Por orden del juez Sebastián Casanello, la Justicia avanzó en una diligencia en las oficinas de la Secretaría de Niñez, dependiente del Ministerio de Capital Humano, como parte de la investigación que apunta a dilucidar los motivos de la retención de 6 mil toneladas de alimentos que el Estado adquirió y se encontraban guardados en galpones.
La medida se realizó este jueves 29 de agosto en las dependencias de la cartera que conduce la ministra Sandra Petovello. Tuvo como fin obtener documentación y computadoras que contengan información sobre la logística, stock y fechas de entrega de los productos señalados.
De acuerdo a información sobre el procedimiento, a la que tuvo acceso Infobae, entre los elementos obtenidos se encuentran el back up de la computadora asignada al Director de Logística del Ministerio de Capital Humano, las órdenes de entrega emitidas a partir del 27 de mayo, los partes diarios recibidos por el personal de los depósitos de Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán, ubicado en Tafí Viejo en dicha provincia, con el detalle de stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos, las constancias del sistema informático S.U.M.A con los movimientos de alimentos en los depósitos y el acceso a diversas cuentas de correos electrónicos utilizados por empleados y funcionarios.
La pertinencia de la información recabada radica en que la Justicia analiza si hubo una gestión indebida de los recursos señalados. Desde la cartera a cargo de Petovello, en tanto, niegan esa acusación y defienden el trabajo desplegado desde que se hicieron cargo del ministerio a partir de la falta de transparencia en la que, aseguran, incurría gestión anterior.
La causa se inició por una denuncia penal que Juan Grabois presentó contra Sandra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad ante el desabastecimiento alimentario de los comedores comunitarios. En respuesta a esas acusaciones, desde el ministerio calificaron a Grabois como “un profesional de la mentira”.
El litigio comenzó a partir de la queja que realizaron distintas organizaciones sociales y que Grabois materializó en una presentación judicial.
El reclamo obedecía al freno en la entrega de productos por parte de la gestión del presidente Javier Milei, en el área que conduce Petovello. Allí se produjo un entredicho que se replica hasta hoy: mientras el gobierno sostiene que existían “comedores fantasma”, esto es, sitios en donde se destinaban recursos en concepto de ayuda social que en realidad no cumplían ese fin o directamente no existían, las organizaciones acusan a las autoridades actuales por desabastecer completamente la red asistencial que se construyó durante la última década en barrios donde las personas tienen ingresos bajos o nulos.
El Gobierno insiste en que desde el inicio de la actual administración hubo “una clara disposición a transparentar y comunicar el trabajo que se viene realizando para que las familias vulnerables aumenten su poder de compra, poniendo como prioridad que las personas reciban asistencia con transferencias directas y terminando con la intermediación de las políticas sociales”.
En relación a las diligencias realizadas por la Justicia durante esta jornada, desde el ministerio calificaron que las actuaciones fueron “sorpresivas e injustificadas”, dado que hasta el momento cumplieron con cada requerimiento realizado por el juez.
Además, el Ministerio de Capital Humano presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, con el que apunta a “defender la división de poderes” marcando que el Poder Judicial “no puede interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas q son competencia del Poder Ejecutivo”.
La distribución de mercadería objetada involucraba más de mil toneladas de leche en polvo, más de 4 mil de harina de maíz, entre otros productos que debían distribuirse a familias en situación de vulnerabilidad por falta de ingresos.
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