La Dirección Nacional de los Registros del Automotor decidió echar y denunciar ante la Justicia al titular de un registro de Bahía Blanca que debía más de $450 millones de impuestos a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ARBA. A eso se suman otros $12 millones de deuda con el Ministerio de Justicia. El titular del Registro fue reemplazado por un interventor.
Tras una auditoría interna, las autoridades de la DNRPA intervinieron el Registro 4 de Bahía Blanca y designaron a un interventor, un procedimiento habitual en estos casos pero que la actual gestión prácticamente no utilizó por el proceso de reestructuración de todo el sistema.
El Registro apuntado estaba a cargo de Marcos Martín Bonabello, un abogado que había accedido a ese cargo en los últimos concursos que se hicieron sobre el final del gobierno de Alberto Fernández.
“Era una caso límite, con los intereses la deuda es mucho mayor”, admitieron en la DNRPA. La auditoría detectó que Bonabello retuvo $456.318.648 por impuestos cobrados en su Registro. Además, al mes de septiembre, registraba una deuda de S12.592.716,91 con el Ministerio de Justicia.
“Los elementos reunidos pusieron al descubierto una grave conducta del nombrado que no se condice con lo exigido en ocasión de su designación, exhibiendo un manejo irregular de las sumas que percibe en orden a las facultades de recaudador que le fueran confiadas”, dice la resolución publicada en el Boletín Oficial.
Y agrega: “E doctor Bonabello -en su carácter de Agente de Percepción- retiene, vencido el plazo para el depósito, montos que cobra a los particulares en concepto de Impuesto de Sellos, Impuesto a los Automotores y Multas por Infracciones de Tránsito, como consecuencia de los Convenios de Complementación de Servicios vigentes, desnaturalizando los objetivos perseguidos por las partes en ocasión de su celebración”.
Bonabello había accedido al cargo en 2023, luego de ganar el concurso 462. Fue parte de una ola de nombramientos en los últimos meses de la gestión anterior. De hecho, tal como reveló Infobae, en pleno proceso electoral, la ex directora nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, María Eugenia Doro Urquiza, una funcionaria cerca a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, designó a más de 40 encargados de todo el país.
Normalmente los concursos para acceder a un Registro llevan meses. Luego de los exámenes (escrito y oral) se estudian las ternas y se propone un candidato que debe ser aprobado por el ministro de Justicia. Pero en ese caso todo se hizo en tiempo récord.
Entre esas designaciones, había varios casos polémicos como el de Florencia Weber, hija del entonces Director de Fiscalización y Control de la DNRPA, Eduardoe “Rolo” Weber, un histórico del sistema que fue ascendido a mediados de 2020, apenas asumió Doro de Urquiza.
La hija de Weber quedó a cargo del registro de San Isidro N° 2, el mismo que que había tenido Doro Urquiza en 2008. Antes de irse, la ex directora nacional también le puso su firma a otra designación muy observada por el mundo registral. Se trata del registro N°3 de Centenario, muy cerca de la capital de Neuquén. Ese registro había sido otorgado de manera provisoria a Emilce Angélica Aiello, concuñada del ex ministro de Justicia Martín Soria.
En el caso de Bahía Blanca, Bonabello había quedado primero en el orden de mérito pero terminó envuelto en un escándalo. “El EstadoNacional no puede permanecer ajeno y menos aun permitir que situaciones como la encontrada se prolonguen todavía más en el tiempo, toda vez que la inacción acarrearía como consecuencia el riesgo cierto de la reiteración de la conducta en períodos posteriores, exponiendo su responsabilidad”, dice la resolución oficial que lo desplazó del cargo.
La DNRPA desembarcó esta semana en el Registro 4 de Bahía Blanca con cuatro inspectores y realizó una suerte de allanamiento. Además, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, se presentó una denuncia contra Bonabello.
Fuentes del sector admitieron que hay varios registros con deudas millonarias y lamentaron que se hayan “relajado los controles” durante los últimos meses por el proceso de transformación del sector.
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