Radicales disidentes presentaron en Diputados el proyecto “Pancitas Llenas” para garantizar el financiamiento de comedores y merenderos

El proyecto de ley “Pancitas Llenas” fue presentado este martes en el Congreso de la Nación con el objetivo de garantizar el financiamiento de comedores y merenderos en todo el país, mediante una articulación público-privada que asegure el acceso a una alimentación adecuada para los sectores más vulnerables.

La iniciativa, impulsada por los diputados nacionales Pablo Juliano y Carla Carrizo (Democracia para Siempre), también cuenta con el respaldo de legisladores de otras fuerzas políticas como Sabrina Selva (UP), Oscar Zago (MID), Nicolas Massot (EF), Emilio Monzó (EF), Marcela Pagano (LLA), Eugenia Alianiello (UP), Marcela Campagnoli (CC), Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Esteban Paulon (EF), Lourdes Arrieta (Transformación), Julio Cobos (UCR). Además, se apoya en el trabajo de la Asociación de Comedores y Merenderos “Soñadores Unidos”, cuya comisión directiva está integrada por Liliana Olivera, Paola Ferreyra, Elsa Monzón, Yanina González, Noelia Gerez, Patricia Valdez, Laura Flores y Norma Pelozo.

La propuesta surge en un contexto de emergencia alimentaria que afecta a millones de argentinos, especialmente a niños, niñas y adultos mayores. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la pobreza en Argentina alcanzó el 38,1% en el segundo semestre de 2024, una disminución respecto al 52,9% registrado en el primer semestre, mientras que la indigencia descendió al 8,2% frente al 18,1% anterior. Sin embargo, la situación de la infancia sigue siendo alarmante: el 51,9% de los niños y niñas vive en condiciones de pobreza, lo que compromete gravemente su desarrollo físico, intelectual y emocional.

Detrás de la iniciativa legislativa se encuentra el trabajo sostenido de la Asociación “Soñadores Unidos”, que ha recorrido más de mil comedores en todo el país y cuenta con el apoyo de más de 60 empresas. El padrino fundador de la asociación es el empresario Julio González, de la empresa alimenticia Oralí. “Después de cinco años de idas y vueltas en el Congreso de la Nación Argentina, este nuevo paso nos renueva la esperanza. Esperamos que sea definitivo, dada la gravedad y la urgencia que requiere este tema”, expresaron desde la asociación. La propuesta busca dar respuesta a una problemática que, según sus impulsores, requiere soluciones estructurales y sostenibles.

El proyecto de ley “Pancitas Llenas” plantea la creación de un Programa Nacional que, a través de una estrategia de articulación público-privada, asegure el acceso a una alimentación adecuada para los sectores más vulnerables. El programa se basa en la implementación de un sistema de asistencia alimentaria mediante una tarjeta prepaga de uso exclusivo para responsables de comedores y merenderos, distribuida a través de canales bancarios formales. Esta herramienta permitirá la adquisición eficiente y transparente de alimentos saludables, alineados con las pautas de nutrición y restricciones establecidas por la autoridad de aplicación.

Entre los objetivos del programa se encuentran la capacitación en manipulación y elaboración de alimentos para quienes preparan las comidas en los comedores y merenderos, la promoción de redes regionales para optimizar las condiciones de operación mediante la colaboración colectiva y el impulso de iniciativas solidarias, y la facilitación de encuentros con productores locales para fomentar la compra directa de alimentos, reducir costos y fortalecer las economías regionales. “Es clave comprender que estos comedores existen y funcionan a pulmón, se busca garantizar que tengan recursos para poder llevar a cabo su función. El programa Pancitas Llenas busca dar transparencia mediante el aporte de fondos y el uso de una tarjeta para adquirir los alimentos”, explicaron Juliano y Carrizo.

El proyecto establece principios rectores como la equidad, la transparencia, la eficiencia, la participación, la sostenibilidad y la trazabilidad. Para materializar el aporte público-privado, se prevé la creación de un Fondo Fiduciario del Programa Nacional Pancitas Llenas, administrado por el Estado Nacional a través del Ministerio de Capital Humano. El patrimonio del fondo estará constituido por el “Aporte Social y Humanitario” de empresas privadas, equivalente al 0,04% de su facturación anual declarada, ingresos provenientes de la emisión de valores fiduciarios de deuda en el mercado de capitales, otros aportes, contribuciones, subsidios, legados y donaciones voluntarias, así como la renta e inversiones derivadas de los bienes fideicomitidos y recursos provenientes de convenios de cooperación nacional o internacional.

