Las organizaciones sociales opositoras al gobierno de Javier Milei, agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se declararon en “pie de guerra”. En las últimas horas, anunciaron una serie de medidas de protesta que se realizarán a lo largo de esta semana y que finalizarán el viernes 9 de mayo frente a la Secretaría de Trabajo —que depende del Ministerio de Capital Humano—. También evalúan un nuevo “plan de lucha” por las últimas medidas dispuestas por la administración de La Libertad Avanza, entre ellas la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), cuya finalidad era financiar proyectos de urbanización e integración socio urbana en los barrios más carenciados que figuran en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
En el gobierno de Alberto Fernández, el fondo estaba a cargo de Fernanda Miño, una dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que tiene entre sus principales referentes a Juan Grabois, ex precandidato presidencial de Unión por la Patria. El MTE, junto al el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otros, componen la UTEP cuyo secretario general es Alejandro Gramajo.
“Con la mesa de barrios populares que la integran organizaciones de todo tipo como UTEP, TECHO y Caritas, y otras estamos evaluando medidas contundentes para llevar adelante porque la eliminación del FISU, disposición de la que nos enteramos por el anuncio que el vocero Manuel Adorni realizó en sus redes sociales, implica definitivamente no tener una política para trabajar en la integración de los barrios populares y que posibilitaba, por ejemplo, el acceso a agua potable, a cloaca, a mejoras habitacionales”, anticiparon desde la UTEP a Infobae.
La lista de protestas callejeras de las organizaciones de ascendencia peronista comienza el miércoles 7 de mayo a las 15 frente al Congreso nacional en apoyo a los reclamos que todas las semanas realizan organizaciones de jubilados para exigir una mejora en sus haberes. A esa marcha se suman agrupaciones de izquierda y piqueteras, como el Polo Obrero y el MST. Las últimas manifestaciones terminaron en enfrentamiento entre efectivos de las fuerzas de seguridad y militantes.
Al otro día, el jueves 8, Alejandro Gramajo y otros dirigentes de la UTEP llevarán adelante una “jornada de debate” junto a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general es Rodolfo Aguiar, contra el acuerdo que anudó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se desarrollará desde las 15 en el Anfiteatro Eva Perón, ubicado en la Avenida Belgrano 2527 en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde los movimientos sociales también cuestionan la “motosierra para los pobres” que utiliza el gobierno de Milei y mencionaron que el nuevo informe elaborado por la Fundación Desarrollo Humano Integral (DHI) revela el ajuste en la asistencia social de niños y adolescentes. Un hecho que “expone el grave retroceso del gobierno nacional en materia de políticas públicas dirigidas a la niñez, la adolescencia, las familias en situación de vulnerabilidad y los trabajadores de la economía popular”.
Titulado “Niñez, adolescencia, emergencia social y economía popular: por dónde pasa la motosierra”, el documento revela cómo la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) ha sido desfinanciada y desmantelada por decisión del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello”.
El análisis advierte que el Gobierno nacional ha desmantelado iniciativas fundamentales en tres niveles:
- Políticas de atención y protección de niños, niñas, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad.
- Respuesta ante emergencias sociales, sanitarias y climáticas, así como mecanismos para cubrir necesidades básicas urgentes.
- Apoyo a la producción y comercialización de trabajadores de la economía popular.
“El Estado se está retirando de los barrios, y lo hace dándole la espalda a los más pobres y desamparados, dejando a los pibes y pibas sin su único sostén”, opinó Nicolás Caropresi, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
“La motosierra de Milei no está tocando privilegios, está desguazando políticas que protegían la vida en los márgenes. Desde la economía popular intentamos contener lo que el Gobierno abandona”, agregó el dirigente.
Marcha al ex Ministerio de Trabajo
Las protestas de la UTEP de esta semana finalizan el viernes 9 mayo. Ese día, marcharán desde las 10 de la mañana a la Secretaría de Trabajo, ubicada en la Avenida Leandro N. Alem 650 para exigirle Julio Gabriel Cordero el aumento del Salario Social Complementario, “que quedo congelado en 78.000 pesos desde el inicio de gobierno”.
Los movimientos sociales también solicitarán que el “Consejo del Salario” vuelva discutir el acople de este mismo, que se ajusta automáticamente en proporción al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Este mecanismo vincula ambos ingresos para mantener una relación proporcional entre ellos, especialmente en el marco de políticas sociales y programas de empleo.
El Salario Social Complementario fue un beneficio incluido en el programa Potenciar Trabajo, que ya fue eliminado por el Ministerio de Capital Humano por otros dos programas, y que era gestionado por el ex Ministerio de Desarrollo Social.
Su objetivo era complementar los ingresos de personas en situación de vulnerabilidad que participaban en actividades laborales, productivas o comunitarias, principalmente dentro de la economía popular. “Las políticas que anuncia La Libertad Avanza sigue confirmando la crueldad del Gobierno de seguir ajustando a los sectores populares”, sostiene la convocatoria de la UTEP a las medidas de fuerza que se realizará esta semana y las que las precederán.
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