Intendentes del PJ bonaerense rechazaron la presión de Caputo para eliminar el cobro de la tasa vial

La avanzada del Gobierno a través del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para que las provincias insten a los municipios a derogar las tasas municipales cuyo valor “no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio”, encontró el rechazo de un grupo de intendentes del conurbano bonaerense enrolados en el peronismo. Los dirigentes locales salieron a cuestionar la nota donde Economía le solicitó a las provincias “que implementen medidas para que sus municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las ‘Tasas municipales’, de aquellas que su valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio, caracterizándose por ser ilegales y arbitrarias, e incumplen la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales”.

La batalla impositiva no es nueva, pero este miércoles sumó un nuevo capítulo cuando la cartera que comanda Caputo informó sobre la decisión de elevar el pedido a las 23 provincias del país. En septiembre del año pasado, la Secretaría de Comercio dispuso mediante la Resolución 2024-267 que las facturas de servicios esenciales deben limitarse exclusivamente a la descripción y el precio del servicio contratado por el consumidor. Esta normativa prohibió explícitamente la inclusión de cargos que no estén directamente relacionados con la naturaleza del servicio ofrecido. La medida del gobierno de Javier Milei apuntó a regular un esquema que, hasta ahora, era utilizado por diversas intendencias para incorporar en las facturas montos destinados a sostener el margen de cobrabilidad de los impuestos locales. Algunos intendentes fueron la Justicia y consiguieron cautelares a favor en las que se le permitió seguir aplicando tasas locales en las boletas de los servicios públicos o incluso con la compra en algunos comercios como en cadenas de hipermercados o en la carga de combustible, con la llamada Tasa Vial.

La nota que elevó Economía a las provincias días atrás tiene como objetivo reforzar la resolución emitida el año pasado. Según declaraciones de Economía, “el ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria por parte de los municipios perjudica los esfuerzos del Gobierno Nacional para contener la presión tributaria”. Además, señalaron que estas prácticas impactan negativamente en los costos de bienes y servicios, lo que dificulta una mayor reducción de la inflación a nivel nacional y afecta tanto a los ciudadanos como a las distintas jurisdicciones.

“Seguimos dando la batalla contra el atropello de los intendentes que abusan de sus vecinos”, planteó Caputo al momento de anunciar la decisión de su ministerio de elevar la comunicación hacia las 23 provincias para que intervengan en la política impositiva de sus municipios.

Ante la decisión del Gobierno de volver a poner en agenda el tema, los intendentes del PJ con influencia en la provincia de Buenos Aries, levantaron la guardia. Al rechazo de la decisión de Economía, también reclamaron la finalización de la obra pública paralizada en sus distritos que corresponde a la Nación.

“Caputo: sacá el 12% del impuesto a los combustibles y nosotros sacamos el de los municipios, que es en torno al 1%. Y, de paso, autoricen la finalización de la estación de tren de Quilmes, que tiene un 70% de avance y es una obra trascendental para nuestra gente y nuestra ciudad”, sostuvo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que también cuestionó que el ministro de Economía al remarcar que “la batalla que tendría que dar, y no da, es la de la producción y el empleo: cierre de fábricas, despidos, suspensiones, vacaciones anticipadas”.

Quien también le pidió al ministro de Economía eliminar el 12% del impuesto al combustible fue el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. Asimismo, el jefe comunal del distrito de la Primera sección electoral, pidió que el Gobierno nacional retome obras de AySA en Escobar. “Hace un año que todas están paralizadas por decisión de su gobierno. Las que se reactivaron, salen de los tesoros municipales. Es crucial que se reactiven los trabajos de cloacas y agua corriente. No conozco casta que bombee agua de pozo”, advirtió.

El posicionamiento de los intendentes se replica. Juan Ustarroz (Mercedes), Damián Selci (Hurlingham), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Julián Álvarez (Lanús), Nelson Sombra (Azul), Gastón Granados (Ezeiza), Maximiliano Wesner (Olavarría), Leonardo Boto (Luján), Fernando Raitelli (Brandsen), Francisco Echarren (Castelli) son algunos de los que también se cuestionaron la decidieron de Economía.

“El 33% de lo que vale la nafta son impuestos nacionales, ministro Caputo. No mienta ni confunda a los argentinos, no los trate de tontos. De lo que la nación le cobra a los vecinos, nada reciben a cambio. En cambio, de la tasa vial municipal el 100% se utiliza para pavimentar o para reparar pavimentos. Nuestros vecinos tienen muchos más motivos para pagar tasas municipales que para pagar impuestos nacionales que hoy no le sirven para nada, porque nada vuelve como contraprestación”, detalló el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez; otro de los peronistas donde se aplica dicha tasa.

Ante algunos reveses judiciales que tuvo la resolución dictada en septiembre del año pasado por la secretaria de Comercio —para evitar que los intendentes apliquen tasas adicionales en el cobro de servicios públicos o incluso en la carga de combustible— el Gobierno ahora planteó una nueva estrategia y avanzó directo ante la Corte Suprema de Justicia.

Días atrás, el ministerio de Economía ha decidido emprender acciones legales contra el municipio de Lomas de Zamora y la provincia de Buenos Aires por el cobro de la denominada tasa vial. El objetivo, como detalló Infobae, es que se declare inconstitucional este tributo, argumentando que viola el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos establecido en la Constitución Nacional. El Gobierno considera que la tasa vial es ilegal porque grava una actividad que ya está sujeta al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), un tributo de carácter nacional. Según explicaron, la Ley de Coparticipación prohíbe a los gobiernos subnacionales imponer impuestos sobre las mismas actividades que ya son gravadas por el Estado nacional. En este caso, tanto el ICL como la tasa vial afectan el expendio de combustibles líquidos, lo que, según el planteo oficial, constituye una duplicación impositiva.

Para el Gobierno, si el máximo tribunal de Justicia hace lugar al pedido realizado contra la decisión adoptada por el distrito que gobierna el peronista Federico Otermín, la resolución podría extenderse al resto de las comunas.

En el medio de la discusión, algunos intendentes de la zona metropolitana y cercanos políticamente al Gobierno nacional decidieron no aplicar la tasa vial, como es el caso de Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Ramón Lanús (San Isidro), Marcelo Matzkin (Zárate) o Jaime Méndez (San Miguel). También la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, dispuso en diciembre del año pasado eliminar la tasa vial que se aplicaba en su distrito.