A la espera de la reanudación de la actividad legislativa, el Gobierno libertario demoró en las últimas semanas respuestas que tenía que dar al Senado sobre iniciativas opositoras que generarían derrotas al oficialismo, como la cuestión previsional. A ello se suman las idas y vueltas sobre la Boleta Única de Papel (BUP) y, en la Cámara alta, empiezan a sospechar que los frenos apuntan a dos motivos: la inminente discusión de los pliegos para la Corte Suprema de Justicia y la ya usual animadversión de un sector de la Casa Rosada contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
De cara al futuro inmediato, la semana que se inicia será importante en el Senado, pese a que el trabajo se verá aún mermado por la ausencia de varios legisladores. “Ya avisaron que no van a estar todos, así que intentaremos retomar las negociaciones mientras esperamos que el Ejecutivo envíe propuestas sobre las leyes que están en debate. Se nos acaban las opciones y quedamos expuestos si no mostramos las cartas”, manifestaron a Infobae desde la bancada libertaria.
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La desconfianza en la Cámara alta comenzó mucho antes del receso invernal que suele inventarse el Congreso para descansar dos semanas. En el Senado, el oficialismo ganó tiempo valioso al dilatar la discusión de la ley que mejora las jubilaciones, texto ya aprobado por Diputados y con votos opositores que se acumulan en la Cámara alta.
Con la prórroga de una definición exprés, lograda por guiños entre el oficialismo senatorial y la oposición dialoguista, el Ejecutivo se comprometió a ofrecer una solución que nunca llegó, más allá de especulaciones varias. “Hay que diferenciar entre una reforma previsional integral, que interesa y llevaría meses de análisis, a dar una respuesta rápida para los jubilados por lo que perdieron cuando salió el DNU del Gobierno y la actualización de la fórmula. Resulta que Villarruel ganó un mes para no exponer a un veto a -el presidente, Javier- Milei y el Ejecutivo deja pasar tres semanas sin hacer nada. A esta altura, hay cosas que parecen a propósito”, expresó un experimentado legislador a este medio.
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Otro asunto que llamó la atención fue el de la BUP. En las sesiones extraordinarias del verano pasado, el oficialismo senatorial se preparaba para sancionar el proyecto -aprobado en 2022 en Diputados- y, de manera muy sugestiva, apareció un dictamen de minoría de la legisladora dialoguista Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro -fuerza que votó el proyecto original en la Cámara baja- y dejó una potencial igualdad en el recinto, ante un tema electoral que precisa mayoría absoluta -37- y no puede ser desempatado por Villarruel.
En aquel entonces, desde un puñado de despachos libertarios reconocieron a Infobae que al Gobierno sólo le interesaba la ley Bases y el paquete fiscal. Además, no se podía regalar semejante victoria institucional a la vicepresidenta. “Fue curioso cómo cayó esa vez”, aseguró un senador oficialista. Previo al receso invernal, se entabló una negociación con Silva y se llegó a un principio de acuerdo que, días atrás, volvió a quedar en la cornisa.
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“No olvidemos que la Casa Rosada tiene como objetivo los pliegos para la Corte Suprema. Al igual que en aquel entonces con la ley Bases y el paquete fiscal, cualquier iniciativa que genere algún tipo de rispidez con eventuales votos queda anulada hasta que se termine lo que el Gobierno quiera. Lo demás y los demás no existen. Después acusan sin fundamentos si se rechaza en el recinto un DNU”, expresaron desde La Libertad Avanza, en referencia a las reiteradas alarmas que se dio desde el Senado sobre el mega Decreto de Necesidad y Urgencia que desregula la economía.
Los silencios del Ejecutivo algunas veces coinciden, sin milagro mediante, con algunas posturas de la bancada kirchnerista de Unión por la Patria. Al parecer, el caso de la BUP es uno. La presidencia de la comisión bicameral que realiza el seguimiento de los organismos de inteligencia es otra. Cuestiones que confunden en la Cámara alta y que marean a una oposición dialoguista que, en caso de tener objetivos claros -hay bloques que ni siquiera pueden llevar en paz una reunión; mucho menos, votar en conjunto-, tiene la llave de casi la totalidad de la cuestión legislativa. El dilema es que pocos entienden a quiénes benefician esas batallas.
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