
Mientras la CGT sigue casi sin actividad en una tregua con el Gobierno, los sindicatos educativos que integran la central obrera hicieron este miércoles una fuerte advertencia al oficialismo: “Estamos a horas del inicio de clases y todavía no hubo una convocatoria a la negociación salarial a nivel nacional”, afirmó el secretario de Políticas Educativas cegetista, Sergio Romero (UDA).
“No nos vamos a a hacer responsables si vamos a un conflicto porque hay un solo responsable, que es el gobierno nacional -enfatizó el líder gremial-, pero seguiremos trabajando con los sindicatos docentes que integran la CGT para buscar una salida a las grandes necesidades que tiene el sistema educativo y a las profundas carencias que tiene el salario de los educadores en nuestro país”.
El sindicalista habló con Infobae tras una reunión que mantuvo en la sede de Azopardo 802 con otros dirigentes del sector, Sara García (AMET) y Fabián Feldman (CEA), en donde analizaron la situación salarial de los docentes, cuyo sueldo mínimo se mantiene en $420 mil desde el 22 de agosto pasado y es una cifra que, como indicó Romero, “se encuentra por debajo de la línea de indigencia”.

“Nos juntamos en la CGT porque es el respaldo que tiene esa casa histórica hacia los trabajadores y debatimos sobre la crisis que atraviesa el sistema educativo argentino -destacó el dirigente gremial-. Nos preocupa mucho lo perversa que es la política actual hacia los trabajadores de la educación. Tener salarios que están en la indigencia no habla mal sólo hacia adentro del país sino también hacia el exterior. Casi no hay salarios de esta naturaleza en toda América Latina”.
De todas formas, Romero dijo: “Tenemos que construir de manera conjunta. El Gobierno tiene que permitir que los representantes de los trabajadores le hagamos sugerencias para poder salir de esta crisis, en donde, los salarios bajos se suman a los problemas que genera una infraestructura escolar deficiente a pocas horas del inicio de las clases en la mayoría de las provincias, que obliga a los docentes a que hagan frente a la desatención que está teniendo el sistema educativo nacional”.
Fuentes oficiales, por su parte, admitieron a Infobae que “aún no hay una fecha prevista” para que se reúna la paritaria nacional docente, que fija el piso salarial para los trabajadores del sector, aunque estimaron que la situación “no derivará en un conflicto” que impida comenzar las clases.

Mientras, desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que lidera Sonia Alesso, alineada con el kirchnerismo, sostuvieron que la convocatoria oficial “se produciría la próxima semana” y advirtieron que, si no se concreta, realizarán una reunión de secretarios generales que integran la entidad para definir los pasos que se seguirán.
La última deliberación de la paritaria nacional docente fue en agosto pasado, pero el aumento correspondiente al período abril-julio fue fijado por el Gobierno luego de la falta de acuerdo en la Comisión Negociadora del Convenio Marco y originó el rechazo de los gremios del sector.

En concreto, la Secretaría de Educación de la Nación estableció el salario mínimo docente para el cargo de maestro, jornada simple, sin antigüedad o equivalente en horas cátedra, cuyo monto quedó definido de la siguiente manera: desde el 1º de abril de 2024, $380.000; desde el 1° de mayo de 2024 $400.000, y desde el 1° de julio de 2024 de $420.000. Con estos montos establecidos, el Gobierno realizó las transferencias a las provincias que integran el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, que contempla la Ley N° 26.075.
La Comisión Negociadora del Convenio Marco está conformada por la Asociación del Magisterio De Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), La Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Unión Docentes Argentinos (UDA), en representación de los gremios. A su vez, en representación del Estado nacional, la mesa se completa con los representantes de las secretarías de Educación y de Trabajo, dependientes del Ministerio de Capital Humano, al igual que del Comité Ejecutivo Ampliado del Consejo Federal de Educación.
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