La Cámara de Diputados se dispone a analizar modificaciones en su reglamento interno. El debate se centrará en ajustar el uso de las denominadas “cuestiones de privilegio”, un recurso que permite a los legisladores denunciar violaciones a sus fueros, pero que, en la práctica, ha derivado en extensos discursos políticos y uso discrecional del tiempo. Y, además, en fuertes enfrentamiento entre la presidencia de la Cámara y los legisladores.
Este jueves, la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, presidida por la diputada del PRO Silvia Lospennato, comenzará a discutir en una reunión que tiene carácter informativo cuatro proyectos que buscan regular este mecanismo.
El uso de las cuestiones de privilegio ha sido objeto de críticas debido a su desvirtuación. Aunque su propósito original es proteger los derechos parlamentarios, muchos legisladores lo han utilizado para abordar temas ajenos al Congreso, como problemáticas locales de sus distritos. Esto ha generado sesiones prolongadas y, en ocasiones, ha superado el tiempo dedicado al tratamiento de leyes. Un diputado libertario expresó su descontento al señalar que algunos legisladores emplean este recurso “para grabar discursos que luego son difundidos en medios locales”, mientras otros desconocen su verdadero propósito.
El debate sobre estas modificaciones no es nuevo, pero los recientes episodios en las sesiones han acelerado su tratamiento. Este contexto ha llevado a varios diputados a considerar que un cambio en el reglamento podría otorgar a la presidencia de la Cámara un mayor control sobre el desarrollo de las sesiones que este comienzo de año mostró que se están volviendo cada vez más confrontativas, tanto entre los bloques como adentro de cada uno de ellos.
Entre los proyectos que se discutirán, destaca el presentado por Lospennato, quien propone establecer límites de tiempo para las cuestiones de privilegio según el tamaño de los bloques legislativos. De acuerdo con esta iniciativa, los bloques con más de 20 miembros dispondrían de un máximo de 20 minutos, mientras que aquellos con hasta tres diputados tendrían un límite de cinco minutos.
Existe otro proyecto impulsado por el diputado del PRO, Martín Maquieyra, que cambia las cuestiones de privilegio por “cuestión de garantías”. Este cambio que propone es que cada legislador va a contar con 3 minutos, pero que tiene que “identificar” al autor de la vulneración y una definición exacta de la conducta. El problema que presenta este es que el diputado que lo solicite su argumento se tiene que enmarcar dentro de la normativa de las cuestiones de privilegio, lo que podría generar un nuevo debate respecto de si las cumple o no.
Los libertarios también están interesados en cambiar el reglamento y tienen un proyecto en el que básicamente desplazan las cuestiones de privilegio, que hoy son en la previa al inicio del debate de las leyes, al final de las mismas. Es decir, que sólo se podrán hacer una vez que se termine de votar la ley en cuestión. Esto también presenta el problema que, como suele suceder, el bloque que se imponga en el debate de la norma o que sepa que va a ser el blanco de las cuestiones de privilegio se retire del recinto.
El cuarto proyecto de ley que se comenzará a debatir en la Comisión es de la Coalición Cívica. En este caso no se refiere a las cuestiones de privilegio, sino que busca establecer conflictos de intereses. El proyecto, que lleva la firma de los seis integrantes del bloque, establece que los diputados tengan que comunicar “posibles conflictos de intereses con los proyectos incluidos en las sesiones”.
Con la presencia de cada vez más representantes cuya vida laboral previa fue en el sector privado, el proyecto lo que busca es que los diputados comuniquen a la Cámara si tienen algún tipo de nexo con los temas a tratar. Esto es consecuencia que los antecedentes laborales no figuran en las declaraciones juradas que tienen que presentar los legisladores porque están en un anexo que es reservado.
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