Las auditorías sobre las 1.250.000 personas que cobran pensiones no contributivas por discapacidad laboral otorgadas en los últimos años demostrarían que más de la mitad de ellas fueron concedidas de manera escandalosa. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo del abogado Diego Spagnuolo, avanzó sobre los más de 29.000 beneficiarios de la Ciudad de Buenos y los más de 300.000 de la provincia gobernada por Axel Kicillof. Antes de dejar el poder en manos de La Libertad Avanza, el Gobierno del Frente de Todos aprobó pensiones a presos que no tenían problemas médicos, o a personas que pertenecían a organizaciones sociales como el Movimiento Evita. También seguían cobrando ese beneficio, familiares de fallecidos o que viven en el exterior.
Entre esos casos, los médicos auditores que se entrevistaron de manera personal con los beneficiarios y contrastaron la información con los expedientes, encontraron diversos casos insólitos. Por ejemplo, dos personas cumplían condena judicial. Una de ellas asistió a la auditoría a pesar de estar cumpliendo arresto domiciliario y sin haber avisado a las autoridades. En el segundo caso, se presentó un familiar porque estaba cumpliendo condena en un penal. En el informe al que accedió Infobae se destaca que: “Lo más alarmante de estos casos, además de encontrarse en incompatibilidad por estar cumpliendo condena o a disposición de la Justicia, es que a ambos se le entregó la pensión en diciembre de 2023, de modo exprés en tan solo 13 días, y con condiciones de salud que no acreditaban para el goce de la prestación”.
Un hombre tenía cuatro diagnósticos de salud diferentes y a la citación para ser revisado por el médico auditor asistió acompañado de un abogado. La persona no presentaba ninguna incapacidad.
Había beneficiarios que tenían la documentación incompleta o cuyo diagnóstico clínico era falso. En su exposición ante las autoridades dijeron que recibieron la pensión no contributiva porque “estaban respaldados por representantes del Movimiento Evita”.
En otro caso, en vez del beneficiario a la auditoría, llegó su hijo. Cuando se le preguntó por el titular del beneficio, reconoció que su padre “vive en Egipto desde hace meses” y que él cobra la pensión.
Una mujer intentó hacerse pasar por su marido fallecido, cuya muerte no estaba registrada en el sistema.
En Chaco, donde la justicia ya tiene a más de una docena de imputados, y que es el próximo objetivo de las auditorías presenciales de la ANDIS, ya se determinó que existen en los expedientes aprobados por esa agencia en la gestión de Alberto Fernández que involucran diagnósticos falsos acreditados médicos. En esos certificados figuraban dolencias como “Mal de Chagas”, “diabetes”, “traumatismo de raíz nerviosa de la columna lumbar y sacra”. Las personas no padecían ninguna de esas enfermedades.
El fiscal federal Carlos Amad también descubrió familias completas con certificados de discapacidad laboral, entre ellos menores y personas sin ningún tipo de enfermedad y discapacidad física que eran empleados municipales.
Algunos de los casos más insólitos también fueron:
- En el municipio chaqueño de Taco Pozo, casi el 10% de la población obtuvo un certificado por discapacidad laboral ‘trucho’.
- Médicos, directores del Hospital Rural de Chaco, Santa Rosa de Lima y “gestores” cobraban hasta $30.000 para iniciar los certificados con datos falsos y dar origen al expediente que, en su etapa final, eran aprobados por la Agencia Nacional de Discapacidad. El dinero exigido por parte de los “reclutadores” constan en varios cuadernos secuestrados en los allanamientos judiciales.
- En más de 150 expedientes se detectó la radiografía de un “mismo hombro roto”.
- Hay “radiografías bajadas de Google”.
- Se detectaron “constancias de análisis de laboratorios repetidos”.
- En un certificado médico que acredita la supuesta dolencia del paciente que en teoría no podía trabajar por una incapacidad grave, se reprodujo un poema de Gabriela Arias Uriburu y Paula Wassner, titulado ‘La Herida’.
Un estudio del Gobierno de la Libertad Avanza estimó que 100.000 niños cobraría una pensión por invalidez laboral. 25.000 personas fueron beneficiadas, aunque en la actualidad trabajan y no tienen discapacidad y 60.000 presentan incompatibilidad de requisitos, entre ellas hay personas con más de un auto, más de una casa, dueños de embarcaciones y hasta avión.
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