
La Secretaría de Seguridad de Honduras anunció este jueves restricciones excepcionales a la circulación de personas y vehículos en los municipios de Yorito, Sulaco y Victoria, departamento de Yoro, luego de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declarara estos territorios como zonas de alto riesgo por la presencia de estructuras criminales y asociaciones terroristas.
Las medidas forman parte de una estrategia de seguridad orientada a recuperar el control territorial y localizar al presunto líder del Cártel del Diablo, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, señalado como uno de los principales objetivos de las operaciones policiales en esa región del país.
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De acuerdo con el comunicado oficial, la restricción de circulación estará vigente entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la mañana. Asimismo, quedó prohibida la circulación de dos hombres a bordo de una misma motocicleta como parte de los controles establecidos para prevenir actividades delictivas.
La Secretaría de Seguridad advirtió que quienes incumplan las disposiciones estarán sujetos a las sanciones correspondientes conforme a la legislación hondureña, sin perjuicio de otras responsabilidades penales que puedan derivarse de las infracciones.

¿Quiénes podrán circular durante las restricciones?
Las autoridades aclararon que las disposiciones contemplan excepciones para garantizar la continuidad de servicios esenciales y evitar que las restricciones afecten la atención de emergencias.
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Entre las actividades autorizadas se encuentran los servicios hospitalarios, centros de atención médica, laboratorios clínicos y veterinarios, empresas de seguridad privada, transporte de valores y traslado de alimentos, combustibles y medicamentos.
También se permitirá la circulación de los medios de comunicación y de personas que enfrenten emergencias médicas debidamente comprobadas.
La disposición incluye al personal de salud, organismos de socorro, Bomberos, Cruz Roja, Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Ministerio Público, Poder Judicial y funcionarios de las instituciones de Seguridad y Defensa Nacional, siempre que se encuentren cumpliendo sus funciones.
La institución sostuvo que las restricciones se aplicarán exclusivamente en los territorios comprendidos dentro de la declaratoria de alto riesgo.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, confirmó que las operaciones de seguridad ya entraron en ejecución en Yorito, Sulaco y Victoria, con el respaldo de las Fuerzas Armadas y unidades especializadas desplegadas en esos municipios.
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El funcionario explicó que los equipos especiales comenzaron a movilizarse hacia las zonas de Yorito y Sulaco, donde se desarrollan intervenciones con personal capacitado para operar en sectores montañosos y de difícil acceso.
Las acciones incluyen grupos con capacidades operativas adicionales y equipos tácticos especializados para enfrentar a las estructuras criminales que mantienen presencia en esos territorios.
Oseguera Mass también informó que las operaciones de seguridad se extienden a municipios aledaños del norte de Francisco Morazán, entre ellos Marale, El Porvenir, San Ignacio y Orica.
Sin embargo, aclaró que estos municipios todavía no cuentan con una declaratoria formal de alto riesgo y que las disposiciones podrían endurecerse si las autoridades consideran necesario ampliar las intervenciones.
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El despliegue policial y militar ocurre después de los cuatro hechos violentos registrados en comunidades de Yorito, Yoro, que dejaron 12 personas asesinadas, entre ellas mujeres, niños y adultos.
Los crímenes provocaron conmoción nacional y aumentaron la preocupación por las actividades del denominado Cártel del Diablo, estructura a la que las autoridades atribuyen presencia en la zona.
La Secretaría de Seguridad también mencionó entre las organizaciones que operan en los territorios declarados de alto riesgo a maras y pandillas que utilizan distintas denominaciones.
El director de la Policía advirtió que la estrategia contra estas estructuras criminales entró en una nueva etapa y recordó que las autoridades habían anunciado un período de 70 días de guerra contra el crimen, durante el cual se intensificarían las operaciones para combatir a los grupos delictivos.
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