El Gobierno envió al Senado el pedido de ascenso de militares que estaban frenados por ser familiares de represores

En medio del receso de verano y todavía sin definiciones claras respecto de si se va a convocar o no a sesiones extraordinarias, el Gobierno envió al Senado el pedido formal de ascenso de militares que estaban frenados por ser parientes de represores,

La decisión lleva la firma tanto del presidente Javier Milei como del ministro de Defensa, Luis Petri, con fecha del 23 de diciembre, aunque ingresó a la Cámara alta tres días más tarde.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, los uniformados en cuestión están esperando desde el 2010 sus respectivas promociones.

Desde aquel año, en el comienzo de la administración de Cristina Kirchner, la entonces titular de la cartera de Defensa, Nilda Garré, a través de la Resolución 1581, pasó a retiro a decenas de militares de alto rango.

Esta medida se debió a que todos ellos tenían algún tipo de lazo sanguíneo -en general eran hijos o sobrinos- con represores o personas vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

En la Armada, los afectados fueron los capitanes de fragata Marcelo Barbich, Gustavo Barreto Neuendorf, Juan José Lucena, Eduardo Enrique Pizzagalli, Jorge Emilio Sciurano y James Ronald Whamond.

“Tengo el agrado de dirigirme en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13 de la Constitución Nacional, con el objeto de solicitarle el Acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2018 al Personal Militar Superior de la Armada Argentina”, señala la nota enviada al Senado esta semana.

De esta manera, si se aprueba la solicitud, los uniformados serán promovidos con carácter retroactivo desde el mencionado año, ya que “reúnen las condiciones exigidas por la Ley”.

En este sentido, las autoridades nacionales remarcaron en la misma notificación que “de la información suministrada por la entonces Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del ex-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes que vinculen al Personal Militar precedentemente citado con causas por violaciones a los Derechos Humanos y/o contra el Orden Constitucional".

Ya durante la presidencia de Mauricio Macri, quien fue su ministro de Defensa, Oscar Aguad, había iniciado las gestiones para dejar sin efecto la medida de su antecesora Garré.

“Es una reivindicación ante una injusticia, como lo fue dejar afuera a miembros de las Fuerzas Armadas por su apellido. Una muestra del populismo del anterior gobierno, que tomaba decisiones solo para quedar bien con sus votantes”, consideró en ese momento el funcionario, en declaraciones al diario La Nación.

Hasta ese entonces, también había uniformados perjudicados por esa decisión en el Ejército y uno solo en la Fuerza Aérea, que era el vicecomodoro médico Omar Eduardo Hermida.

En primer lugar, Aguad ordenó que se mantenga el pase a retiro de todo este personal, “debido al tiempo transcurrido”, pero al mismo tiempo dispuso que fueran ascendiendo, un proceso que se interrumpió durante la gestión de Alberto Fernández.

Para esto, había pedido que “se realice un nuevo cómputo de servicios al referido personal, reconociéndoseles el tiempo pasado en retiro como en actividad, abonándoseles la diferencia de los haberes que les hubiera correspondido percibir hasta el dictado de la presente”.

En el Ejército, los que habían quedado en esa situación eran los tenientes coroneles Marcelo Ramón Borzone, Julio Balloffet, Edgardo Calvi, Gustavo Carlos Cattaneo, Luis Alberto Cattaneo, Ramón Eduardo Centeno, Mario Alejandro Díaz, Antonio Agustín Duarte, Oscar Antonio Faisal, Marcelo Huergo, Ricardo Horacio Muñoz, Justo Daniel Rojas Alcorta, Guillermo Alejandro Saá, Ricardo Enrique Schulz, Pedro Leonardo Tagni, Jorge Luis Toccalino, Roberto Augusto Vega y Francisco Javier Canevaro.