La relación entre Alberto Fernández y el broker Héctor Martínez Sosa fue algo más que una buena amistad. Entre 2010 y 2019, el ex presidente le facturó a la pareja de su histórica secretaria por supuestos servicios profesionales. La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de la asunción. Ese año, Fernández facturó por $1.422.000. Los datos figuran en un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a pedido de la Justicia y al que tuvo acceso Infobae.
El informe, de 662 páginas, analiza la facturación de Alberto Fernández mientras estuvo al margen de la función pública. En el caso de la empresa de Martínez Sosa, las facturas comenzaron el 4 de diciembre de 2010 y terminaron el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de la asunción como presidente.
Ese día, el broker estuvo en la Casa Rosada y se sacó varias fotos junto al flamante presidente. Hasta posó con el bastón presidencial, confeccionado especialmente por el orfebre Juan Carlos Pallarols. Las fotos fueron encontradas en uno de los teléfonos de su mujer, María Cantero, y reveladas por este medio en noviembre del año pasado.
Cuando estalló el escándalo, Fernández y Martínez Sosa hablaron públicamente de una “amistad de muchos años”. En su indagatoria ante el juez Julián Ercolini, ahora reemplazado por Sebastián Casanello al frente de la causa seguros, el broker habló de esa amistad y del llamativo préstamo que le hizo en 2008 y que nunca se canceló. Pero omitió hablar del vínculo comercial. “Para sus cumpleaños le he regalado corbatas porque sé que le gustan y que las usa, pero nunca le regalé joyas”, dijo para explicar las imágenes que ya se habían filtrado.
La relación de amistad se quebró cuando comenzó el escándalo y el ex presidente responsabilizó a María Cantero en una entrevista radial: “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo;ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”.
El informe de la PROCELAC, a cargo de Diego Velasco, demuestra un vínculo comercial constante durante más de nueve años. En total, Fernández le facturó a la empresa de “Hecky” un total de $4.257.000. El año de mayor facturación fue 2019, con $1.422.000. “Héctor Martínez Sosa SA le efectúo retenciones bajo los conceptos: Impuesto a las Ganancias por locación obra y/o servicios, e Impuesto a las Ganancias por el ejercicio como síndico, o director de S.A”, destaca el estudio ingresado al expediente la semana pasada.
El ex presidente también le facturó a Austral Consulting SA, una empresa vinculada a Martínez Sosa. Siempre según el informe de la PROCELAC, esa firma recibió dos facturas mensuales desde el julio de 2014 hasta diciembre de 2015 por apenas $10.000, y desde enero de 2016 a abril de 2017 por otros $15.000.
No es todo. Entre los clientes de Fernández aparece Sancor Seguros. Para los investigadores de la PROCELAC, esa empresa “fue uno de los principales clientes en el período 2011 a 2012, con abono mensual de $ 37.190,08, neto de IVA. La última factura detectada fue de fecha 03/05/2012”.
A un paso del procesamiento
La causa de los Seguros cambió de juez a comienzos de febrero, cuando se venció la subrogancia de Ercolini, en el juzgado federal 11. Ocurrió en un momento clave de la investigación porque ya se habían terminado las indagatorias y el juez estaba en condiciones de decidir si procesaba o sobreseía a todos los imputados.
Desde entonces, Casanello decidió revisar toda la documentación antes de tomar la decisión final.
Todavía hay unos 40 teléfonos que no se pudieron abrir. “Hay 30 en poder de la PSA para intentar desbloquear y otros 10 en los que se aguarda la actualización de software (del programa UFED)”, explicó uno de los investigadores. En ese último lote se destaca el celular de Daniel “El Gordo” Rodriguez, el ex intendente de la quinta de Olivos y un hombre clave en el entorno de Fernández.
El teléfono de Rodriguez se secuestró en una casa, a metros del shopping Unicenter, donde vivía cuando se quería escapar de la quinta de Olivos. Esa vivienda pertenece a Martínez Sosa desde 2022.
Los teléfonos fueron determinantes desde el comienzo de la causa. El más importante fue el de María Cantero, donde se encontraron los chats con Fabiola Yañez y conversaciones con Alberto Fernández. En uno de los diálogos más destacados se mencioaban los seguros de la Cancillería. “Ya me ocupo”, fue la respuesta del ex presidente.
Cuando declaró ante el juez Ercolini, Fernández intentó explicar esa frase: “El ‘ya me ocupo’ consistió en llamar al Canciller (Santiago Cafiero) y preguntarle si había algún problema con el seguro de Provincia ART. Le advertí que algún pícaro estaba queriendo nombrar algún asesor de seguros, y que tenga cuidado que no sea una maniobra en la que alguien pretendiera sacar ventaja. Ése es el sentido de lo que hablé y del ‘ya me ocupo’”.
Casanello decidió profundizar esa línea de investigación y le pidió a la Cancillería más información sobre la decisión que se tomó el 7 de junio de 2023, cuando se dejó sin efecto la designación de Net Broker ante Provincia ART.
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