El juicio por pedofilia contra el ex diputado misionero Germán Kiczka comenzará a fin de mes

Las audiencias del juicio contra Germán Kiczka y a su hermano mayor Sebastián, acusados por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), empezarán el lunes 31 y se espera que la sentencia se conozca el miércoles 16 de abril.

El caso se inició con una investigación a nivel internacional que tuvo en la ciudad de Apóstoles una de sus terminales. Las sospechas y pruebas apuntaron primero al mayor de los hermanos y luego se extendieron hacia el ex diputado de Misiones.

El Tribunal Oral I de Posadas será el responsable de juzgar la conducta de los hermanos. Las audiencias comenzarán el lunes 31 de marzo a las 8:30 de la mañana. Se utilizará el salón de usos múltiples de la Justicia de la capital misionera.

Teniendo en cuenta la gravedad y particularidad de lo que se ventilará en la audiencia, y a fin de preservar a las víctimas de los delitos, el Tribunal resolvió que solo serán públicas la primera y la última jornada. En la del 31 se procederá a la apertura y lectura del requerimiento de elevación a juicio. En la del 16 de abril se concretará la formulación de alegatos y dictado del veredicto.

En el interín, los días 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15 de abril se presentarán las pruebas y testimonios.

Los hermanos llegarán al juicio con estrategias distintas. Germán tiene como abogado a Gonzalo de Paula, quien estuvo vinculado al caso desde el primer momento. Sebastián, por su parte, abandonó el patrocinio de este letrado y optó por Eduardo Paredes como su defensor.

Ambos están detenidos en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul desde septiembre del año pasado. Allí fueron trasladados por orden del juez Miguel Faria, tras la primera indagatoria en la que se negaron a declarar.

Antes habían estado alojados en una dependencia carcelaria de Apóstoles, localidad de donde son oriundos. Allí habían sido llevados luego de que los capturaran tras la fuga que, cada uno por su cuenta, protagonizaron.

Cuando Faria dictó la orden de detención contra ellos, hacía varios días que no se los veía en los lugares habituales. Germán fue hallado el 28 de agosto en un complejo de cabañas de la localidad correntina de Loreto, a 200 kilómetros de Apóstoles. Dijo que había ido allí a meditar. Se declaró perseguido político.

El partido al que pertenece, Activar, fue creado por Pedro Puerta. Formó parte de Juntos por el Cambio. Pero tras la victoria de Javier Milei pasó a integrar el espacio libertario. Pedro es hijo de Ramón Puerta, ex gobernador y presidente interino y, además, enemigo íntimo de Carlos Rovira, el hombre fuerte del gobernante Frente Renovador de la Concordia. La legislatura misionera expulsó por unanimidad a Germán el 12 de septiembre.

Sebastián cayó 24 horas más tarde que su hermano. Estaba en San Juan de la Sierra, localidad misionera ubicada a 30 kilómetros de Apóstoles.

La investigación que los involucra comenzó el 16 de enero de 2024. Fue a partir de un correo electrónico enviado a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) por Tom Farrel, director de Innovación de la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition - CRC).

Farrel relató que en coordinación con el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (Imec, por sus siglas en inglés), CRC estaba trabajando en la operación denominada “Guardianes de la Niñez”. El objetivo era identificar a víctimas de abuso sexual en línea y presuntos agresores que comparten material de este tipo. Se adjuntaron las direcciones IP involucradas en los hechos ubicadas en la Argentina. De esta manera llegaron hasta el domicilio del diputado misionero y a su hermano.

En la causa se reveló que entre el 2 de diciembre de 2023 y el 10 de enero del ‘24, el legislador provincial habría descargado y compartido 603 archivos de videos y fotos de explotación sexual infantil. También se comprobó que distribuyó “imágenes de prácticas zoofílicas” que involucran a menores de 13 años.

El Código Penal establece una pena en expectativa de entre 3 y 6 años para quienes incurran en los delitos de tenencia y distribución de MASI.