San Luis busca reformar su Constitución, eliminar una cámara legislativa y limitar el mandato a gobernador

La provincia de San Luis encarará durante lo que resta del 2024 la compleja tarea de preparar el terreno para reformar su Constitución. La última vez que lo hizo fue en 1987 y ahora, por iniciativa del gobernador Claudio Poggi, pretende actualizar la Carta Magna con la eliminación de la perpetuidad de familias en el poder puntano, el paso de un sistema bicameral a uno de una sola cámara y elecciones únicas cada cuatro años, entre otras iniciativas.

No obstante, antes de redactar la nueva Constitución, una comisión integrada por diputados y senadores locales se encargará por los próximos cuatro meses (con la posibilidad de extenderlo a dos más) de tratar y debatir la necesidad de hacerlo. Eso fue lo que se votó por unanimidad el miércoles pasado en Diputados.

Se llamará “Comisión de Análisis y Conveniencia de una Reforma de la Constitución provincial” y deberá evaluar y generar consenso para adaptar la nueva letra a los cambios de paradigmas, a los reclamos de una sociedad diferente distinta a la de hace cuatro décadas y, además, alinearla a la última modificación de la Constitución Nacional (hecha ya en 1994), que otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos.

En la última reforma se estableció la reelección indefinida del gobernador. Ahora el gobierno de Poggi pretende anular aquello e incluir una “cláusula de consanguinidad” según la cual nadie que esté hasta en el cuarto grado de parentesco sanguíneo o segundo de afinidad con el gobernador saliente podría ser candidato al máximo cargo.

Es que desde la vuelta de la democracia los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá se alternaron en el poder puntano. La excepción fue el propio Poggi que tuvo su primer mandato entre 2011 y 2015, cuando representaba al Partido Justicialista (hoy lo hace en nombre de Juntos por el Cambio) y era auspiciado por los hermanos, y su regreso a la cima del poder en 2023.

Además, se prevé una limitación de dos mandatos consecutivos en el poder, con la finalidad de evitar lo que el vicegobernador Ricardo Endeiza describió a la prensa como “dinastías o familias” perpetuadas en el gobierno. Esta decisión estaría inspirada en la Vigesimosegunda Enmienda de los Estados Unidos, que prohíbe a cualquier persona elegida para la presidencia y que ha servido como presidente, o como presidente interino durante más de dos años del mandato no vencido de su precursor, ser elegida más que una vez.

En tren de ajustar las cuentas públicas, el gobierno puntano pretende reducir el gasto electoral con elecciones únicas cada cuatro años, de modo de evitar las legislativas intermedias. Actualmente las dos cámaras se renuevan por mitades cada dos años. En el entorno de Poggi piensan en un sistema parecido o similar al de Chubut, donde las elecciones legislativas coinciden con las del Ejecutivo, sin medio término. Además, buscarían ampliar el períodos de sesiones ordinarias.

En ese sentido, también piensan en una boleta única de papel y eliminar la Ley de Lemas (cuestión que tiene media sanción). Todo, con la idea de optimizar los gastos ya que, según estiman en el gobierno puntano, en las últimas elecciones se imprimieron 20 millones de boletas para una población electoral de 500 mil ciudadanos.

Respecto de la transformación de la Legislatura a unicameral la comisión de Análisis deberá evaluar las opciones para determinar qué cantidad de representantes habría en la Cámara. De momento, al Ejecutivo le parece positivo dejar de “mantener” dos recintos.

La comisión de Análisis de la reforma estará integrada por diputados, senadores y funcionarios del Gobierno. Además podrá convocar a partidos políticos, miembros del Superior Tribunal, magistrados de tribunales inferiores, ministros, secretarios de Estado, legisladores nacionales, provinciales y municipales, intendentes, asociaciones civiles con personería jurídica, colegios profesionales y universidades.

La diputada Marisa Patafio (Cambia San Luis) defendió la ley: “Esto es una posibilidad, abrir la discusión de que se pueda o no reformar la Constitución. Para eso se estableció este espacio para debatir si es o no prudente, conveniente. Es bueno y sano que habilitemos la discusión”.

“El objetivo de esto es consolidar la democracia y escuchar a la gente. ¿Cuántas veces escuchamos a los vecinos de que somos demasiados legisladores o que los políticos nos perpetuamos en el poder, entonces está bien o mal discutirlo? O cortar con la discrecionalidad en cuanto a elección de los jueces, esto hace a la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué no vemos y elegimos a los magistrados que ganan por concurso y tienen la mejor capacitación?”, preguntó la legisladora en la sesión donde se aprobó la iniciativa de crear la comisión.

Respecto del ámbito judicial, en el Ejecutivo puntano también piensan en una forma de limitar la intromisión de “la política” en la designación de jueces provinciales con un régimen que seleccione al candidato a magistrado que quedó mejor en la evaluación que se hace previa a la nominación definitiva, sin la “nominación a dedo”.

El proyecto “busca alinear la normativa provincial con las reformas introducidas en la última modificación de la Constitución Nacional, que otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos e incorporó otros institutos que hoy son fundamentales en el sistema democrático argentino”, declaró el senador por el departamento de Pueyrredón, Martín Olivero.