El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, le elevó este martes al fiscal Fernando Soto un pedido de detención de 29 barras bravas que participaron de los desmanes del pasado miércoles durante la tradicional marcha de los jubilados al Congreso, que contó esta vez con una gran cantidad de simpatizantes de clubes de fútbol que se convocaron a través de las redes sociales.
“Tenemos pruebas y las presentamos. Le pedimos al fiscal la detención de estos 29 barras bravas violentos que atacaron al Congreso y a nuestras Fuerzas con palos, piedras y armas”, apuntó Bullrich desde su cuenta de X. La funcionaria acompañó su posteo con un video que muestra los rostros de cada uno de los señalados por el Gobierno.
Según indica el texto presentado, en el material audiovisual recolectado por el ministerio, “se observa en algunos casos a las personas que luego son identificadas ejerciendo actos de violencia, arrojando piedras y atentando contra las Fuerzas de Seguridad”.
Asimismo, se indicó que para la identificación de los barras la Policía Federal Argentina empleó distintas técnicas y, fundamentalmente, el sistema “LUNA”, de reconocimiento facial. Ese software especializado toma las imágenes del rostro de una persona y realiza búsquedas comparándolas con imágenes en las bases de datos de fuente abierta, y arroja coincidencias. Luego, un experto en análisis forense facial, analiza el rostro y determina si hay características o rasgos coincidentes entre ambas comparaciones. Con ello, se realiza una investigación para obtener una mayor cantidad de material indubitable de cada persona identificada.
La cartera conducida por Bullrich presentó además material fotográfico y fílmico, incluyendo tomas realizadas desde drones.
Desde el ministerio, identificaron a 29 hombres como barras bravas que causaron destrozos el pasado 12 de marzo: Antonio Bernardo Colella; Fabio Darío Abandillo; José Antonio Pavón; César Rodrigo Sánchez; Francisco López Deluca; Juan Pablo Maximiliano Luján; Pablo Melo; Emanuel Andrés Diaz; Pablo Francisco Irigoyen; Pablo Alberto Campo; Roberto Nahuel Soler; Horacio Oscar Riquelme; José Roberto Busto; Ricardo Arturo Bouchet; José Humberto Graciano Menéndez; Lucas Miguel Alejandro Cardozo; Víctor Hugo Avellaneda; Gabriel Leonardo Cañete; Diego Javier Mendoza; Fernando Damián Páez; Rubén Eduardo Alegre; Claudio Gastón Sosa; Balbino Castro; Elías David García; Juan Marcelo Cabrera; Maximiliano Hernán Juliani; Nicolás Nieva; Gonzalo Damián Gramajo; y Sergio Gustavo Denus.
El pedido incluye tres objetivos. El primero es que la Justicia tenga en cuenta el material de prueba presentado. Además, se requiere “la detención de las personas que surgen como posibles imputados de los hechos de autos”.
Finalmente, se exigen informes urgentes para dar con los domicilios de cada uno de los hinchas, a fines de que “se ordenen allanamientos para lograr obtener pruebas que vinculen a los imputados con asociaciones ilícitas (organizaciones de barras bravas) y crimen organizado”.
La difusión de este documento llegó 24 horas antes de una nueva marcha de jubilados al Congreso, con varias organizaciones que prometieron unirse, tras la presencia de las barras bravas de varios clubes de fútbol la semana pasada.
En medio del caos y la violencia, el pasado miércoles quedó al borde de la muerte Pablo Grillo, un reportero gráfico que, mientras trabajaba en forma independiente, recibió en la cabeza el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno y sufrió pérdida de masa cerebral. Este martes, continúa internado en el Hospital Ramos Mejía, con pronóstico reservado, aunque mostrando leves mejoras, según le informó a la prensa su padre, Fabián, en la puerta del centro de salud.
En las últimas horas, a Pablo Grillo “le hicieron una ventana de sedación”, según contó su padre, y el joven movió las manos y sus pies, aunque dentro de un cuadro que aún “es grave y con riesgo de vida”.
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