El Gobierno prorrogará 40 mil contratos de estatales hasta fines de marzo, pero les tomará examen de idoneidad y hará una revisión área por área

Los contratos de unos 40 mil empleados del Estado serán prorrogados por el Gobierno hasta el 31 de marzo. En ese lapso, todos deberán aprobar los exámenes de idoneidad para continuar en sus puestos de trabajo, siempre y cuándo los responsables de cada área los consideren necesarios para esas labores. Si pasan esa instancia podrán acceder a un vínculo más extenso hasta finales de 2025.

Se trata de quienes tienen un convenio encuadrado en el artículo 9 de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y que se vencieron el último 31 de diciembre. Es el personal contratado por un tiempo determinado para la prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales que no están incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente.

Desde que asumió en diciembre de 2023, Javier Milei se propuso reducir la dotación del Estado. Por eso, al llegar a la Casa Rosada eliminó ministerios y secretarías y dejó sin efecto los ingresos que se habían producido durante el último año de la gestión de su antecesor, Alberto Fernández. Luego impuso revisiones cada tres meses, con las que fue recortando recursos humanos.

De acuerdo a los datos que proporcionó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hasta fines de noviembre se produjo la desvinculación de 35.936 trabajadores, de los cuales 21.408 eran de la administración centralizada y descentralizada, otros 2.577 personal militar y de seguridad y 11.951 de las empresas del Estado.

Sturzenegger fue el encargado de poner en marcha los exámenes de idoneidad, una evaluación de competencias básicas que se volvió un requisito obligatorio para renovar los contratos. El test se divide en tres niveles, según el tipo de tareas realizadas: servicios generales, administrativos y profesionales.

El ministro informó que hasta mediados de diciembre 9.000 empleados completaron la prueba, con una tasa de aprobación del 95% en el primer intento. Los evaluados cuentan con tres chances para aprobar, aunque una mayoría significativa lo logró en el primer intento. Luego, los responsables de cada organismo público decidirán si son necesarias sus prestaciones.

Además, en el ministerio de Desregulación se comenzaron a desarrollar políticas adicionales para optimizar la administración pública. Por ejemplo la creación de un sistema de premios para las áreas que logren ahorrar recursos del presupuesto asignado.

Por otro lado, se contempló la posibilidad de renegociar más de 50 convenios colectivos de trabajo en el ámbito estatal y reconfigurar las escalas salariales, buscando reducir las disparidades entre distintos sectores del Estado.

Fuentes gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado manifestaron igualmente su preocupación por la no renovación de contratos que se produjeron en los últimos días de diciembre. Según ATE son más de 57 mil los empleados que no pertenecen a la planta permanente, no solamente los 40 mil del artículo 9, ya que se deben contabilizar a quienes son monotributistas bajo locación de servicio y a los que dependen de los entes cooperadores, como en el caso del convenio entre el Ministerio de Justicia y la Asociación de Concesionarios del Automotor de la República Argentina (ACARA).

En Justicia se decidió terminar con este convenio y 2.400 personas se quedaron sin su trabajo. Muchos están relacionados con tareas en áreas de la Secretaría de Derechos Humanos que funcionan en la sede de la ex ESMA, como el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria.

ATE también registró más de 200 despidos en la obra social de la Fuerzas Armadas, IOSFA, y en las últimas horas le llegaron los telegramas a 20 trabajadores de Parques Nacionales.

En una de las últimas medidas de 2024, el Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen de contrataciones para el sector público. De esta manera, estableció una serie de prohibiciones para realizar designaciones, fijó la duración máxima de los contratos y confirmó que toda persona empleada en el sector público deberá acreditar la aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias.

A modo de resumen, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, señaló que el Decreto 1148/24 que firmó el presidente Milei estipula que, “en 2025, cualquier alta de personal en el Estado solo será posible si por cada una el área hubiera verificado 3 bajas previas. La motosierra continúa”.

El pedido de designación deberá ser validado por la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público de la Secretaría de Transformación del Estado.

Mediante la otra normativa, en el decreto 1149, especificaron los criterios que deberán seguirse para proceder con una contratación de personal bajo el régimen de empleo y dispusieron que los contratos no pueden durar más de 6 meses.

Así, plantearon que “el personal deberá acreditar la aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias durante el mes de diciembre de 2024, de conformidad con los alcances y condiciones previstos en la Resolución de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado N° 26 del 4 de diciembre de 2024″.