
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá próximamente una nueva sede del Centro Único de Discapacidad en su edificio de la avenida Presidente Julio A. Roca 534/536.
La apertura responde a un convenio de colaboración firmado el miércoles 17 de junio entre la presidenta del organismo judicial, Karina Leguizamón, y la vicejefa del Gobierno de la Ciudad, Clara Muzzio, junto a representantes de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). El acuerdo, con una vigencia de dos años, apunta a ampliar el acceso a trámites y servicios vinculados a la discapacidad, entre ellos la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
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El acto de firma tuvo lugar en el Salón Eva Perón de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y reunió a funcionarios de distintas áreas del gobierno porteño y del Consejo. La secretaria de Administración General y Presupuesto del organismo, Genoveva Ferrero, la directora general de Responsabilidad Social del Gobierno de la Ciudad, Sofía Torroba, y el consejero Marcelo Meis estuvieron presentes. La iniciativa se enmarca en una política de descentralización de los servicios vinculados a la discapacidad, con foco en acercar la atención a vecinos que, según advirtieron los propios funcionarios, muchas veces desconocen los derechos que les corresponden.
Leguizamón subrayó durante el acto que “la temática de la discapacidad es una de las prioridades que impulsa el Consejo” y calificó el acuerdo como “un paso muy importante para seguir construyendo herramientas más accesibles y amigables para las personas con discapacidad y sus familias”. La funcionaria también señaló que el objetivo del organismo es “colaborar y aprender de quienes tienen una amplia experiencia en la materia para fortalecer el trabajo conjunto y acercar soluciones concretas a la ciudadanía”.
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Muzzio, por su parte, destacó que el proyecto “es el resultado del trabajo conjunto de muchos equipos y de una decisión clara de poner la discapacidad en agenda”. Uno de los ejes centrales que mencionó es reducir los tiempos de espera para la obtención del CUD y optimizar la atención a las familias. “Contar con el acompañamiento del Consejo de la Magistratura es muy significativo para acercar este derecho a más vecinos y vecinas”, afirmó la vicejefa de Gobierno, y agregó: “Queremos estar cerca de las personas con discapacidad y sus familias, acompañarlas y garantizar que puedan ejercer plenamente sus derechos”.

Según establece el convenio, el Consejo, a través de la Dirección General de Políticas Vinculadas a Poblaciones Vulnerables, a cargo de Juan Manuel Valdés, tendrá a su cargo la gestión administrativa y operativa de la sede. COPIDIS, en tanto, será responsable de la administración del sistema de turnos. El acuerdo busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y los estándares de calidad aplicables a este tipo de prestaciones.
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Ferrero destacó la relevancia del acuerdo para el trabajo institucional del Consejo. “Este es uno de los proyectos más importantes que estamos impulsando y nos genera una enorme ilusión poder concretarlo”, subrayó la secretaria, y añadió que detrás de la iniciativa hay “un gran trabajo de equipo y el compromiso de seguir ampliando las políticas vinculadas a discapacidad”. También advirtió sobre una dimensión territorial del problema: “Buscamos fortalecer la presencia en los barrios y acercarnos a aquellas personas que muchas veces desconocen los derechos que les corresponden, porque todavía existe una gran necesidad de acompañamiento e información”.
En esa misma línea, Torroba señaló que el objetivo del trabajo articulado apunta a que las personas “tengan una experiencia más ágil y eficiente al momento de acceder al Certificado Único de Discapacidad y a los derechos vinculados al mismo”. La funcionaria también puso el acento en la zona sur de la Ciudad como área de alta demanda: “La necesidad es muy grande, especialmente en esa zona, por eso resulta fundamental acercar estos servicios y brindar respuestas integrales que permitan resolver distintas necesidades en un mismo espacio”.
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Valdés cerró el acto con una reflexión sobre el recorrido institucional y los desafíos pendientes. “En los últimos años logramos darle centralidad a la temática de discapacidad y ampliar las herramientas destinadas a garantizar derechos para este sector de la población”, afirmó el director general. No obstante, reconoció que “todavía muchas personas desconocen los derechos que tienen y allí es donde debemos redoblar los esfuerzos”.
Para Valdés, la nueva sede representa una oportunidad concreta de acercar “información, acompañamiento y oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”.
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