El Gobierno privatizará la Hidrovía: el plan para modernizar la red y las medidas para combatir el narcotráfico

En el marco del plan para desprenderse de la mayor cantidad de los servicios que hasta el momento están en manos del Estado, el Gobierno privatizará el sistema de la Hidrovía, que involucra a siete provincias y 79 puertos, por donde circula el 80% del comercio exterior argentino.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, en las próximas horas se publicará una Resolución a través de la cual se llamará a licitación nacional e internacional para ofrecer la concesión de la ruta navegable por 30 años.

Las autoridades nacionales recibirán ofertas hasta el 29 de enero del 2025, fecha en la cual también se anunciará al ganador del pliego, aunque ya habría propuestas de al menos seis compañías, principalmente de China, Bélgica y Holanda.

El Poder Ejecutivo espera, con esta iniciativa, dejar de gastar cerca de 200 millones de dólares que destina hoy como presupuesto total a esta red, que a principios de año tenía un déficit operativo acumulado de USD 90 millones.

El proceso será llevado adelante por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, a cargo actualmente de Iñaki Arreseygor, que será también la que fijará las pautas que deberá cumplir la firma que salga adjudicada.

Puntualmente, el acuerdo implica “la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico”.

Las autoridades nacionales detallaron que, entre otras medidas, se sumarán bases con radares y sistemas satelitales de seguimiento de los buques, además de que se renovará totalmente la señalización, generando una navegación más segura, y se aumentarán las instancias de control para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Sobre este último punto, la compañía elegida estará obligada a implementar un sistema de “iluminación” de la vía, mediante drones y comunicación satelital, para hacer seguimiento de todos los barcos que circulan por allí. También se harán cargo de los costos de las inspecciones, que seguirán en manos del Gobierno.

”Esto es a riesgo empresarial, si la empresa hace bien las cosas y gana dinero cobrándoles el peaje a los navíos, buenísimo, de lo contrario, las compañías saben que tienen que tomar el riesgo. Pero entendemos que es un negocio único para ellos”, explicó una fuente al tanto de las negociaciones.

Además, señalaron que el futuro concesionario de la red, que atraviesa las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, deberá cumplir, a riesgo propio y sin intervención del Estado, con el plan de obras establecido en los pliegos de la licitación y el nuevo contrato, que determina las etapas de trabajos prioritarias que se tendrán que realizar en los primeros cinco años.

Se realizará una profundización a 39 pies, con una primera etapa de unificación de profundidades en el tramo Timbúes-Océano, y también se contemplan métodos dinámicos para establecer nuevas profundidades (+ de 39), así como nuevas zonas de fondeo y sobrepaso, en cualquier momento del contrato.

La medida fue anunciada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien viene conversando desde hace algunos meses con empresarios y representantes de las provincias involucradas, para llegar a la iniciativa consensuada.

El funcionario grabó un mensaje junto a Arreseygor; el director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Cervio; el presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, Luis Zubizarreta; el vicepresidente de la Comisión de Transporte de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Iocco; y el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras.

El negocio que pretendía impulsar Mauricio Macri

“Teníamos el pliego ya hecho porque venía el vencimiento del contrato en un supuesto segundo mandato. Lo seguimos actualizando y le dijimos a este Gobierno: ‘Ahí está el pliego, sigan trabajando’. El beneficio de la privatización no es para el PRO, sino para los productores. Pero todavía no termino de entender por qué no lo agarran. No les decimos que queremos lugares en las listas, no les hemos propuesto ni un ministro, solo estas cositas que aceleran”, sostuvo, tiempo atrás, Mauricio Macri en una entrevista con LN+.

No obstante, en la actual gestión libertaria negaron haber recibido ninguna propuesta, ni del ex presidente ni de ningún otro espacio, y remarcaron que vienen trabajando en esta idea desde hace Ya varios meses.

Cuando estaba al final de su mandato (2015-2019), Macri estaba próximo a adjudicar la licitación de la concesión a un privado, ya que el contrato que estaba vigente en esa época vencía en 2021 y debía renovarse.

Sin embargo, Juntos por el Cambio perdió las elecciones presidenciales contra el Frente de Todos y esa idea se desvaneció. Ya como presidente, Alberto Fernández discontinuó aquella adjudicación y decidió estatizar el servicio, además de incluir a algunas provincias en la gestión.