El caso Alberto Fernández: una historia que une la degradación personal con la corrupción como sistema

La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia física y psicológica acaba de sacudir el tablero nacional, con estribaciones por ahora incalculables. Es la derivación inesperada de una causa que viene escalando y suma su capítulo a la historia de corrupción como sistema dentro del Estado. Expone así una mezcla que coloca al ex presidente en el subsuelo personal, degradado y, desde antes, abandonado en soledad dentro del espacio peronista/kirchnerista. Al margen de las primeras reacciones políticas, que no superan de entrada el cálculo menor, todo indica un fuerte impacto social, porque quebraría cierto acostumbramiento frente a casos del poder.

En el plano estrictamente judicial, deberá resolverse en qué juzgado -y tal vez, en qué fuero- continúa la causa por la denuncia de Yañez, luego de que Julián Ercolini dispusiera medidas restrictivas para los movimientos del ex presidente, incluida la prohibición de salida del país. En paralelo, Casación tiene que pronunciarse sobre la recusación contra el juez federal presentada por Alberto Fernández antes de la conmoción de estas horas.

El ex mandatario difundió un comunicado de dos párrafos para negar la acusación de su ex esposa. “Jamás ocurrió lo que ahora me imputa”, dijo, y prometió presentar pruebas a su favor ante la Justicia. El punto es que su problema tiene que ver con el deterioro profundo de su credibilidad, agravado precisamente por la causa de los seguros, que deshizo su intento de mostrarse ajeno al tejido de las operaciones investigadas desde fines del verano.

Alberto Fernández había reaccionado hasta ahora recorriendo el camino habitual en estos casos: negación, recusaciones y cualquier planteo que, en principio, empantane el proceso judicial. Eso funciona en menor o mayor medida no únicamente en relación directa con el peso de las denuncias, sino además por la proximidad o distancia del poder. Ahora, además, se suma el impacto de la declaración de su ex esposa, que antes había preferido evitar la instancia judicial.

Vale detenerse en otro punto sobre el descrédito del ex presidente, que seguramente entró en una pendiente sin retorno con las imágenes del festejo de Olivos en plena cuarentena y el vacunatorio VIP. Uno de los chats ventilados en estos días exhibe que Alberto Fernández hizo una gestión personal -alguna llamada, se supone- para facilitar la vacunación de Héctor Martínez Sosa, pareja de su secretaria, María Cantero, principal operador del negocio de las comisiones con los seguros.

Los chats almacenados en el celular de Cantero tienen un papel crucial en la investigación. El tema estalló hacia fines de febrero con un artículo de Clarín y escaló a su punto máximo con la revelación sobre los mensajes en una serie de notas de Nicolás Pizzi en Infobae. Y sobre esa tensión impactó la nota de Claudio Savoia, en Clarín, sobre los mensajes de Fabiola Yañez a Cantero. En poco tiempo, además, quedó en claro que la corrupción no era un hecho aislado, atribuible a alguien que aprovechó su lugar en el círculo de Olivos durante cuatro años, sino de un entramado, un sistema. Algo que, en rigor, empezó a incubarse durante la campaña que condujo al triunfo de Alberto Fernández, con marca de CFK.

Es significativo lo venía ocurriendo antes del sacudón de este momento. El ex presidente siempre buscó destacar que no estaba salpicado siquiera por denuncias de corrupción, como otros. Era, en rigor, un mensaje a Cristina Fernández de Kirchner y al kirchnerismo duro, que durante su gestión le reprochaba no haber jugado a fondo para clausurar las causas contra la vicepresidente y que vivía ahora como una revancha el escándalo actual.

En poco tiempo se había derrumbado ya el intento inicial de circunscribir el caso de los seguros a un hecho puntual, entre un bróker, una secretaria de toda la vida y Nación Seguros, que se movía con juego propio en la entidad bancaria, algo que con la investigación expone su sentido original. Alberto Fernández salió a decir entonces que dudaba de que eso hubiera ocurrido, que no podía garantizar la inexistencia de algo que, de mínima, era tráfico de influencias, y que en el peor de los casos, podría ser una extralimitación de Cantero.

Difícil hablar de hechos aislados o picardías acotadas para asegurarse unas comisiones frente a la existencia del decreto que imponía contratar pólizas con Nación Seguros a todos los ministerios y organismos nacionales. Después, además, los chats expusieron gestiones para favorecer a Martínez Sosa que involucraron desde la jefatura de Gabinete hasta dependencias variadas como Cancillería, Seguridad, Anses, Corredores Viales. Y que pusieron el foco sobre el mayor negocio: Gendarmería.

Para completar, los mensajes y otras pruebas confirman la existencia de reuniones en Olivos. Algunos de los ingresos de Martínez Sosa a la residencia presidencial están registrados formalmente. Otros, no, como surge de los mensajes, uno de los cuales habla de una cita con el entonces presidente.

Extraña combinación del destino, el modo en que venía creciendo el caso coincide prácticamente con la reanudación de una causa que estuvo a punto de perderse en el tiempo. Se trata de la vieja denuncia por administración fraudulenta y coimas en la contratación de obras con Skanska, para el tendido de gasoductos.

La causa, la primera en etapas kirchneristas, involucra directamente a Julio De Vido y José López, además de otros ex funcionarios y directivos de la empresa. Surgió por una investigación sobre facturaciones falsas, superó batallas para determinar que no era un caso de evasión, sino de coimas, y fue frenada y retomada, hasta llegar a esta etapa de juicio oral.

Pasaron casi veinte años desde los pagos investigados como ilegales y algo menos desde sus primeros pasos en la Justicia. Demasiado tiempo, con una inquietante sombra como antecedente. Eso mismo es un mensaje al presente: un desafío político y judicial.