Modificaron el régimen de contrataciones de asesores y consultores en la administración pública

El Gobierno hizo oficial este viernes una nueva medida que limita las contrataciones en la administración pública de asesores y consultores, lo que significa otro avance de la motosierra sobre el Estado.

La medida se hizo oficial a través de la Resolución 30/2024 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, donde se reemplazó a la medida 729 que fue publicada en 2017, bajo la administración de Mauricio Macri.

Este nuevo marco reemplaza las disposiciones de los Anexos I y IV de la Resolución 729/2017, ajustándose a los lineamientos del Decreto 585/2024, cuyo propósito principal es modernizar el empleo público en un contexto de profunda transformación administrativa. De esta manera, la normativa redefine los criterios aplicables a la contratación de consultores, asesores y asistentes, optimizando la selección y gestión de personal que participa en programas o proyectos especiales.

El texto establece requisitos específicos para cada rol. Los consultores liderarán proyectos estratégicos en sus áreas de especialización, diseñarán planes de trabajo y desarrollarán indicadores para medir el avance de los objetivos planteados. Esta función exige una formación universitaria de al menos cuatro años y experiencia profesional que varía según el nivel de contratación, junto con la obligatoriedad de superar la Evaluación General de Conocimientos y Competencias (SEP).

En tanto, Los asesores estarán encargados de realizar diagnósticos, diseñar procedimientos y analizar información, tienen requisitos más flexibles, aceptándose títulos terciarios o incluso secundarios si están respaldados por amplia experiencia laboral avalada por informes específicos.

Por último, los asistentes brindarán apoyo técnico en tareas como análisis de datos y redacción de reportes, siendo necesaria una titulación secundaria y experiencia proporcional a la función desempeñada.

La resolución entrará en vigor desde este 27 de diciembre de 2024 y se enmarca en un período marcado por un ajuste significativo en el sector público. Según datos oficiales, desde diciembre de 2023, el Gobierno ha desvinculado a más de 34.000 trabajadores, lo que representa una reducción del 7% de la plantilla estatal.

Así, este recorte, enmarcado en las políticas de austeridad impulsadas por la gestión de Javier Milei, incluyó despidos, ceses de contratos y una restructuración general que afectó tanto a empleados permanentes como a contratados bajo distintas modalidades.

La Administración Pública Nacional (APN) fue una de las áreas más afectadas, con una disminución aproximada de 20.000 puestos, generando un ahorro de más de 3.800 millones de dólares. Entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, se observó una caída del 3,6% en los trabajadores de planta permanente y transitoria, mientras que los contratos bajo la Ley Marco y las vinculaciones LOYS (monotributistas) sufrieron caídas del 17,8% y 51,9%, respectivamente. Según el Ejecutivo, estos ajustes fueron necesarios para reducir el déficit, transparentar el gasto público y equilibrar las cuentas estatales.

El impacto de la motosierra también alcanzó a la estructura de los ministerios, que se redujeron a solo ocho, y a la eliminación de organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE). Otros entes como el Conicet, el INCAA, la Coneau, el INCUCAI y la ANMAT enfrentaron reestructuraciones que derivaron en importantes reducciones de personal. Asimismo, la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ahora denominada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), eliminó más de 3.000 cargos jerárquicos en su reorganización.

En paralelo a estos ajustes, el Gobierno implementó exámenes de idoneidad obligatorios para cerca de 40.000 empleados con contratos temporales, quienes deberán aprobar estas evaluaciones para garantizar la continuidad de sus funciones. Además, se intimó a 10.000 trabajadores de planta permanente a iniciar los trámites jubilatorios si cumplen con los requisitos, como parte de un plan general para optimizar la estructura estatal.