Ya no son días, sino sólo algunas horas. Los integrantes de la comunidad mapuche que en plena pandemia por Covid 19 invadieron de forma violenta dependencias de Parques Nacionales, e incluso avanzaron sobre otros espacios públicos y privados en Los Alerces, deberán abandonar el lugar por sus propios medios o se ejecutará la orden de desalojo que dispuso el juez federal Guido Otranto.
El 2 de enero pasado, un oficial de justicia acompañado por miembros de la Policía Federal notificó a la comunidad sobre la resolución judicial y emplazó a los usurpadores a retirarse de forma voluntaria antes del jueves 9 de enero.
El mismo día se firmará el acta de restitución de las tierras a Parques Nacionales. El presidente de la Administración de ese organismo, Cristian Larsen, participará del procedimiento junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres quien ya está en la zona.
Se cree además que titular de la cartera nacional de Seguridad, Patricia Bullrich, también podría presenciar el desalojo. Durante el viaje al sur, la funcionaria también mantendría reuniones con el Comité de Emergencia que combate el incendio del Parque Nacional Nahuel Huapi desde el 25 de diciembre.
“Ya no es problema nuestro”
Los abogados de la comunidad mapuche toman distancia de la actitud que puedan adoptar los acusados en relación al desalojo. “Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Ellos (los mapuches) sabrán si resisten y pelean, pero ya no es problema nuestro” aseguraron a Infobae integrantes de la Gremial de Abogados de la República Argentina.
Pero también cuestionaron el desalojo, ya que “aún hay cuestiones pendientes”. Es que, semanas atrás, elevaron un recurso en queja a la Corte Suprema que aún no fue resuelto. A partir de esa presentación, Otranto decidió postergar la ejecución del desalojo aunque la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia echó por tierra el planteo y aseguró que, a pesar del recurso presentado, el proceso debía continuar.
Otras comunidades de la región manifestaron en los últimos días su desacuerdo con la medida. El último sábado hubo expresiones de solidaridad con la comunidad: “No al desalojo de la Lof Paillako, basta de perseguir al pueblo mapuche” rezaban algunas de las pancartas que fueron exhibidas durante esas manifestaciones.
El grupo que lidera Ernesto Cruz Cárdenas lanzó una convocatoria para “resistir” el avance de las fuerzas de seguridad. “Convocamos a organizaciones y comunidades a expresar el rechazo al desalojo y a acompañar nuestra resistencia en el territorio” indicaron a fines de diciembre, cuando el proceso ya estaba en marcha.
El dato no fue ignorado por las autoridades judiciales aunque creen que la medida se ejecutará sin la necesidad de hacer uso de la fuerza. Sin embargo, de forma preventiva, dos unidades especiales de la Policía Federal Argentina viajaron a la zona para participar del operativo.
El dispositivo que ideó el Ministerio de Seguridad es similar al que puso en marcha en octubre de 2022, cuando se realizó el desalojo de todas las tierras ocupadas por la lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi.
El Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) y la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (DOUCAD) encabezaron el operativo. En ese entonces, los hombres que conformaban la comunidad enfrentaron a los uniformados y luego huyeron hacia una zona boscosa. Ninguno de ellos pudo ser capturado y sólo siete mujeres y varios menores fueron trasladados al centro de Bariloche.
Ambas unidades antitumulto viajaron a la provincia patagónica para intervenir, en caso de que un posible enfrentamiento. Los hechos de violencia que ocurrieron desde el inicio de la ocupación explican la magnitud del operativo previsto.
Un extenso proceso judicial
En junio de 2024, la Administración de Parques Nacionales inició el proceso administrativo para recuperar la seccional de guardaparques El Maitenal. Por indicación del juez federal, notificó a los manifestantes sobre la intención de recuperar a manos del estado esos bienes.
La usurpación afectó también el valle del Arroyo Cascada, la ex población Felidor Salinas y las nacientes del arroyo Rañinto. A través de las redes sociales, la comunidad se adjudicó el avance sobre todos sitios, sobre los que avanzó en el marco de una supuesta reivindicación territorial.
Cruz Cárdenas, su pareja y los demás miembros de la Lof Paillako ignoraron el reclamo. Luego, cuando el caso cayó en manos del juez, utilizaron todos los recursos posibles para tratar de permanecer en el territorio. Se respaldaron en la controvertida ley 26.160 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) e hicieron foco en la finalización del fallido relevamiento territorial.
Apelaron las resoluciones judiciales e incluso, en las últimas semanas, elevaron un planteo a la Corte Suprema de Justicia.
Otranto, en agosto pasado, hizo lugar al pedido de desalojo que propuso Parques Nacionales y dispuso la expulsión de Cruz Cárdenas, Salinas y de otros ocupantes ocasionales del territorio.
Cuando se concrete el desalojo, el gobierno nacional prevé un acto de “recuperación de la soberanía” y el reemplazo de la “Wenufoye”, insignia tradicional mapuche, por la Bandera Argentina.
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