La implementación del sistema acusatorio en los tribunales de Comodoro Py generó un fuerte rechazo por parte de varios dirigentes del Frente Renovador, quienes cuestionan la falta de recursos y planificación para su puesta en marcha. El sistema, que entrará en vigencia el 11 de agosto, asigna a los fiscales la responsabilidad de llevar adelante las investigaciones penales y establece plazos más cortos para resolver los casos, con el fin de hacer más ágil el proceso judicial.
Cecilia Moreau, diputada nacional y referente del Frente Renovador, expresó su preocupación por lo que considera una implementación apresurada. “El nuevo Código Procesal Penal Federal, resultado de un amplio consenso, debe implementarse. Pero como todo lo que hace este gobierno, lo hace mal. En las jurisdicciones donde ya se comenzó a aplicar, se encuentran colapsadas, y en las que faltan solo meses, ya advierten que será imposible hacerlo y resultará en una nueva frustración. ¿Por qué? Porque para que las cosas funcionen se necesitan recursos, y los únicos recursos que larga Economía son para pagar deuda”, afirmó Moreau. Además, la diputada exigió la suspensión de la puesta en marcha del sistema hasta contar con un plan de inversión, recursos humanos, y la constitución de la Comisión Bicameral de Seguimiento.
Por su parte, Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador y también diputado nacional, remarcó la falta de preparación para la implementación del sistema. “La justicia penal federal no puede ser otra víctima del ajuste. El nuevo Código Procesal Penal Federal es un avance necesario, pero su implementación sin recursos ni planificación lo condena al fracaso. En las jurisdicciones donde ya se aplica, el sistema está colapsado. En otras, advierten que sin inversión será inviable”, subrayó Giuliano. El legislador insistió en la necesidad de suspender la entrada en vigencia hasta contar con los elementos esenciales para su correcta ejecución.
Marcela Passo, diputada nacional por el Frente Renovador, también criticó duramente la decisión del gobierno de avanzar sin los recursos necesarios. “En tres meses comienza a regir el nuevo Código Federal Penal. No tiene presupuesto asignado, por lo tanto no se previeron recursos humanos, informáticos, ni la inversión necesaria para su efectiva implementación. La decisión del gobierno nacional de tener a la Argentina sin presupuesto 2025 tiene estas consecuencias nefastas. Un fracaso total”, expresó Passo.
Además, Mónica Litza, otra de las voces del Frente Renovador, calificó la situación de “jueguito para la tribuna” y acusó al gobierno de intentar implementar una reforma sin el respaldo adecuado. “El Código Procesal Penal Federal, que introduce el sistema acusatorio, es el resultado de un gran consenso político. Una reforma necesaria, moderna, que va a agilizar los juicios penales y hacer más eficiente la administración de justicia. Ahora el gobierno busca que entre en vigencia sin el presupuesto necesario e imprescindible. Por falta de recursos públicos, al entrar en vigencia en tres meses, la reforma se va a frustrar”, señaló Litza.
Finalmente, Micaela Moran, también diputada nacional del Frente Renovador, coincidió con sus compañeros y advirtió sobre el posible fracaso de la reforma si no se resuelven los problemas de financiación. “El sistema acusatorio en el Código Procesal Penal Federal fue una reforma necesaria y fruto de mucho trabajo para llegar a un gran consenso político. Uno de los objetivos principales fue agilizar los juicios penales y hacer más eficiente la administración de justicia. El gran problema que se presenta ahora es que cuando entre en vigencia no hay inversión pública que lo respalde y perderemos una oportunidad valiosa. Indefectiblemente, la reforma va rumbo al fracaso”, afirmó Moran.
El mensaje de los dirigentes del Frente Renovador se suma a la nota que enviaron los nueve fiscales federales de primera instancia de Comodoro Py al procurador Eduardo Casal, donde criticaron al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, por avanzar con la aplicación del nuevo sistema acusatorio “sobre la base de decisiones unilaterales y no coordinadas institucionalmente” y advirtieron sobre un déficit de recursos que podría hacer fracasar el sistema.
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