Subsidios duplicados y sin seguimiento, áreas del Gobierno con tareas superpuestas, irregularidades en la rendición de cuentas y productos que se compraron, pero nunca se entregaron. Estos fueron los pilares de la auditoría en la que se basó el Ministerio de Justicia de la Nación para ordenar el cierre de 13 programas del ex Ministerio de la Mujer, con la promesa de ahorrarle al Estado 6.000 millones de pesos anuales.
Para el programa MenstruAR, por ejemplo, el informe reveló que se adquirieron 18.616 copas menstruales y solo se entregaron 1.200. Así se desprende de “la única rendición de cuentas” que hizo el organismo, que a su vez no presentó un informe de gestión al respecto.
Además, la evaluación interna de la cartera expuso que varios programas entregaban subsidios a organizaciones sociales sin “monitoreo técnico sobre el uso de los fondos”.
El programa GenerAR, que estaba destinado a “fortalecer la institucionalidad en materia de género y diversidad en el sector público nacional y subnacional”, gastó 941 millones de pesos en 2023. Según la auditoría, el 48% de los subsidios que entregó no contaron con informes de gestión ni resultados comprobables.
“En relación con la Línea de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, se detectaron organizaciones beneficiarias con fecha de creación cercana al otorgamiento del subsidio, sin antecedentes comprobables de ejecución de proyectos similares”, profundizó el informe, al que tuvo acceso Infobae.
Algo similar ocurría con el programa ArticulAR, que erogó 525 millones de pesos durante el ejercicio fiscal del último año de la gestión del Frente de Todos. En este caso, el 42% de las entidades que recibieron subsidios no presentaron documentación respaldatoria. La auditoría concluyó que “se financiaron proyectos cuya ejecución no pudo comprobarse”, o que “derivaron en acciones desvinculadas del objetivo central del programa”.
La política que más dinero distribuyó fue el programa de Fortalecimiento de Áreas de Género, con 1.177 millones de pesos erogados. Esta área tenía como objetivo garantizar el acceso a derechos de personas travestis, transexuales y transgénero en situación de vulnerabilidad, promover la sensibilización y capacitación en perspectiva de género y diversidad en el sector privado y fortalecer los dispositivos territoriales de protección integral para personas en contexto de violencia por motivos de género, entre otros.
De acuerdo a la auditoría, se otorgaron subsidios a jurisdicciones que no ejecutaron plenamente los recursos, no hubo un seguimiento de objetivos alcanzados y se superpusieron acciones que ya eran financiadas por el programa GenerAR.
Respecto de las “Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad”, el informe señaló que las mismas no estaban vinculadas al sistema educativo formal, no se acreditó cuántas personas capacitaron, y tampoco hubo “cambios socioculturales tangibles”.
Este programa usó 562 millones de pesos en 2023, y tenía como misión fortalecer la capacitación de mujeres y personas LGBTI+ para “propiciar la deconstrucción de estructuras que perpetúan la violencia por motivos de género”.
Por último, el programa IgualAR -que manejó 313 millones de pesos en 2023- fue advertido como uno de los más deficientes en cuanto a transparencia. La irregularidad principal que se detectó es que con esta política se realizaban transferencias a municipios y provincias sin rendiciones de cuentas: “El 85% de la muestra de auditoría no contenía las correspondientes declaraciones juradas”, precisó el informe.
Más de un programa para abordar el mismo tema
La evaluación interna que hizo el Ministerio de Justicia también apuntó a la superposición de áreas como un problema que “generó ineficiencia en el uso de recursos públicos”.
Entre los programas GenerAR y ArticulAR se distribuían el financiamiento a organizaciones sociales con finalidades similares, lo que generó “duplicación de subsidios, riesgo de clientelismo, y falta de trazabilidad de fondos”.
Lo mismo ocurría con los programas GenerAR, Línea de Fortalecimiento, y las Escuelas Populares de Género, que, en este caso, giraban fondos a municipios y provincias.
En materia de “acciones territoriales en violencia de género”, los programas AcompañAR, ArticulAR y AcercAR Derechos también tenían una marcada superposición. Se encargaban de dar apoyo económico a personas en situación de violencia, brindaban asistencia legal y psicosocial y también financiaban organizaciones sociales. Todo esto “sin un esquema integrado ni criterios de derivación”, según la auditoría.
“La revisión de la ejecución presupuestaria, la evaluación de desempeño y los informes de auditoría interna revelan que los programas del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación presentan graves deficiencias que comprometen la buena administración del Estado”, concluyó el documento.
Los 13 programas eliminados
- Programa nacional Menstruar
- Registro nacional de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad a nivel comunitario
- Programa nacional articular para el fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad
- Programa nacional generar
- Programa de fortalecimiento para dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género
- Programa nacional para la igualdad de géneros en el trabajo, el empleo y la producción igualar
- Programa Producir
- Programa nacional para el fortalecimiento de la perspectiva de género e igualdad en la diversidad en el desarrollo rural ‘Sembrar Igualdad’
- Programa para el apoyo urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género
- Programa de fortalecimiento del acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero
- Programa escuelas populares de formación en género y diversidad ‘Macachas y Remedios’
- Programa de capacitación en perspectiva de género y diversidad para el sector privado ‘formar igualdad’
- Programa para el fortalecimiento de la participación social y ciudadana en materia de género y diversidad.
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