El Gobierno oficializó el traspaso del Fondo Fiduciario que administraban los movimientos sociales al Ministerio de Economía

El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que administraban los movimientos sociales y por lo cual fue un motivo de enfrentamiento con el kirchnerismo, pasará a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.

La decisión fue oficializada este lunes a través de la Resolución 6/2024. Allí se estableció que el Comité Ejecutivo del FISU “estará integrado por los/las titulares de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, de la Subsecretaría Integración Socio Urbana y de la Agencia de Administración de Bienes del Estado”. Se trata de una formalidad que debía suceder, ya que a principios de mes se confirmó el nuevo organigrama de Economía tras absorber secretaría que pertenecían al eliminado Ministerio de Infraestructura que comandó al principio de la gestión Guillermo Ferraro. Las áreas que fueron oficializadas en aquella oportunidad en el radio del Palacio de Hacienda son la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Concesiones.

De esta forma, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda pasó a contar con tres subsecretarías: Desarrollo Territorial; Hábitat y Vivienda; e Integración Socio Urbana.

Más allá del cambio comunicado hoy, los integrantes del Comité Ejecutivo del FISU seguirán desempeñando su rol “con carácter ad honorem”.

En efecto, la resolución contempla que el Comité Ejecutivo del Fondo de Integración Socio Urbana seguirá siendo presidido por el titular de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, uno de los principales armadores de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires durante la campaña electoral de 2023, quien tuvo un breve paso por el Senado bonaerense hasta que asumió en su actual cargo dentro de la estructura del Poder Ejecutivo Nacional.

El Fondo de Integración Socio Urbana fue creado por el Decreto 819/2019 al final del gobierno de Mauricio Macri. Su objetivo era financiar proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares que están inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y crear Lotes con servicios. Al comienzo de la era Milei, el Fondo dependía del Ministerio de Capital Humano (ex Desarrollo Social).

Administrado por los movimientos sociales, en febrero el Gobierno decretó un recorte casi total en la partida que recibían proveniente de la recaudación por el Impuesto PAIS.

Para entender el alcance de la poda hay que retrotraerse a la ley 27.541, que había destinado la transferencia del 30% de lo recaudado del tributo para financiar obras de vivienda social a través del FISU, obras de infraestructura económica y fomento al turismo.

El decreto 184/2020 dictado por Alberto Fernández definió prioridades y había establecido girar el 30% al FISU, el 65% a obras de infraestructura económica y 5% al turismo.

Con los cambios dispuestos por Javier Milei, pasó a girarse un 1% al FISU y un 94% para obras de infraestructura económica. El fomento al turismo continuó con el mismo 5% del producido.

En términos matemáticos, esto significa que del 9% del total del producido por el Impuesto País que percibían los movimientos sociales, pasaron a recibir un porcentaje testimonial de apenas 0,3 por ciento. En 2023, el monto que alcanzó fue de casi seis mil millones de pesos.

A principios de este año el FISU estuvo bajo la mira del Gobierno producto de una auditoria donde se investigó si había irregularidades en el manejo del dinero. Sin embargo, el propio Poder Ejecutivo aclaró que hasta ahora la auditoría “no encontró hechos de corrupción” al menos evidentes.

Según pudo saber este medio de fuentes oficiales, desde la creación del FISU se realizaron 1.278 obras de integración en barrios populares, alcanzaron 5.060 asentamientos con obras de vivienda en los que se realizaron 6.517 intervenciones por un monto de casi 500 mil millones de pesos, exactamente $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Fueron distribuidos en casi el 70% a “organizaciones de la sociedad civil”.

La auditoría en cuestión puso la lupa en que un gran porcentaje de las obras fueron veredas y cordones, que los contratos -como en las licitaciones de alimentos y medicamentos oncológicos- fueron dirigidos, en este caso, cooperativas vinculadas a los movimientos sociales de la UTEP.

A partir de estas investigaciones, el Gobierno decidió que se constituya el Comité Ejecutivo del FISU, presidido por Pareja, el cual hoy fue reorganizado.