Introdujeron cambios a la Ley Nacional de Turismo para fomentar las inversiones: qué programas disolvieron

El Gobierno nacional introdujo cambios en la Ley Nacional de Turismo para fomentar la llegada de nuevas inversiones. En este contexto, disolvieron una serie de programas y modificaron deberes y facultades de la Secretaría de Turismo.

Los cambios se hicieron efectivos mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 216/2025, mediante el cual disolvieron el Comité Interministerial de Facilitación Turística, que se encargaba de coordinar las acciones administrativas entre las diferentes entidades públicas relacionadas con el turismo. Con respecto a este punto, destacaron que, “en particular, corresponde suprimir las responsabilidades vinculadas al desembolso de recursos para el incentivo al turismo y el Plan de Turismo Social y disolver el Programa Nacional de Inversiones Turísticas”.

En consecuencia, otro de los planes eliminados es el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, destinado a financiar proyectos e inversiones de interés turístico a nivel nacional​. Entre sus argumentos, el Ejecutivo sostiene que “las características de la actividad turística exigen que el Estado nacional organice los recursos que vincula a su desarrollo con capacidad para atender rápidamente a los cambios del mercado y a los nuevos entornos y desafíos que se planteen, a la vez que genere las condiciones para el desarrollo de las iniciativas e inversiones del sector privado sin interferencias que alteren las reglas de juego de los actores”.

Por esto mismo, consideraron necesario “orientar y enfocar la organización pública vinculada a la actividad turística a la función esencial de promoción de la inversión en el sector y el fomento de su desarrollo”.

En este contexto, plantearon también que “es necesario atender con criterio federal las incumbencias locales y regionales en la materia, eliminando cualquier previsión normativa que a través de la asignación de responsabilidades a la autoridad nacional avance sobre las competencias de las jurisdicciones en la materia y sobre las iniciativas privadas de promoción de la actividad”.

Por esto mismo, modificaron los deberes y facultades de la autoridad de aplicación, que en este caso sería la Secretaría de Turismo. De esta manera, los deberes se enfocan en promover la inversión en el sector turístico, planificar de manera federal y coordinar la promoción turística tanto dentro del país como en el exterior, entre otras tareas. Por ejemplo, una de las obligaciones que establece el decreto es la de “coordinar, incentivar e impulsar las acciones para la promoción turística de nuestro país tanto a nivel interno como en el exterior”.

Mientras tanto, como nuevas facultades, indicaron que la autoridad podrá gestionar acuerdos con provincias, municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promover incentivos para la inversión en turismo, y celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, entre otras responsabilidades. “Diseñar y llevar a cabo campañas de marketing y promoción del turismo a nivel interno, utilizando los medios de comunicación gestionados por la Autoridad de Aplicación y/o aquellos que no generen ninguna erogación al Estado nacional”, fijaron como una de las facultades.

“Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas de fomento, desarrollo, investigación, promoción, difusión, preservación y control en la parte de su competencia, de la actividad turística en todo el territorio de la República Argentina, otorgando beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares a los de la actividad industrial”, ordenaron.

El Gobierno enmarca su decisión en lo estipulado en el decreto 70/23, en el que se estableció la promoción de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo.

En este marco, señalaron que “no corresponde mantener aquellas asignaciones de responsabilidades que no hacen a las funciones del gobierno y que legitiman mecanismos de intermediación en la asignación de subsidios, que se persigue erradicar en orden a instaurar incentivos a la mejora de la productividad y la competitividad en los diversos sectores de la economía”.