En medio del proceso de intervención de algunas obras sociales sindicales en las que se registran irregularidades, el Gobierno renovó el proceso de fiscalización al servicio de asistencia de salud del Personal Mosaista (OSPM).
Mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 880/2024, establecieron que la intervención será por un plazo de 180 días y facultó al Ministerio de Salud de la Nación, ahora a cargo de Mario Lugones, para prorrogar el plazo, según considere necesario.
La medida ya había sido oficializada a fines de agosto a través del decreto 2000/2024, en el que nombraron como interventor a Martín Esteban Gutiérrez, quien continuará con el mismo rol, tal como indica la nueva normativa.
Entre los argumentos para ratificar el proceso de intervención, el Gobierno sostiene que se detectaron irregularidades luego de someter a la OSPM a un proceso de auditoría. En ese sentido, explicaron que se identificó esta situación tras “el análisis y la verificación del cumplimiento de la normativa vigente respecto de los procedimientos establecidos para la solicitud de prestaciones para las personas con discapacidad”.
De esta manera, mencionaron que se encontraron “incumplimientos de la normativa vigente respecto de los procedimientos establecidos para la solicitud de prestaciones para las personas con discapacidad”, así como también advirtieron que “el agente de seguro de salud no realiza seguimiento ni auditoría a los beneficiarios que no son propios de su actividad, que adeuda una importante cantidad de presentaciones de los Informes Detallados de Aplicación de Fondos (IDAF) y de los Estados Financieros Discapacidad (EFD), señalando que estos últimos fueron presentados hasta el mes de noviembre de 2021″.
A su vez, sostienen que la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud “expuso que la información brindada por la aludida obra social resultó ser parcial, incompleta e informal, presentando discrepancias con datos brindados a otras áreas de dicha Superintendencia”.
Por esto mismo, consideran que la OSPM no cumplió con los requisitos legales vigentes, ya que “no obran registros de presentación, que no desarrolla Programas Preventivos, proporcionando únicamente información de prevención en Salud a través de su página web y folletería y que no desarrolla indicadores”. Además, aseguraron que “no han sido subsanadas” las observaciones hechas a la cartilla médica prestacional del período 2024.
“Toda la información y documentación recabada de las distintas áreas técnicas y jurídicas permitió advertir a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que el agente del seguro de salud oportunamente auditado afronta una situación institucional y de cobertura prestacional inestable, impactando en el cumplimiento de las obligaciones que tiene la obra social, primordialmente en lo que respecta a asegurar una adecuada y oportuna cobertura de salud a sus beneficiarios, siendo de tal magnitud que impide el normal funcionamiento de la entidad”, asegura la normativa.
A fines de agosto, habían argumentado que el prestador carecía de un equipo interdisciplinario preparado para brindar asistencia en temas de salud mental, que no contaban con un protocolo IVE diseñado y tampoco había canales de difusión sobre la temática. Asimismo, confirmaron que tampoco brindaban respuestas a los afiliados al detectarse “graves incumplimientos en el procedimiento de gestión de reclamos, ausencia de respuesta, autorización de prestaciones y contacto con los beneficiarios”.
En esa oportunidad, el titular de la SSS, Gabriel Oriolo, explicó: “Estamos reordenando el sistema. Lo que estamos buscando es la libre competencia y, sobre todo, la libertad para que los trabajadores puedan elegir a dónde derivar sus aportes”.
En este contexto, ya son cinco las obras sociales sindicales intervenidas. Además, la SSS dio de baja a “114 Prepagas inexistentes”. Para las autoridades se trataba de empresas de medicina “fantasmas”, ya que, “luego de inscribirse como tal, jamás presentaron un papel en el organismo fiscalizador.” Esto es “ni padrones, ni planes de salud, ni estados contables, ni cartillas. Absolutamente, nada”, describió a Infobae uno de los responsables del organismo.
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