Límites a las faltas en comisiones y huella dactilar: las medidas de Diputados para regular la jornada laboral

En un intento por reforzar el control sobre la asistencia y el cumplimiento de horarios, la Cámara de Diputados de la Nación ha establecido un sistema obligatorio de registro de huellas dactilares para sus empleados. Esta medida, que forma parte de un decreto presidencial firmado por Martín Menem, busca garantizar que los trabajadores cumplan con las 35 horas semanales estipuladas en sus contratos laborales.

El decreto, fechado el 3 de enero, establece que los empleados deberán cumplir jornadas de siete horas diarias, distribuidas en dos turnos: mañana y tarde. El inicio y finalización de la jornada serán registrados mediante un sistema de huella digital y cualquier incumplimiento en el horario será descontado del presentismo. Además, el documento oficial aclara que solo se computará como tiempo laboral el período en el que el empleado permanezca efectivamente en su puesto de trabajo.

De acuerdo con el decreto, todos los agentes deberán registrar sus huellas dactilares ante el Departamento de Asistencia y Control de Acceso, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos. Este registro, junto con la credencial magnética de acceso proporcionada por el mismo departamento, permitirá al sistema confirmar la asistencia y habilitar el ingreso y egreso de los trabajadores.

Otro aspecto relevante de la normativa es la regulación de las comisiones de trabajo. Según la norma, los requerimientos de comisiones serán cargados automáticamente en el sistema SARHA, siempre que no excedan de dos por mes y cuenten con una justificación suficiente. En caso de superar este límite, será necesaria una autorización expresa de la Secretaría Administrativa, previa presentación formal ante la Dirección General de Recursos Humanos. Este trámite deberá ser gestionado por el responsable primario de la dependencia o del bloque político correspondiente, ya que las comisiones de trabajo se consideran excepcionales.

La medida también establece que, en caso de que un trabajador deba ausentarse por solicitud de un diputado o del presidente de una comisión, serán estos últimos quienes deberán certificar la ausencia ante Recursos Humanos. Asimismo, las salidas transitorias por motivos personales, como trámites o visitas médicas, deberán ser autorizadas por Recursos Humanos y estarán limitadas a un máximo de dos por mes.

Aunque desde la Asociación de Personal Legislativo aseguraron que estas disposiciones no representan un cambio significativo respecto a las prácticas laborales previas, la fecha de publicación del decreto generó malestar entre los empleados. Según consignó Infobae, los trabajadores expresaron su descontento porque la medida fue anunciada en enero, un mes en el que la mayoría se encuentra de vacaciones.

Fuentes gremiales del Congreso explicaron que el objetivo principal de estas resoluciones es reducir las ausencias injustificadas y garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales. Sin embargo, el momento elegido para implementar estas medidas ha sido motivo de críticas, ya que muchos empleados consideran que no tuvieron oportunidad de participar en el proceso de discusión o implementación.

En este contexto, la Cámara de Diputados busca equilibrar el cumplimiento de las normativas laborales con las necesidades operativas del cuerpo legislativo. Las nuevas disposiciones, aunque polémicas por su momento de implementación, refuerzan el control sobre la asistencia y el tiempo efectivo de trabajo, aspectos clave para el funcionamiento de una institución de esta magnitud.

El 6 de junio pasado, el Senado activó una resolución para que, a partir de agosto o septiembre próximos, la planta permanente y un sector de los trabajadores temporarios estén obligados a marcar su asistencia. Cerca de 1500 empleados de diferentes reparticiones de la Cámara alta comenzaron a hacerlo y, según pudo averiguar Infobae, ya se ausentaron 200.

De dicha cifra, alrededor de 140 agentes incumplieron el trámite sin justificación, mientras que unas 70 fundamentaron su inasistencia. Es decir que entre un 8-10% de los involucrados no argumentó su ausencia.