El gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), implementó una significativa reducción en los contratos de alquiler de oficinas utilizadas por distintos ministerios en todo el país. Esta medida forma parte de una política de optimización y eficiencia en la gestión de recursos públicos.
La cartera, que opera dentro del organigrama del Ministerio del Interior conducido por Guillermo Francos, informó que se dieron de baja 71 contratos de alquiler en todo el territorio nacional, lo que representa un ahorro mensual de 191.518.251 pesos y un ahorro anual de 2.298.218.220 pesos.
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Según se informó, los contratos anulados pertenecen a 23 delegaciones públicas en la provincia de Buenos Aires y siete en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), además de alquileres en otras provincias como Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
En dichas oficinas funcionaban más de 3.500 puestos de trabajo pertenecientes a diversas dependencias, incluyendo la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), INADI, ENARGAS, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), Migraciones, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Policía Federal Argentina y ENACOM, entre otras.
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En la mayoría de los casos, los trabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional.
El titular de AABE, Nicolás Pakgojz, indicó que esta medida es solo el primer paso de un plan más amplio de optimización de recursos. En los próximos 12 meses, se prevé la baja de otros 106 contratos de alquiler adicionales, siguiendo los lineamientos establecidos para continuar con esta política de austeridad y eficiencia en la administración de los recursos del Estado.
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Según la información brindada por el equipo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, todos los contratos de alquiler que se dieron de baja fueron contratados durante la gestión de Alberto Fernández, específicamente entre 2021 y 2023. Gran parte de estos contratos no fueron renovados al finalizar su período vigente.
Reducen costos de la ART de policías, gendarmes y prefectos
En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad informó que sin los intermediarios ni los sobrecostos que quedaron expuestos en el denominado “escándalo de los seguros” -con la utilización de comisionistas en las pólizas que pagaba el Estado- redujo en 1.900 millones de pesos por año el costo del contrato de la ART que cubre a más de 100 mil uniformados. Son de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.
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El contrato de seguro de riesgos de trabajo es uno de los que mayor peso presupuestario tiene, sobre todo en una actividad como la que cumplen los uniformados. Había quedado bajo análisis a fin del año pasado cuando se empezaron a descubrir las maniobras que luego terminaron en una causa judicial que tiene procesado al propio ex presidente Alberto Fernández, ex funcionarios y empresarios del rubro cercanos al ex jefe de Estado.
El organismo que encabeza Patricia Bullrich explicó que después de la negociación de los contratos “se adjudicaron con mejoras en sus precios y sin lugar a ningún intermediario, en un trabajo conjunto con la compañía Provincia ART”. Y aclaró que “se logró una reducción importante en todas las alícuotas, generando un ahorro anual de 1.931 millones de pesos”. Explicaron que se llegó a ese resultado mediante una disminución en la tasa de siniestralidad y con ajustes en diversos costos administrativos y de gestión.
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El contrato de la ART involucra una masa salarial total del orden de los 110 mil millones de pesos. Cubre los riesgos de trabajo de los 39.816 integrantes de Gendarmería Nacional (con un costo mensual $ 50 millones); los 33.814 efectivos de la Policía Federal (con un costo de 30 millones de pesos por mes); los 21.030 miembros de Prefectura Naval ($ 25 millones), los 15.977 agentes del Servicio Penitenciario Federal (unos $ 15 millones), y los 5.743 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (con 13 millones de pesos por mes), según pudo saber Infobae de fuentes oficiales,
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