El “Aporte Social y Humanitario” de las empresas privadas será siempre voluntario. Las empresas que decidan participar podrán descontar el aporte realizado del pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Desde la Asociación “Soñadores Unidos” se promoverá durante el debate legislativo que también los empresarios puedan descontar el aporte como pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA), detallándolo en la declaración jurada correspondiente y deduciéndolo eventualmente del pago mensual del impuesto. La asociación propone distinguir entre empresarios “adherentes”, que participan del fondo a cambio de una deducción impositiva, y “contribuyentes”, que no solicitan deducciones fiscales. Estas sugerencias serán consideradas por los legisladores durante el tratamiento en comisiones.

El Fondo Fiduciario tendrá una duración de hasta 30 años y será administrado por una entidad seleccionada por el Ministerio de Capital Humano, con experiencia técnica en la administración de fideicomisos públicos o mixtos y condiciones económicas competitivas. Un Comité Ejecutivo de Supervisión y Control, integrado por representantes del ministerio, universidades nacionales, comedores y merenderos registrados, y el sector privado aportante, supervisará la gestión y el destino de los fondos. Los integrantes del comité ejercerán sus funciones ad honorem, sin derecho a retribución, dieta, viático o compensación alguna.

La distribución de los recursos se realizará a través de transferencias directas mediante tarjetas plásticas prepagas, cuyo uso exclusivo será la compra de alimentos. Este mecanismo asegura eficiencia en la distribución y una estricta trazabilidad del gasto, facilitando el control y garantizando que los fondos lleguen a los beneficiarios finales. La determinación de las zonas prioritarias para la distribución del financiamiento se realizará mediante una fórmula objetiva basada en la cantidad de población y el índice de calidad de vida derivado de los radios censales del Censo 2022.

El proyecto de ley también contempla beneficios fiscales para las empresas que realicen donaciones dinerarias o en especie al fondo, siempre que cumplan con los requisitos legales y administrativos establecidos, como la instrumentación mediante transferencia bancaria y la verificación de la vigencia del certificado de exención en el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Las donaciones no podrán generar contraprestación material directa ni beneficios comerciales a favor del donante, más allá de los reconocimientos simbólicos previstos en la norma.

En la fundamentación del proyecto, los autores destacan que la inseguridad alimentaria, especialmente en los primeros años de vida, tiene consecuencias irreversibles en el desarrollo físico y cognitivo de los niños y niñas, perpetuando ciclos intergeneracionales de pobreza y exclusión social. Miles de comedores y merenderos comunitarios, gestionados mayoritariamente por mujeres de los mismos sectores vulnerables, se sostienen a través de esfuerzos cotidianos y muchas veces sin el apoyo suficiente del Estado. En los últimos años, estos espacios han sufrido una reducción significativa en los fondos estatales asignados, lo que ha afectado su capacidad para adquirir alimentos de calidad y mantener su operatividad.

El Programa Nacional “Pancitas Llenas” se concibe como una herramienta estratégica para revertir esta situación, garantizando una fuente estable y sostenible de financiamiento mediante la articulación entre el sector público y privado. La iniciativa asegura principios fundamentales como la transparencia, eficiencia y trazabilidad de los recursos, mediante mecanismos claros de control y supervisión, integrados por representantes de todos los sectores involucrados: beneficiarios, sector privado, Estado y universidades. De este modo, se fortalece la confianza pública y se asegura que cada recurso llegue efectivamente al plato de quienes más lo necesitan.

Cuenta con la firma de legisladores de distintos bloques, entre ellos Facundo Manes (DPS), Sabrina Selva (UP), Oscar Zago (MID), Nicolas Massot (EF), Emilio Monzó (EF), Marcela Pagano (LLA), Eugenia Alianiello (UP), Marcela Campagnoli (CC), Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Esteban Paulon (EF), Lourdes Arrieta (Transformación), Julio Cobos (UCR) y Marcela Coli (DPS), entre otros.