo Metropolitano, y desde diciembre de 2023 estaba al frente de la Secretaría de Movilidad Urbana.

Durante su carrera, Bermúdez también enfrentó denuncias públicas por presuntas irregularidades vinculadas a cuestiones financieras, aunque aquellas no llegaron a judicializarse. Además de su trayectoria política, se sabe que es propietario de una financiera.

Con el fallo del tribunal, la investigación que mantuvo en vilo a una parte del funcionariado municipal queda archivada. La decisión judicial, en este contexto, se sustenta en la falta de elementos probatorios concretos que permitan avanzar hacia un juicio oral. Las dos denuncias fueron analizadas y contrastadas con el descargo del acusado, y según informaron fuentes del caso, no se hallaron pruebas concluyentes que permitieran sostener las imputaciones.

Desde entonces, Bermúdez no volvió a pronunciarse públicamente. La última vez que había aparecido en los medios antes del escándalo fue para criticar la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Compensador del Interior, medida que, según había dicho, afectaba directamente a las provincias frente al esquema de subsidios al transporte concentrado en el AMBA.