El Gobierno emitió una publicación en donde oficializó la reconfiguración de la estructura del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un organismo que a mediados del 2024 pasó a estar bajo la órbita del Ministerio de Economía. De esta manera, la Resolución 58/2025 determinó cómo quedará conformado el Comité Ejecutivo del Fondo y quién lo presidirá.
El texto publicado este viernes en el Boletín Oficial, designa en su artículo 1° a los representantes de las diferentes áreas que conformarán el Comité, creado en 2019 mediante decreto. “Estará integrado por los titulares de la SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA —a cargo de Sebastián Pareja— de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de la Dirección de Fortalecimiento Barrial y Comunitario de la SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA y de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con carácter “ad honorem”, describe el texto.
Este organismo clave en la política de regularización y desarrollo de barrios populares en Argentina, tiene como finalidad financiar proyectos de integración socio-urbana en los 6.467 barrios más vulnerables registrados en el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Socio-Urbana). Su función es canalizar recursos para la ejecución de obras de infraestructura, acceso a servicios básicos y mejoras habitacionales. Fue creado a través del Decreto 819/2019 al final del gobierno de Mauricio Macri.
Seguidamente, en su artículo segundo, el documento nombra al “titular de la SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA”, como presidente de la comisión. En virtud de lo dispuesto, cada integrante deberá designar un suplente que reemplace al titular en caso de ausencia o impedimento, asegurando la continuidad en la toma de decisiones y deberá notificar dichas designaciones al comité.
Durante el anuncio realizado el 29 de abril del año pasado, sobre el traspaso del FISU a la cartera que conduce Luis Caputo, se anunció que el comité quedaría “integrado por los/las titulares de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, de la Subsecretaría Integración Socio Urbana y de la Agencia de Administración de Bienes del Estado”. Este procedimiento quedó oficializado en la Resolución 6/2024, como parte de las formalidades que el Gobierno debía hacer tras la disolución del Ministerio de Infraestructura y del proceso de reestructuración iniciado con el Decreto 195/2024.
Además, se eliminaron dos normativas que regulaban la conformación del comité durante el funcionamiento del ex Ministerio de Infraestructura. Se trata de las “Resoluciones Nros. 6 del 15 de febrero de 2024 de la ex SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL, HÁBITAT Y VIVIENDA del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA y su modificatoria y 6 del 25 de abril de 2024 de la ex SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL, HÁBITAT Y VIVIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA”.
Antecedentes
Según pudo saber Infobae, con el FISU se realizaron 1.278 obras de integración en barrios populares, alcanzaron 5.060 asentamientos con obras de vivienda en los que se realizaron 6.517 intervenciones por un monto de casi 500 mil millones de pesos. Fueron distribuidos en casi el 70% a “organizaciones de la sociedad civil”.
Pero a través de una auditoria que el Gobierno solicitó a comienzos del mandato de Javier Milei, el Fondo estuvo bajo investigación por irregularidades en el manejo de los fondos. Esta denuncia derivó en una imputación por parte del fiscal Carlos Stornelli, sobre el dirigente social Juan Grabois; a la militante de su espacio Ramona Fernanda Miño, que estuvo al frente de la Secretaría de Integración Socio Urbana; a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y a Jorge Miguel Tanus
La presentación señalaba que “a partir de una auditoría realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, se habría advertido que el Fondo de Integración Social Urbano (FISU), cuyo objetivo principal era el de urbanizar barrios populares, habría concretado tan solo 400 obras de las 6.517 asignadas”.
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