
A partir de esta madrugada, el Gobierno nacional oficializó la eliminación de la participación estatal en las paritarias docentes. De esta manera, las futuras negociaciones para fijar los salarios del sector serán entabladas por el Consejo Federal de Educación y los gremios.
Por medio de la publicación del Decreto 341/2025 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei confirmó la modificación del artículo 10° de la Ley N° 26.075 de Educación. De esta manera, estableció que el Consejo Federal de Educación junto con entidades gremiales docentes de representación nacional serán las partes intervinientes, que tendrán la responsabilidad de acordar las condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente.
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Previo a estos cambios, la norma indicaba que “el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que inducirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente, y d) carrera docente”.
La nueva normativa retiraría la participación activa de la actual Secretaría de Educación en las futuras reuniones, pero en el artículo 1 del decreto se aclaró que “la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano podrá refrendar el Convenio, o requerir que se realice una nueva propuesta cuando, por razones presupuestarias, no fuera posible su implementación en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente”.
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En este sentido, las autoridades recordaron que el Consejo Federal de Educación fue creado con la intención de que sea el organismo encargado de “planificar, coordinar, asesorar y acordar los aspectos de la política cultural y educativa que requiera el país y que comprometan la acción conjunta de la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por lo que consideraron que estaría en condiciones de asumir la representación nacional en el asunto.
De la misma forma, apuntaron que la modificación formaba parte de las políticas de desregulación estatal que buscarán mejorar la eficacia de la gestión pública. “Resulta esencial revisar la necesidad de determinadas funciones, garantizando una asignación de recursos más racional y efectiva”, remarcaron.
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Previo a la eliminación de la participación de la Secretaría de Educación en las negociaciones, en la última instancia los gremios docentes habían amenazado con realizar un paro tras acusar al Gobierno de no convocar a una reunión para tratar la cuestión a nivel nacional.

“No nos vamos a hacer responsables si vamos a un conflicto porque hay un solo responsable, que es el Gobierno nacional”, acusó el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero (UDA), al remarcar: ”Seguiremos trabajando con los sindicatos docentes que integran la CGT para buscar una salida a las grandes necesidades que tiene el sistema educativo y a las profundas carencias que tiene el salario de los educadores en nuestro país”.
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A pesar de que el líder gremial se quejó del sueldo mínimo, que estaba establecido en $420 mil mensuales, sostuvo: “Tenemos que construir de manera conjunta. El Gobierno tiene que permitir que los representantes de los trabajadores le hagamos sugerencias para poder salir de esta crisis, en donde, los salarios bajos se suman a los problemas que genera una infraestructura escolar deficiente a pocas horas del inicio de las clases en la mayoría de las provincias, que obliga a los docentes a que hagan frente a la desatención que está teniendo el sistema educativo nacional”.
Desde ese entonces, el Gobierno nacional decidió aumentar el piso salarial a $500 mil a partir del 1° de febrero de 2025. No obstante, el reclamo por parte de los sindicatos docentes para realizar la paritaria nacional docente continúa vigente.
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Según informó CTERA, el pasado 8 de mayo habían enviado una carta documento a la Secretaría de Educación para que convoque a una paritaria nacional. Además de exigir un aumento salarial, pidieron por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), y un incremento en el presupuesto educativo.
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