Cómo se llegó a la tregua entre el Gobierno y la CGT: reuniones secretas, gestos de buena voluntad y necesidades mutuas

Con la reunión del lunes en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el influyente asesor presidencial Santiago Caputo lograrán una postal de su fluida relación con los dialoguistas de la CGT, pero quieren ir más allá de la foto protocolar: la intención latente es crear un canal institucional de negociación para bajar las tensiones en medio de malas noticias como el índice de pobreza del 52,9% y conflictos que se agudizan como el de Aerolíneas Argentinas y el de las universidades, además del que se abrió con el paro del transporte para el 17 de octubre.

La más clara señal de lo que busca el Gobierno, asociado con la CGT, es que se acaba de confirmar que a la delegación que irá a Balcarce 50 se sumarán Roberto Fernández, el líder de la UTA, que dispuso un paro de colectivos para el lunes por motivos salariales y es uno de los promotores de la huelga del 17 de octubre, y Daniel Ricci, de FEDUN, que agrupa a los docentes universitarios, en plena batalla por mejoras salariales y en contra del veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. También se sumará el líder de UDA, Sergio Romero, el referente cegetista de los sindicatos docentes, que se pinta la cara por los magros sueldos del sector, pero sigue apostando a abrir canales de diálogo.

Los que no visitarán la Casa Rosada, hasta ahora, son los aeronáuticos Pablo Biró (pilotos) y Juan Pablo Brey (aeronavegantes), a quienes los libertarios quieren empujar a la rendición incondicional para usarlos como ejemplo ante el resto de los sindicalistas que desafían las políticas oficiales.

La reunión que tendrá lugar en la Casa Rosada fue el fruto de largas semanas de negociaciones entre Francos y dirigentes como Héctor Daer (Sanidad) y Gerardo Martínez (UOCRA), dos de los adalides de la fracción dialoguista de la CGT, quienes, gracias a ese contacto, más el de Santiago Caputo y el del secretario de Trabajo, Julio Cordero, lograron que la reforma laboral se reglamentara de una forma menos virulenta que la imaginada por Federico Sturzenegger y consiguieron que el Gobierno frenara en la Cámara de Diputados el proyecto de Democracia Sindical que tanto les preocupa.

Hubo otros gestos de buena voluntad del lado de la CGT. Gerardo Martínez, por ejemplo, operó en las sombras como mediador hace dos semanas entre el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y los dirigentes aeronáuticos Biró y Brey para intentar pacificar el conflicto de Aerolíneas, aunque la gestión se frustró ante la intransigencia sindical. Un curtido gremialista criticó en privado: “Cuando vas a un paro, tenés que tener en claro cómo salir”. Pilotos y aeronavegantes demoraron las protestas porque las bases pedían no ir a la huelga. Hoy, nadie sabe cómo podrán salir de esa encerrona en la que repitieron paros que los alejaron de la sociedad y le dio razones al Gobierno para endurecerse.

El Gobierno también tomó nota de que ninguno de los dialoguistas estuvo el miércoles pasado en la sede de la CGT cuando Pablo Moyano y los gremios universitarios ratificaron el paro docente de este jueves y la marcha del 2 de octubre. Fue una forma de tomar distancia de los impulsores de una protesta que pega fuerte en el mileísmo y que amenaza en convertirse en otro dolor de cabeza.

En la Secretaría de Trabajo esperan que el encuentro del lunes en Balcarce 50 sirva para reflotar el frustrado diálogo social con la CGT y los empresarios. Es una apuesta del Gobierno a contener a los gremialistas con un formato institucionalizado de negociaciones, aunque, como se prevé, allí no estarán todos: Pablo Moyano ya anunció que no se sentará a dialogar con ningún funcionario.

