
El canciller Gerardo Werthein pidió que se vuelvan a retomar las negociaciones con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas durante su participación en el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU) celebrado este miércoles.
La resolución fue adoptada por consenso, con el respaldo unánime de los países latinoamericanos que integran la junta, y reforzó el posicionamiento internacional en favor del diálogo bilateral para alcanzar una solución pacífica y definitiva sobre este territorio en disputa.
El pedido destacó el carácter “especial y particular” de la cuestión, en consonancia con las resoluciones 2065 (XX) y otras concordantes de la Asamblea General durante la sesión celebrada en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
Werthein defendió ante el Comité la postura histórica del país y reiteró públicamente el “compromiso irrenunciable” con la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En línea con esto, afirmó que el Reino Unido ocupa ilegalmente estas islas desde 1833, y sostuvo que la búsqueda de una solución pacífica sigue siendo un “prioridad nacional” para el Gobierno argentino. “Nuestro compromiso es irrenunciable”, enfatizó el funcionario al comienzo de su discurso.
A lo largo de su intervención, el canciller expuso las dimensiones históricas, jurídicas, políticas y diplomáticas del reclamo argentino, tras enmarcar la cuestión en el contexto del proceso de descolonización global impulsado por la ONU. Por este motivo, aseguró que la ocupación británica “fue, sin ambigüedad, un acto colonial, contrario al derecho internacional y violatorio de la soberanía territorial argentina”.
“El Reino Unido ha invocado reiteradamente el principio de libre determinación de los pueblos como argumento para evitar el diálogo”, denunció el representante argentino al remarcar que esa justificación no resultaría aplicable al caso Malvinas.
Según Werthein, la disputa no se vincularía a los deseos de los habitantes actuales de las islas, sino que constituiría un caso clásico de colonialismo territorial. “No existe allí un pueblo colonizado con derecho a decidir su estatus internacional. Existe, sí, una población establecida por la potencia ocupante”, apuntó.
A pesar de que el funcionario reconoció que en el territorio hay una población aproximada de 3.000 personas, subrayó que se tratarían de personas que “no tienen vínculos originarios con el territorio, o bien son descendientes de quienes fueron asentados en forma unilateral por la potencia ocupante”.

Luego de destacar que de esa cifra, unas 1.200 personas serían efectivos militares británicos, Werthein profundizó la crítica al señalar que “esa configuración demográfica no puede ser considerada, conforme al derecho internacional, como un pueblo con derecho a la libre determinación”.
En su intervención, el canciller volvió a denunciar que “no solo persiste la negativa británica al diálogo, sino que el Reino Unido continúa adoptando decisiones unilaterales en el territorio en disputa”, tras indicar que esto implicaría una violación de la Resolución 31/49 de la Asamblea General, la cual estableció que ni la Argentina ni el Reino Unido estaba habilitado a tomar decisiones sin mediarlo con la otra parte.
Por este motivo, el ministro denunció que el otorgamiento unilateral de licencias y concesiones representaría un desconocimiento de “los derechos soberanos de la República Argentina ha facilitado la exploración y explotación de recursos naturales, en particular hidrocarburos y recursos pesqueros”.
“Estas prácticas agravan la controversia y perpetúan una lógica colonial que este Comité ha procurado superar de manera constante y sostenida a lo largo de décadas”, apuntó Werthein, tras remarcar que las mismas también tendría un impacto directo en el equilibrio ecológico y la biodiversidad del Atlántico Sur.
Para finalizar, el canciller remarcó que existe una relación bilateral “respetuosa y cooperativa” entre ambos países, pero fue insistente al mencionar que también le hizo llegar la inquietud al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, durante una reunión celebrada el pasado 16 de junio.
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