El Comité Nacional de la UCR y el senador nacional Maximiliano Abad expresaron su rechazo al fallo de la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que condenó a la Argentina a pagar una indemnización millonaria en el marco del juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF realizada en 2012.
A través de un comunicado titulado “Exhortamos a todas las fuerzas políticas a defender YPF porque constituye una causa común de todos los argentinos”, la UCR convocó al conjunto de los espacios políticos a preservar lo que definió como una herramienta esencial para el desarrollo económico y social del país. En ese texto, el partido recordó que fue bajo un gobierno radical, en 1922, que se creó YPF, y señaló que no acompañó “su ruinosa privatización” ni consintió “el oscuro proceso de su reestatización”.
Según el comunicado, el fallo de la magistrada estadounidense implica “un inaceptable intento de intromisión en nuestra soberanía y asuntos internos”. En ese marco, el partido sostuvo que, en las distintas instancias históricas, actuó con coherencia frente a las decisiones en torno a la petrolera estatal: se opuso a la privatización de 1992, promovida durante el gobierno de Carlos Menem, y luego impulsó la estatización en 2012, aunque lo hizo mediante “un dictamen propio claramente diferenciado del kirchnerismo”.
En la segunda parte del comunicado, se detallan los argumentos utilizados por el radicalismo en aquel entonces. Se criticó “la suicida privatización menemista de los 90” y la política energética del kirchnerismo, calificada como “demagógica e insostenible”. La UCR afirmó que siempre defendió “una YPF con mayoría estatal, gestionada con transparencia y participación federal”.
El texto recuerda, además, que el acuerdo de “solución amigable” promovido por el kirchnerismo en 2014 para compensar a Repsol con aproximadamente 10.000 millones de dólares también fue rechazado por la representación legislativa de la UCR en ambas Cámaras del Congreso.
Por su parte, el senador Maximiliano Abad presentó un proyecto de declaración en la Cámara Alta para que el Senado ratifique la inmunidad soberana que surge del artículo 10 de la Ley 26.741, aprobada en 2012, que reguló la expropiación de YPF. En el comunicado se explicó que el objetivo del proyecto es expresar la posición del Congreso frente al fallo de la jueza Preska, que dispone que el Estado argentino debería entregar el 51% de las acciones expropiadas como parte de la sentencia.
Abad sostuvo que “ninguna corte extranjera puede obligar a la Argentina a actuar contra su Constitución y sus leyes” y explicó que, para transferir las acciones de YPF, se requiere la aprobación del Congreso Nacional con mayoría calificada. En ese sentido, planteó que la decisión del tribunal estadounidense es “jurídicamente improcedente y políticamente inaceptable”.
El legislador también afirmó que el Poder Ejecutivo, “con esta interpretación normativa en el proceso de apelación, puede consolidar la defensa jurídica del país en los tribunales internacionales”.
Según expresó el senador bonaerense, “la causa YPF no es solo un litigio judicial: es un capítulo más en la historia de lucha por la soberanía de nuestros recursos”. YPF, agregó, “nació para garantizar el dominio argentino sobre el petróleo y sigue siendo una pieza clave de nuestra soberanía económica”.
El proyecto también advierte sobre las consecuencias económicas que, según Abad, podría generar el cumplimiento del fallo: afectación a las reservas del Banco Central, debilitamiento del mercado financiero local, pérdida de confianza de los inversores y tensiones institucionales internas. “La defensa de YPF es la defensa del federalismo, de la autonomía legislativa y del futuro de nuestros recursos estratégicos”, concluyó. La iniciativa parlamentaria fue acompañada por el senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Blanco.
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