¿Y su papá Hugo? Los dialoguistas quieren comprometer al líder del Sindicato de Camioneros en esta etapa nueva que se abre con el Gobierno y lo invitaron a integrar la delegación que irá a la Rosada. Después de todo, ya lo había hecho cuando se produjo la primera reunión oficial del Gobierno y la CGT, el 10 de abril pasado: en aquel momento, se sumó para intentar destrabar el conflicto generado por la paritaria de Camioneros, que superó la pauta oficial y no era homologada por Trabajo.

Si esta vez aparece en la Casa Rosada, será un duro golpe para su hijo Pablo, el máximo opositor de Milei en la CGT, y una devolución de gentilezas hacia Cordero, quien en las últimas semanas volvió a ayudarlo con su acuerdo salarial al desestimar la impugnación de CATSE, cámara que agrupa a pymes de Santiago del Estero, que objetó ante Trabajo la paritaria del trimestre septiembre-noviembre.

Habrá que prestar atención en las próximas horas a los movimientos y declaraciones de los Moyano. En julio pasado, Pablo amenazó al gobierno porteño a llenar de basura la ciudad de Buenos Aires si no accedía a pagarles una indemnización a 6.000 trabajadores afiliados a Camioneros por el vencimiento de los contratos de recolección de residuos de CABA, este martes 1° de octubre. Están en juego unos 200 millones de dólares, la cifra a la que ascendería el resarcimiento que exige el sindicato y que la administración de Jorge Macri rechaza porque esos contratos se prorrogaron hasta 2028.

Detrás de ese reclamo sindical sigue estando la aplicación de la polémica “Ley Moyano”, como le dicen coloquialmente a esa norma no escrita por la cual Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez que una empresa gana una concesión de servicios o cambie de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar. Esa “ley” no tiene basamento jurídico alguno sino sólo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por Hugo y Pablo Moyano.

¿Volverá a la carga Pablo Moyano con su amenaza? En el gobierno porteño creen que esta vez no habrá conflictos. Las tratativas pasaron a manos de Hugo Moyano, quien suele apartar a su díscolo hijo mayor de las negociaciones para arreglar lo que arruina con su beligerancia, y de la vicejefa de gobierno, Clara Muzzio, de buena relación con el líder de Camioneros desde que fue ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de CABA en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Para el macrismo, el conflicto por los contratos de recolección de residuos puede convertirse en un test que marcará cómo será su relación con el poder sindical. También lo será para Camioneros, en este caso para determinar si su capacidad de presión se mantiene intacta o se está deshilachando. Sutilmente, los máximos funcionarios porteños profundizan los lazos con sindicalistas de una impronta opuesta a los Moyano, como una forma de diferenciarse de sus pares nacionales, que recién ahora saldrán del closet para mostrarse con los dialoguistas. En la ciudad ya firmaron convenios de capacitación con Daniel y Gustavo Vila, del gremio de Carga y Descarga, que le acaban de ganar a Camioneros en la Justicia el encuadramiento de los trabajadores de Mercado Libre. Y esta semana el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y el secretario de Trabajo, Ezequiel Jarvis, rubricaron un acuerdo similar con los líderes del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri y Carlos Pérez.

Aun así, el gobierno de Milei le dio otra buena noticia a los moderados de la CGT: la designación de Mario Lugones como ministro de Salud no sólo alegra a Luis Barrionuevo (gastronómicos), de estrechísima vinculación con el funcionario por el Sanatorio Güemes, sino también a Héctor Daer. El cotitular de la CGT es un viejo conocido de Lugones por las paritarias de Sanidad y fue compitiendo en la interlocución con el Gobierno sobre las obras sociales con José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), secretario de Acción Social cegetista, el dirigente que más conoce sobre el tema y mejor defendió al sindicalismo en el sistema de salud.

El lunes, en la Casa Rosada, puede abrirse otra etapa entre el Gobierno y un sector de la CGT. O, en realidad, sólo se blanqueará una que ya existe lejos de los flashes y que puede exhibir resultados que benefician a ambos. Se verá si alcanza, de todas formas, para llegar a una paz duradera y capaz de resolver algunos conflictos con aroma a guerra total.