Un estudio jurídico con profesionales argentinos radicado en los Estados Unidos realizó una presentación judicial en la que denunció una maniobra que incurrió en una presunta “operatoria criminal” y que involucraría al presidente Javier Milei, tras la difusión de la criptomoneda $LIBRA, que luego del impulso que obtuvo de parte del jefe de Estado Argentino fue liquidada y generó un revuelo con repercusión internacional por los inversores que perdieron su dinero.
Según explicaron a Infobae los accionantes, la misma presentación fue elevada al Departamento de Justicia y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus iniciales en inglés). Ambos organismo tendrán un plazo de 6 meses para determinar si el caso sigue su trámite judicial.
La presentación en tierras norteamericanas se conoció este lunes 17 de febrero, tres días después del posteo publicado - y luego borrado - por el presidente Milei en su cuenta de la red social X. La concretó el estudio Moyano y Asociados, con sede en Pensilvania.
El escrito pidió la intervención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del FBI. También dio participación a la Comisión Nacional de Valores de aquel país. Allí se solicita que se investigue la presunta comisión de una maniobra ilícita que involucra al jefe de Estado argentino a raíz de la promoción del activo digital que resultó fallido, ya que perdió su valor en tiempo récord.
La denuncia sostiene que ciudadanos argentinos, estadounidenses y de otras partes del mundo fueron víctimas del delito denunciado, al enviar su dinero como inversión en la cripto promocionada. Y que en ella están representados compradores de $LIBRA tanto minoristas como de montos significativos.
Involucra también a Hayden Mark Davis, sindicado como el dueño de la plataforma y a las firmas a su nombre, que significaron la estructura mediante la que se viabilizó la operación.
“Nuestro bufete representa a inversores, en su mayoría ciudadanos de la República Argentina, que invirtieron en una criptomoneda fallida llamada $LIBRA”, introduce el escrito firmado por Mariano Adalberto Moyano Rodríguez, socio del Estudio Jurídico mencionado.
“Inicialmente, todos los inversores enviaron sus fondos, a través de la criptomoneda (USDT o Bitcoin) a una plataforma llamada Kip Protocol, para ser acreditados en www.vivalalibertadproject.com. Esta plataforma estaba basada en internet en los Estados Unidos de América, y el supuesto propietario de esta plataforma es Kip Network Inc.”, explica luego el abogado y resalta: “la empresa parece no estar funcionando en la actualidad”.
A su vez, Moyano adelanta que “ninguna de las empresas descriptas estaba autorizada a actuar como corredores, asesores financieros o agentes en nombre de los inversores, ni en la jurisdicción de la República Argentina”.
Tras esa introducción, argumenta el meollo de la denuncia: “La plataforma www.vivalalibertadproject.com, a través de Kip Network Inc., fue promovida inicialmente en una reunión que tuvo lugar en Buenos Aires en octubre de 2023. Dicha reunión tuvo lugar en un hotel céntrico de Buenos Aires y participaron el actual presidente, Javier Milei, Julián Peh (propietario y accionista de Kip Protocol), Hayden Mark Davis, propietario de Kelsen Ventures, Mauricio Novelli (ciudadano argentino a cargo del vínculo entre la Presidencia de Argentina y Kip Network) y Manuel Terrones Godoy (ciudadano argentino propietario de varias plataformas digitales)”.
“Entre el mensaje inicial del Presidente hasta su declaración posterior, la cripto $LIBRA pasó de un precio de Usd 4,9 a Usd 0,25. Miles de inversores perdieron millones en un par de horas debido a esta situación”, explica Moyano en su denuncia.
“Ninguna de estas personas o entidades ha dado explicación alguna sobre la situación real de las empresas y de los fondos de los inversores”, amplía.
Finalmente, la presentación exige: “A la vista de los hechos descritos, y en nombre de los cuarenta (40) inversores a los que nuestra firma representa, solicitamos al Departamento de Justicia de los Estados Unidos una investigación en relación a la conducta de los accionistas y directivos (de las empresas involucradas), la incautación de sus fondos, y también solicitamos que se investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, ya que él la ha promocionado”.
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