
(Desde Washington, Estados Unidos) La embajadora Sonia Cavallo solicitó una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que el canciller Gerardo Werthein denuncie la constante violación a los tratados internacionales que comete Nicolás Maduro con su permanente asedio a la sede diplomática de la Argentina en Venezuela. Será este miércoles.
La solicitud de Cavallo fue respaldada por Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Ecuador.
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Los embajadores de Brasil, Colombia y México -tres jugadores clave en el foro regional- aún no contestaron para sumarse al reclamo contra Maduro, pese a que conocen las distintas operaciones de acoso y hostigamiento que ejecuta el régimen caribeño contra los opositores refugiados en la sede argentina.
Desde marzo, la residencia diplomática nacional protege a seis dirigentes de la oposición que enfrentan acusaciones fraudulentas de conspiración y traición a la patria. La Cancillería exigió a la dictadura venezolana que conceda el asilo legal a los refugiados políticos, pero Maduro se niega a cumplir con los tratados multilaterales.
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Es más: el régimen caribeño ha cortado el agua y la electricidad de la embajada argentina, y rodeado la sede diplomática con fuerzas parapoliciales para intimidar a los dirigentes que apoyan a Edmundo González Urrutia y Maria Corina Machado.
González Urrutia y María Corina Machado vencieron a Maduro en las últimas elecciones presidenciales. Sin embargo, el dictador venezolano hizo fraude y desconoció el triunfo de la oposición. Javier Milei condenó esa acción ilegal de Maduro, y a partir de allí Buenos Aires y Caracas rompieron relaciones bilaterales.
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En este contexto, Brasil se hizo cargo de la representación diplomática de la Argentina. Pero Lula da Silva ha hecho muy poco para lograr que la dictadura venezolana conceda asilo a los seis presos políticos que están bajo constante presión del régimen caribeño.

En la sede diplomática argentina se encuentran Magalli Meda, jefa de campaña del comando “Con Vzla”; Omar González, jefe regional del comando en Anzoátegui; Pedro Urruchurtu, jefe internacional del comando; Humberto Villalobos, jefe electoral; Claudia Macero, jefa de comunicaciones; y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
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La Cancillería ha presentado toda la documentación legal para obtener el asilo de los seis refugiados políticos, y hasta ahora el regimen caribeño solo ha postergado una decisión diplomática que se ajusta a todos los tratados internacionales. Ya han pasado 264 días desde que llegaron a la embajada en Caracas, y las condiciones de vida se han agravado en las últimas semanas.
Desde el inicio del acoso, Corpoelec, la empresa estatal de electricidad, arrancó los fusibles de la sede, dejando a la embajada sin suministro eléctrico. Aunque los refugiados cuentan con una pequeña planta eléctrica, solo funciona durante unas pocas horas al día, afectando la conservación de alimentos y el funcionamiento de equipos básicos, que ya presentan fallas.
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El suministro de agua también ha sido restringido. Desde el 27 de noviembre, las autoridades impiden la entrada de camiones cisterna, dejando a los refugiados con reservas mínimas de agua potable. La embajada, que antes de esta decisión política recibía agua solo una vez a la semana, enfrenta ahora una crisis humanitaria agravada.

Si no hay un bloqueo político, Werthein expondrá el miércoles en una sesión extraordinaria de la OEA.
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Argentina había previsto consensuar una resolución denunciando y condenando las arbitrariedades del régimen venezolano, pero Brasil, Colombia y México junto a ciertos estados del Caribe se muestran remisos. Estas islas caribeñas reciben petróleo de Maduro a precio de ganga.
Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum tienen profundas diferencias con Javier Milei, y no está en sus cálculos políticos aparecer al lado del presidente argentino apoyando una resolución condenatoria.
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